Partido Popular en Cantabria

María José Sáenz de Buruaga comenzó su intervención subrayando la “escasa coherencia” de áreas de la consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Precisamente se centró en este último área ya que las personas “son el fin último, único y principal de nuestra acción política” como lo fue “en nuestro gobierno y lo seguirán siendo en la oposición”.

“Ojalá el gobierno de Ignacio Diego hubiera encontrado una situación como la que ustedes reciben hoy, también, en el ámbito de los servicios sociales”. Tal es así, que se ha pasado en julio de 2011 de afrontar insuficiencias presupuestarias por valor de 20 millones de euros, a que en julio de 2015 “les dejamos a ustedes, a este gobierno, un crédito sobrante en el presupuesto del ICASS superior a los 17 millones de euros”, lo que calificó como una “red de seguridad” para posibles imprevistos.

En cuanto a la Ley de Dependencia, Sáenz de Buruaga, negó que haya “nada que reconstruir”, aportando cifras que han situado a Cantabria en una posición de liderazgo y referencia “en atención a las personas dependientes” sólo por detrás de Castilla y León, según los datos del IMSERSO.

La portavoz en Servicios Sociales del Partido Popular se refirió a las buenas cifras de ocupación de residencias y centros de día, que han tenido su efecto en el empleo, lo que supuso que Cantabria acabara 2014 con el “mayor porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia”. Por todo ello, afirmó que la vicepresidenta había demostrado con su intervención seguir “instalada en el anuncio sin poner en marcha una sola medida” .

Junto a Sáenz de Buruaga intervino el portavoz del PP en materia de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, José Manuel Igual, que hizo un repaso a la mejora de la situación de las sentencias de derribo. “Hace cuatro años las máquinas estaban para demolar y ahora no”, lo que ha servido para mejorar la situación de las familias afectadas.

Además, destacó la aprobación de la ley contra el fracking por parte del gobierno de Ignacio Diego, o el borrador de reforma de la Ley del Suelo elaborada por los técnicos del gobierno y no con “asistencias técnicas”.