Partido Popular en Cantabria

El presidente del Partido Popular, Ignacio Diego, compareció ante los medios de comunicación para dar cuenta de los temas abordados en el último Comité Ejecutivo Regional, centrado en gran parte en la polémica con los vertidos de Guipúzcoa y su traslado a Meruelo.

Tras asegurar que el PP no se opondría a recibir los residuos de esta provincia vasca durante tres meses pero no durante cuatro años, y siempre por una cuestión de urgencia o de salud pública, Ignacio Diego recordó que la administración guipuzcoana dispone de otros recursos en el País Vasco para la gestión de sus basuras. “Prolongar esta situación durante cuatro años es a todas luces insostenible” tanto desde el punto de vista ambiental como a algo que considera básico en la administración “como es la prudencia”.

Además de esas alternativas, el presidente del PP cuestionó la "urgencia", señalando que el problema existe desde al menos 2008, agravando la situación el hecho de que la provincia guipuzcoana no quiera tener vertederos en su territorio.

Diego recordó que hace tres meses se negociaba la ampliación de Lapatx, en Guipúzcoa, por un año, con una obra “con pequeñísimo coste”. Tal y cómo recordó, el problema que vive Guipúzcoa en materia de residuos "no es urgente", sino que "nace en 2008" de la "vocación manifiesta de los guipuzcoanos de cerrar todos sus vertederos".

"La solidaridad tiene que empezar por un mismo", sentenció Diego, quien también apuntó a la "proximidad" que se fija por normativas nacionales y europeas para criticar que ni Vizcaya ni Álava vayan a recibir esos residuos de Guipúzcoa.

Mientras el vertedero vizcaíno de Zabalgarbi está en un porcentaje "muy bajo" de ocupación, en Álava se ha inaugurado recientemente la ampliación del de Gardelegi que tiene capacidad hasta 2028. "No quieren tener vertederos en Guipúzcoa y quieren que la basura venga a Cantabria".

Por ello, Diego critica que se apele desde el Gobierno de Cantabria a principios como la solidaridad para defender el convenio cuando, a su juicio, lo que existe en este asunto es "mercantilismo". Según desveló el presidente del PP, el convenio que se pretende firmar con Guipúzcoa no establece un máximo de vertidos, sino un mínimo de 50.000 toneladas.

El líder de los Populares cántabros considera que el Gobierno regional (PRC-PSOE) está "obligado" a someter a votación del Pleno del Parlamento autonómico el convenio con Guipúzcoa. Tal es así que ha pedido asistencia jurídica en el seno del grupo parlamentario para tener confirmación de ello. "Diría con certeza que se va a votar", concluyó.

Fotografía en Alta Resolución del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria 11/02/2016