Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular de Liérganes ha pedido explicaciones al equipo de gobierno del municipio (coalición PRC-PSOE), por la sucesión de litigios perdidos y fallos judiciales contra el Ayuntamiento a partir de la rescisión del contrato con la empresa que gestionaba el servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas del municipio hasta junio de 2013.

El último "varapalo judicial" al Ayuntamiento, según han dado a conocer los concejales del PP de Liérganes, es el emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), con fecha 21 de enero de 2015, por el que se desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Liérganes frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Santander en junio de 2014, dentro del conflicto judicial en que está incurso el Ayuntamiento con Servibol Cantabria Servicios Generales SL, concesionaria del servicio de aguas antes de que el equipo de gobierno del PSOE y del PRC decidiesen resolver el contrato.

Esta sentencia se suma a otras anteriores, con la consiguiente imposición de costas, tal y como ha señalado su portavoz, Ángel Bordas, quien ha criticado que esta legislatura socialistas y regionalistas hayan embarcado al Ayuntamiento de Liérganes en múltiples pleitos y recursos judiciales "a cuenta del dinero de los vecinos".

En este sentido, Bordas ha recordado que después de que el equipo de gobierno tomase la decisión, con los informes en contra del secretario municipal, de resolver el contrato con la concesionaria del servicio de aguas, el Ayuntamiento ya ha sido condenado a indemnizar económicamente a los cuatro vecinos de Liérganes que trabajaban en dicha empresa y que perdieron su puesto de trabajo.

Además, según precisa el portavoz popular, el servicio que actualmente se está prestando por el Ayuntamiento a través de un trabajador autónomo, no sólo no ofrece la misma calidad que anteriormente se prestaba a los vecinos de Liérganes ni les resulta más barato como se les dijo, sino que además cuenta ya con dos informes de reparo del Secretario-Interventor al no haberse realizado un procedimiento de contratación con varias ofertas y ajustado a la legalidad, y al haberse superado el umbral previsto en la Ley para los contratos menores.

"El quebranto económico a las arcas municipales que está suponiendo la resolución del contrato del servicio de aguas, como desde el inicio se advirtiese desde el grupo municipal del PP, exige una aclaración del equipo de gobierno a los vecinos sobre los pasos que se han previsto dar para resolver el conflicto o hacer frente a las posibles indemnizaciones, que en el peor de los casos podrían alcanzar el 1.800.000 euros que reclama la empresa", sentenció Ángel Bordas.

"Nuestro grupo cree que la decisión que se tomó por el equipo de gobierno estaba totalmente injustificada y se adoptó de manera irresponsable, puesto que el contrato que tenía la empresa concesionaria del agua se había realizado de forma correcta y no se podía rescindir un contrato con una duración aún vigente sin motivo ni causa", insistió el edil del PP.