Partido Popular en Cantabria

Los alcaldes de Selaya, Saro, Vega de Pas, San Pedro del Romeral, San Roque de Ríomiera, Castañeda y Santa María de Cayón, todos ellos pertenecientes al Partido Popular, han presentado una demanda judicial solicitando que se anule la asamblea extraordinaria celebrada el pasado 21 de agosto por el Proder de los Valles Pasiegos, cuyo presidente es Angel Sainz, alcalde de Villacarriedo por el PRC.

Asimismo, en el escrito de demanda presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Medio Cudeyo, piden que se anulen los acuerdos adoptados en la citada asamblea y también la nulidad de la reunión que, al parecer, mantuvo la junta directiva del Proder de los Valles Pasiegos el 22 de junio.

Todo ello al considerar los alcaldes del PP que se ha infringido gravemente su derecho de información como miembros de la asociación, al mismo tiempo que se ha cometido una infracción grave en el funcionamiento democrático de las asociaciones.

Según han explicado, con motivo de la convocatoria de la asamblea extraordinaria, algunos socios detectaron irregularidades en la identidad de supuestos miembros de la asociación, lo que además repercutía a su juicio en las mayorías exigidas para la adopción de acuerdos, como la elección de nueva junta directiva.

Dada esa circunstancia y previo a la celebración de la asamblea, se presentó un escrito ante la asociación haciendo constar las irregularidades detectadas y solicitando información y aclaraciones al respecto, señalando expresamente que en el reducido espacio temporal de dos meses se habían incorporado al Proder un total de nueve asociaciones.

La solicitud no obtuvo respuesta alguna ni tampoco se facilitó documentación sobre los nuevos socios, por lo que al margen de que estos cumplieran o no con los requisitos para su incorporación, los alcaldes del PP consideran que supone una clara contravención del derecho de información y con consecuencias para el funcionamiento democrático de la asociación.

En la celebración de la asamblea se volvió a insistir en la necesidad de recibir información al respecto. Dado que la junta directiva no dio aclaraciones e información precisas, y las únicas que realizó resultaron absolutamente sorprendentes y denotaban un evidente fraude de ley, un sector de los socios decidió abandonar el acto, incluido quien hacía las veces de secretario de la asociación.

Por todo ello, los ayuntamientos demandantes entienden que las irregularidades que afectan a la convocatoria se extienden también a la constitución de la asamblea, ya que resulta sorprendente que el acta esté redactada por quien dice ser el secretario, cuando quien ejercía el cargo había abandonado la reunión. Además, pese al abandono de parte de los socios, en el acta no se hace mención alguna a cómo puede afectar dicha ausencia a los porcentajes de voto, y al sistema de mayorías y ponderación de voto que se contiene en los Estatutos.

Los alcaldes del PP denuncian también que no se informó de la celebración de la junta directiva de junio a las nuevas Corporaciones surgidas de los comicios de mayo, lo que supone una clara alteración de la composición de los órganos de gobierno, además de que al haberse admitido nuevos socios se altera indebidamente el censo electoral y se adultera la elección de la nueva junta directiva, que era el objeto de la asamblea extraordinaria de agosto.