Francisco Rodríguez ha iniciado su intervención afirmando que en la problemática en torno al Puerto de Laredo lo que “verdaderamente preocupa a los cántabros” es cuánto dinero les va a costar resolver el contrato con la concesionaria.
Rodríguez considera que el Gobierno de Cantabria ha optado por la opción que más perjudica a los intereses de los cántabros, a favor de la empresa concesionaria y sin tener en cuenta los informes emitidos por los propios servicios jurídicos de la Consejería.
Con ello, el Gobierno ha decidido dejar sin efecto el procedimiento iniciado por el anterior Gobierno para rescindir el contrato con la adjudicataria por causa imputable a la misma, optando por atender al informe del Consejo de Estado, que no era vinculante, y en el que no se considera causa de resolución los incumplimientos de la concesionaria, la Unión Temporal de Empresas Marina de Laredo.
El portavoz de Obras Públicas del Partido Popular se ha preguntado si el consejero confía en los servicios jurídicos de la administración, ya que no ha querido tener en cuenta un informe recogido en un expediente de más de 300 páginas, elaborado por los servicios jurídicos de la Consejería, frente a las 14 páginas del informe del Consejo de Estado.
Rodríguez Argüeso ha alabado a los servicios jurídicos de la Consejería que han conseguido estos cuatro años que los tribunales hayan resuelto a favor del Gobierno “seis de seis” pleitos entre la Administración y la concesionaria.
Finalmente, el portavoz de Obras Públicas ha criticado que el ex–director del Puerto de Laredo, ahora alto cargo del Gobierno en SICAN, presentó un plan de reequilibrio económico financiero en junio de 2011 con unas previsiones que han distado mucho de cumplirse. Y es que el citado plan contemplaba ingresos por ventas para los años 2011, 2012, y 2013 de unos 12 millones de euros, siendo el balance real de apenas 300.000 euros.