Partido Popular en Cantabria

La diputada regional del Partido Popular y portavoz en materia de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, tiene claro que el nuevo informe sobre el Hospital Valdecilla, conocido ayer, forma parte de la estrategia socialista de atacar al centro hospitalario. Además, Buruaga opina que este informe ha sido elaborado a la carta, y que el director del citado trabajo, Pablo Coto, hace adivinación basándose en especulaciones.

Tras dejar claro que no le ha sorprendido este nuevo envite socialista en contra del hospìtal, Sáenz de Buruaga ha considerado que el actual Gobierno continúa volcado en su estrategia de ataque y desprestigio al nuevo Valdecilla, en el que éste informe es tan sólo un capítulo más.

La diputada regional del PP entiende que estamos ante un nuevo encargo a la carta y asegura que así lo ha reconocido el propio Gerente del SCS que, en lugar de sacar el informe a concurso, lo adjudicó directa y deliberadamente a través de dos contratos menores por importe de 42.000 euros al equipo de trabajo dirigido por el Sr. Coto, quien fuera presidente del Consejo Económico y Social bajo mandato del anterior bipartito.

Sáenz de Buruaga ha explicado que uno de los mayores logros del Gobierno de Ignacio Diego, acabar las obras de Valdecilla, demuestra que el Partido Socialista no lo perdona. Un Partido Socialista que ha fracasado en los tribunales, se ha llevado un varapalo de los servicios jurídicos del propio Gobierno, y después del ridículo de la auditoría de obra que avaló el proyecto, han decidido buscar la razón que nadie les da acudiendo a estimaciones, opiniones subjetivas y a la especulación.

En este sentido, la diputada regional y secretaria autonómica del PP opina que este estudio no refleja el coste real de Valdecilla, sino que es una proyección de lo que se podía haber ahorrado con uno u otro modelo (CPP o contrato tradicional) en 20 años en una labor casi de adivinación que arroja hasta tres escenarios posibles y distintos.

Además, Buruaga  aprecia que contiene un error de bulto en el punto de partida relativo a los costes de construcción, puesto que está obviando las mejoras sustanciales no incluidas en el proyecto original e incorporadas gracias al CPP, como el área materno infantil, las urgencias pediátricas, la ampliación de la Rea o el centro de proceso de datos.

Pero, además, tampoco contempla los 40 millones de sobrecoste exigidos en el modelo tradicional por la UTE adjudicataria en primera instancia, que fueron origen y motivo legal de la rescisión del contrato avalada por el Consejo de Estado.

La diputada regional del PP continua diciendo que en relación al coste de los servicios, resulta cuando menos sorprendente la valoración realizada que, en contra de todo lo que han venido manteniendo los socialistas, permite acreditar que los costes de gestión de los servicios son menores en este modelo público privado que en el tradicional.

Para Sáenz de Buruaga, el estudio no refleja el coste real del CPP de Valdecilla, un coste que no proviene de estudios económicos multivariantes sino de la oferta del concurso, que es lo que tiene que pagar el SCS. La realidad es que por la construcción, financiación y reposición el hospital va a pagar 6.716.161 euros al año o, lo que es lo mismo, 134.323.220 euros durante la vida del contrato y aquí no hay discusión posible porque es el importe de la oferta de la adjudicataria y no los 156 millones a los que alude Coto en su informe.

Exactamente igual ocurre con los costes fiscales, que en el caso del CPP ascienden a 118,28 millones y no a 122,85 millones, un coste muy inferior al del modelo tradicional dado que en el CPP el IVA de determinados servicios es el reducido.

En opinión de Sáenz de Buruaga, el informe ignora además dos cuestiones vitales: la primera el coste de oportunidad. Y es que el CPP fue la diferencia entre terminar o no terminar Valdecilla. La solución legal, legítima y eficaz para terminar definitivamente el Hospital Valdecilla después de 16 años de incumplimientos, demoras y sobrecostes. Para dar el relevo a una Residencia Cantabria con un altísimo grado de deterioro y sometida a enorme presión asistencial que era urgente abandonar.

Y todo ello, ha enfatizado Buruaga, sin detraer un solo euro de la asistencia sanitaria a la población en un momento en que nuestra sanidad era presa de una grandísima deuda que la situaba al borde de la quiebra.  Al parecer esto no tiene el menor valor en este informe y parece ser que para el Gobierno tampoco, que se agarra a un modelo tradicional fracasado con el que a día de hoy, enero de 2017, el hospital estaría en el mejor de los escenarios, reanudando sus obras.

La segunda cuestión vital es el valor añadido que reporta en calidad asistencial la obra terminada y el disfrute anticipado por profesionales y usuarios de mejores espacios asistenciales, de la más alta tecnología y de las mejores infraestructuras de comunicación que, por el modelo tradicional, hubiera sido imposible abordar y que este informe desdeña.

La diputada regional del PP ha calificado de asombrosa la conclusión final a la que llega el informe que, en contra de lo que ha venido manteniendo el Gobierno y sus afines, cuestiona que el CPP resulte beneficioso para la empresa adjudicataria que en los primeros años, que es precisamente cuando ha de acometer el grueso de la inversión, obtiene rentabilidad y en el resto del periodo contractual no. Una afirmación contraria a toda lógica, contraria al plan económico financiero aprobado y contraria a los informes del BEI.

Al respecto, Buruaga ha subrayado que no se debe olvidar que el CPP de Valdecilla no sólo ha contado con la colaboración y asesoramiento de los expertos financieros del Gobierno y su sector público empresarial, sino que ha sido avalado, financiado y está sometido a minuciosa supervisión por una institución financiera pública de la Unión Europea como es el Banco Europeo de Inversiones.

Para concluir, María José Sáenz de Buruaga considera una falta de respeto al Parlamento y  un ataque a la transparencia que algunos tanto predican, que haya tenido conocimiento del informe por un medio de comunicación, después de haberlo solicitado hace meses y no haberle sido remitido por el Gobierno.