La portavoz de Economía del Partido Popular, Cristina Mazas, ha mostrado su preocupación por los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Hacienda sobre el Periodo Medio de Pago Global a Proveedores, que en el caso de Cantabria ha aumentado en casi un 30% en el último año.
“La administración autonómica cántabra tarda ahora casi un 30% más de tiempo que hace un año en pagar sus facturas. Este crecimiento de la demora en el pago del Gobierno de Cantabria en pagar a sus proveedores pone en riesgo a las empresas cántabras tanto en términos de liquidez como de empleo”.
Mazas recuerda que “una de las cuestiones más importantes que se abordaron en la anterior legislatura por parte de las Administraciones Públicas fue reducir de forma importante el periodo de pago a sus proveedores”. De hecho, en un contexto económico muy difícil, Cantabria logró pagar por debajo de los treinta días hasta junio de 2015, “momento en el cual vuelve a crecer la demora por encima de los 30 días todos los meses”.
La portavoz de Economía considera que el actual gobierno “tiene muy difícil explicar los motivos por los que vuelve a aumentar la demora en el pago a proveedores. A través de la Ley de Crédito Extraordinario aprobada en noviembre (más de 100 millones) como con el remanente del FLA de 2015 (91 millones) concedido por el Estado, Cantabria cuenta con liquidez más que suficiente para hacer frente a sus compromisos”.
Sin embargo la realidad es muy diferente, y tal y como apunta Mazas “estamos ante un cóctel económico absolutamente nocivo para Cantabria como es no ajustarnos al déficit que nos marca el Estado, hacer crecer la deuda por encima de lo recomendable, y tardar más de lo debido en pagar a los proveedores”.
“Esta demora en el pago a los proveedores tiene un impacto directo en nuestras empresas que, como ocurría durante los gobiernos anteriores de PRC y PSOE, tenían que esperar a cobrar meses cuando no años las facturas por servicios ya realizados”.
“Y digo bien años porque quiero recordar que en 2011 nos encontramos más de 260 millones de euros de facturas en el cajón, con gastos de farmacia que se pagaban a más de 700 días, o dicho de otra forma, casi dos años de demora. Algo inaceptable y que con mucho esfuerzo conseguimos corregir”.
Por todo ello, Mazas se pregunta si “¿esto es lo que nos espera de nuevo? ¿volvemos a las andadas? El gobierno tiene que tomarse muy en serio la gestión del dinero público y tener claras sus prioridades. Se debe pagar en menos de 30 días como dice la ley, y como se llegó a hacer durante el gobierno de Ignacio Diego. Esto es bueno para mejorar la gestión pública y es fundamental para no complicar la vida al sector privado que realiza trabajos para el Gobierno de Cantabria”, concluyó.