Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular formulará el lunes en el pleno del Parlamento de Cantabria una interpelación al consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, relativa a la campaña de recogida de algas mediante la técnica del buceo de 2017, después de que el Gobierno de Cantabria haya introducido una nueva regulación “más restrictiva y exigente” de esta actividad, poniendo incluso en riesgo su viabilidad y los puestos de trabajo que genera.

El portavoz de Pesca del PP, Iñigo Fernández, que esta mañana ha presentado la iniciativa en rueda de prensa, ha explicado que desde que en el año 2013 el Gobierno de Cantabria, presidido por Ignacio Diego, acordó autorizar de nuevo la extracción de algas con fines comerciales mediante la técnica del buceo, hasta doce embarcaciones de la lista tercera (profesional) han venido faenando con estas técnicas.

Según ha dicho, la duración de las campañas se extiende desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre y, gracias a ello, no sólo se ha creado actividad laboral en el mar (más de medio centenar de personas), sino también en tierra.

El diputado del PP ha agregado que, sin embargo, el año pasado el Gobierno de Cantabria PRC-PSOE acordó modificar las condiciones de trabajo de esta flota, en aspectos tales como el número de horas de trabajo en las que se permite faenar a los buzos, por un lado, o el equipamiento mínimo a bordo que se exige a las embarcaciones, por otro, lo que, unido a una deficiente definición de las áreas y campos de trabajo, ha provocado una importante caída en la rentabilidad, que amenaza con poner fin, de nuevo, a una actividad abandonada en Cantabria durante décadas y recuperada a partir del año 2013.

“Para la presente campaña el gobierno ha introducido una nueva regulación mucho más restrictiva y exigente, de tal manera que, pudiendo faenar muchas menos horas al día y siendo obligatorio incorporar a la embarcación un equipamiento mucho más costoso, lo que había venido siendo una actividad rentable puede dejar de serlo”, ha sentenciado.

Iñigo Fernández ha señalado que entre los armadores, patrones y tripulantes de las embarcaciones implicadas, como también entre los técnicos de buceo que en los últimos años se han dedicado a esta actividad, existe una honda preocupación acerca de las condiciones que regularán la próxima campaña. Porque, de no modificarse algunas de las condiciones incorporadas a la normativa el pasado 2016, se corre el riesgo de hacer inviable esta actividad y provocar la pérdida de estos puestos de trabajo, así como de la actividad económica indirecta e inducida que lleva aparejada.

Por eso, desde el Grupo Popular se solicita al consejero que explique en el pleno del Parlamento “quién toma estas decisiones en la Consejería de Pesca, y por qué cada decisión que se toma en su consejería siempre significa una nueva barrera, un nuevo contratiempo, una nueva dificultad, para quienes quieren trabajar del mar”.

En este sentido, ha señalado que “en la vecina Asturias no se ponen estas trabas a quienes desean obtener un rendimiento económico de esta actividad”. “En Cantabria parece que la Consejería de Pesca se ha decidido a poner fin a esta actividad, porque a eso conduce el cambio en la normativa que se ha aprobado para la presente campaña”, ha concluido.