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MARINA DE CUDEYO - La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra el alcalde

Señala que no se ha acreditado arbitrariedad en la adjudicación del contrato de obra para la renovación del alumbrado público en el municipio, ni se aprecia ilegalidad.

 

La Fiscalía de Cantabria ha archivado la denuncia interpuesta el pasado mes de octubre por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo contra el alcalde, Federico Aja, y varios miembros de la Junta de Gobierno Local por presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato de obra para la renovación del alumbrado público en el municipio.

En una resolución fechada a 19 de diciembre de 2014 y que hoy ha dado a conocer el PP de Marina de Cudeyo, la Fiscalía señala que del examen de las diligencias practicadas -entre las que se cita la toma de declaración a los denunciados, la declaración testifical de la Secretaria del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo y la aportación de documentación- se concluye la "falta de acreditación de los requisitos típicos del delito de prevaricación" que motivó la incoación del expediente.

Según relata el Fiscal, el grupo municipal del PSOE hacía hincapié en su denuncia en que el informe de legalidad del contrato emitido por la Secretaria Municipal dictaminaba la conveniencia de acudir a una licitación pública, pero tras la toma de declaración de la Secretaria "no cabe duda de que se trató de una recomendación" que ella estimó oportuno emitir al tratarse de una cuantía (195.321 euros) cercana a los 200.000 euros que se establecen como límite a partir del cual debe obligatoriamente publicarse la licitación. Por ello, en relación a este extremo, el Ministerio Público concluye que "no se ha producido ilegalidad alguna por la falta de licitación pública".

En su decreto, el Fiscal recuerda que el delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal exige que la resolución que dicte la autoridad o funcionario público sea arbitraria y se dicte a sabiendas de su injusticia, y agrega que en este caso no se ha acreditado arbitrariedad en la adjudicación del contrato de obra para la renovación del alumbrado público en el municipio, ni se aprecia ilegalidad.

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