Partido Popular en Cantabria

Estamos asistiendo en estos días, tras la resaca de las elecciones, a diversas opiniones sobre cómo afrontar el futuro político de Cataluña. Desde el Partido Popular consideramos un tremendo error que ante un desafío al Estado de Derecho y democrático de tan grueso calibre, el PSOE mantenga una calculada equidistancia que le impide tratar una cuestión fundamental como es la unidad de España como un tema de auténtico Estado.

Esta misma semana el Partido Socialista no ha apoyado en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que en definitiva refuerza nuestro Estado de Derecho, nuestras leyes y nuestra Constitución, porque nadie puede estar por encima de la Ley y todos los ciudadanos estamos sometidos a su imperio, y tampoco Artur Mas y su Gobierno se pueden saltar este principio elemental de la democracia.

La unidad de España no puede ser objeto de negociación ni de diálogo, como algunos pretenden, y necesita una respuesta firme y contundente de nuestro Estado de Derecho. La realidad ha demostrado que las sentencias del Tribunal Constitucional son en ocasiones incumplidas y el desacato a sus resoluciones ha ido en aumento en determinados territorios como Cataluña, a medida que se ha desarrollado un movimiento independentista cuyo único objetivo es destruir España.

El Tribunal Constitucional había declarado la inconstitucionalidad del llamado proceso de participación ciudadana y la respuesta de la Generalitat ha sido el incumplimiento y la deslealtad institucional poniendo las urnas en la calle el pasado mes de noviembre.

Una gran nación como España no puede permanecer impasible ante este desafío y a ello responde la necesidad de reformar la Ley que regula el TC para dotar a esta institución de los instrumentos necesarios para que se cumplan sus resoluciones con la mayor inmediatez porque no hay justicia si los poderes públicos no cumplen las resoluciones y el desacato consentido dinamita nuestro ordenamiento jurídico.

Por ello sorprende la respuesta frontal e irracional de los socialistas a la propuesta del Partido Popular para reformar la Ley Orgánica del TC, cuyo objetivo es reforzar el carácter ejecutivo de sus resoluciones y los instrumentos para ejecutarlas y sancionar su incumplimiento.

Para defender la unidad de España de los desafíos independentistas no cabe ponerse de perfil y mantener una calculada equidistancia como hace el PSOE, que propone una reforma constitucional de nuestro modelo territorial para llevarnos a un federalismo asimétrico, que aún no han explicado en qué consiste.

Mariano Rajoy siempre ha mostrado su disposición al diálogo con Cataluña, pero con respeto a la legalidad, asegurando el respeto a la Constitución, la soberanía nacional, la solidaridad entre comunidades y la igualdad de todos los españoles, porque Cataluña es también España y lo que vaya a ser España en el futuro lo tenemos que decidir todos los españoles.

La deriva de los socialistas alimentando aspiraciones separatistas y apoyando a alcaldes independentistas con el único objetivo de aislar al Partido Popular y alcanzar el poder a cualquier precio nos parece absolutamente irresponsable e impropia de un partido que pretende ser alternativa de Gobierno.

Necesitamos estabilidad política para transmitir un mensaje de credibilidad y confianza a los mercados, consolidando así nuestro crecimiento económico.

España cuenta con una de las previsiones de crecimiento más altas del mundo y lo hemos conseguido con el esfuerzo de todos los españoles y con las reformas adoptadas por el Gobierno que han permitido la creación de un millón de puestos de trabajo en 2014 y 2015, situándonos a la cabeza de Europa en crecimiento y creación de empleo.

Gracias a la política económica del Gobierno del PP en esta legislatura se pueden bajar impuestos, incrementar las pensiones, devolver su esfuerzo a los funcionarios, aumentar la inversión productiva y así aumentar el bienestar de todos los ciudadanos, pero todo esto no se puede poner en riesgo con rupturas secesionistas que carecen de toda legitimidad y que, como hemos podido comprobar en las elecciones del domingo 27, ni siquiera tienen el apoyo de la mayoría de los catalanes y han demostrado ser un fracaso para las fuerzas políticas independentistas.