Partido Popular en Cantabria

La política social constituye uno de los grandes pilares estratégicos de la democracia española, tanto desde el punto de vista normativo como desde la perspectiva de la acción política. La apuesta por un Estado más social y más solidario figuraba también en el programa electoral con el que el Partido Popular consiguió la victoria en 2011. Y su implantación ha sido uno de los principales ejes directrices del Gobierno de la Nación presidido por Mariano Rajoy.

Un primer elemento para su desarrollo fue solucionar la situación de caos económico en que España se encontraba a finales de 2011 (constante destrucción de empleo, déficit por encima del 9%, prima de riesgo por las nubes, sistema financiero al borde del colapso y una economía a punto de ser rescatada). Para ello, con el aval de más de once millones de votantes, se puso en marcha el mayor programa de reformas de nuestra democracia en los ámbitos laboral, financiero y de las Administraciones Públicas, entre otros.

Gracias a la adopción de un conjunto de medidas sustentadas en la austeridad y en la correcta administración de los recursos de todos los ciudadanos se ha conseguido dar un giro de 180 grados a esa dramática situación. Hoy el Estado social está salvaguardado con una política económica sólida en sus planteamientos, responsable, equilibrada, respetuosa con los compromisos adquiridos y que cuenta con el aval de la Unión Europea y de las instituciones financieras internacionales. Dentro de este nuevo escenario los Presupuestos Generales del Estado para 2015 suponen un paso hacia delante en esta apuesta social de la que me gustaría subrayar, entre otros muchos, cuatro aspectos que a mi juicio resultan de singular relevancia.

El primero tiene que ver con la convicción de que la mejor política social es la que contribuye a la activa generación de empleo. El cambio radical que nos ha permitido pasar de ser el país con mayor destrucción de puestos de trabajo de Europa a la nación que más empleo está generando se acaba de completar con la reciente firma de un gran pacto con los agentes sociales para la puesta en marcha de un programa extraordinario de activación para el empleo. Su filosofía de conseguir la integración laboral efectiva va a permitir, entre otras cuestiones, la percepción de una prestación de 436 euros, compatible con un trabajo, para parados de larga duración y con cargas familiares. Y además se registra un incremento de un 16% en la partida de políticas activas de empleo y de más del 25% en los recursos para las Comunidades Autónomas.

Un segundo hecho a destacar atañe a la Sanidad. Más allá de las controversias y de las opiniones partidistas (por supuesto legítimas aunque en muchas ocasiones no suficientemente fundamentadas), los datos son evidentes: se han pagado 16.000 millones de euros en facturas pendientes a proveedores que arrastraban desde hace años una deuda acumulada imposible de soportar; hoy tienen la tarjeta sanitaria 750.000 personas más que en 2012; y se ha consolidado un sistema de aportación en farmacia más justo, en el que los parados y sus familias no pagan por sus medicinas. En suma, se han sentado las bases para afianzar nuestro sistema sanitario como el mejor del mundo, siempre en estrecha colaboración con los profesionales del sector.

La tercera cuestión se refiere a la ayuda a la dependencia. Cuando el Partido Popular llegó al poder arrastrábamos un desfase presupuestario de 2.700 millones de euros, una deuda con la Seguridad Social de 1.034 millones y una cantidad considerable de cuotas impagadas de los cuidadores familiares. La puesta en marcha de políticas de contención del gasto financiero y de una mejor administración de los recursos ha hecho posible que hoy tengamos 15.255 beneficiarios más que en 2011, que la lista de espera haya bajado un 40% y que para 2015 se cuente con 69 millones más de presupuesto que en 2011.

Y la última de las áreas clave es el impulso dado a la colaboración con las Comunidades Autónomas. Durante los últimos meses las autonomías han recibido más de 18.000 millones de euros para pagar los servicios básicos. Instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica o el Plan de Pago a Proveedores han demostrado su solidez, acometiendo distintos pagos destinados a farmacia, sanidad, servicios sociales, educación y suministros, manteniendo el nivel de solvencia de nuestro Estado de las Autonomías.

Como diputado por Cantabria no puedo dejar de analizar lo que está ocurriendo en mi Comunidad. El Ejecutivo presidido por Ignacio Diego ha demostrado con la razón de los hechos que la política social ha sido, es y será una de sus principales banderas. Si nos referimos al futuro más inmediato, para este comienzo de 2015 destaca la puesta en marcha del I Plan de Apoyo a la Maternidad, inicialmente dotado con 1,9 millones de euros. Esta iniciativa contempla una batería de medidas entre las que se incluyen hasta 1.500 euros por nacimiento en el caso de una familia numerosa (y entre 2.000 y 3.000 euros cuando se trate de un parto múltiple) o el fomento de la natalidad en los municipios de menos de 2.000 habitantes con 100 euros mensuales para familias con hijos menores de tres años.

Mi convicción es que todos debemos colaborar para reforzar todavía más el Estado social español. Es imprescindible que sigamos profundizando en el proceso de reformas que está permitiendo salvaguardar un país más solidario y atento a las desigualdades. Un crecimiento económico sostenido (y la previsión para 2015 es del 2%) es la mejor base para una política social de alcance, centrada en los más débiles y dispuesta para adecuarse a las necesidades del conjunto de la ciudadanía. Las visiones populistas, el doctrinarismo, la apuesta por el desequilibrio presupuestario, el incumplimiento de los compromisos financieros establecidos con la comunidad internacional o la subida de impuestos no son caminos sino obstáculos a la hora de conseguir un Estados más social y más solidario.

Tribuna de opinión publicada el 10 de enero de 2015 en el diario Alerta