Partido Popular en Cantabria

El pasado 29 de abril el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la Ley General de Telecomunicaciones, una normativa que forma parte del programa electoral del Partido Popular y ha recibido en todo momento el impulso del Presidente del Gobierno y del Ministro de Industria, Energía y Turismo.

Como uno de los ponentes de la normativa en el Congreso de los Diputados, junto a mis compañeros de partido, Tristana Moraleja y Teodoro García, me gustaría destacar el abierto clima de colaboración entre los diferentes grupos parlamentarios, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Una colaboración que hago extensiva a quienes finalmente no han votado a favor del texto y que me parece digna de encomio ante la magnitud de los aspectos puestos en común.

¿Hasta qué punto es importante esta Ley? A mi juicio, existen tres áreas particularmente relevantes en el actual proceso de recuperación económica: en primer lugar, la internacionalización de nuestras empresas y profesionales, que consoliden la positiva trayectoria de nuestro comercio exterior que nos está convirtiendo en una economía cada vez más competitiva; en segundo término, la apuesta global por la innovación en productos, servicios y procesos, que contribuya a superar ineficiencias y a la mejora de nuestros actuales niveles de productividad; y, por último, el uso activo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC), cada vez más presentes en nuestra vida a escala particular y laboral, hasta el punto de convertirse en una verdadera palanca transversal que incide sobre la totalidad de nuestra estructura económica y productiva.

Tal y como ha quedado concebida, la Ley sienta las bases para mejorar los niveles de calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, así como para impulsar la competitividad de las empresas. Entre los muchos valores añadidos que aporta destacaría la universalización del servicio de la banda ancha ultrarrápida, que permita superar la actual situación de brecha digital que se contempla en determinados ámbitos de actuación. Esta universalización del servicio lógicamente afecta también a nuestra comunidad y persigue varios objetivos; alcanzar una velocidad mínima de 10 Mbps para todos los usuarios en 2017 y de 30 Mbps para el 2020, y que al menos el 50% de los usuarios puede disponer de un acceso a velocidades superiores a los 100 Mbps este último año. Igualmente se contempla, dentro de la estrategia que se definirá, que los Centros de Salud comarcales, las Universidades Públicas, los Centros de Secundaria públicos y todas as Bibliotecas Públicas en la ciudad y comarcales tengas una conexión a la red pública de comunicaciones superior a los 30 Mbps en 2016 y de 100 Mbps en 2020.

Últimamente hemos conocido, a través del Gobierno de Cantabria, que los operadores de telecomunicaciones esperan acercar este año 2014 la tecnología 4G a 170.000 usuarios y las conexiones de fibra óptica a 140.000 hogares y empresas, así como extender la banda ancha rural y que ésta ofrezca velocidades superiores a los 3 Mbps en condiciones de calidad.

Continuando con la Ley, también subrayaría, por su trascendencia, lo relativo a la definición y obtención de un marco regulatorio más estable; la simplificación en el despliegue de nuevas redes; el impulso al uso compartido de infraestructuras entre compañías; la reducción en el número de procedimientos administrativos; y la puesta en marcha de un conjunto de mayores garantías en la calidad de los servicios recibidos y en los derechos de los usuarios en aspectos como protección de los datos de carácter personal y la privacidad de las personas o en evitar de forma eficaz el spam telefónico.

Por todo ello, pienso que estamos ante una magnífica noticia, no sólo para los distintos agentes que desarrollan su actividad en el sector de las telecomunicaciones y para los usuarios finales de estos servicios, sino también para el conjunto de nuestra economía. Europa en general, y España en particular, no pueden quedarse atrás en la senda del bienestar ciudadano y la competitividad empresarial. El uso activo e inteligente de las NTIC debe conducir a la consolidación de un nuevo modelo organizativo más cohesionado que apueste por un mundo conectado, global y abierto al cambio.

En definitiva, la Ley General de Telecomunicaciones va a permitir impulsar la implantación de la Sociedad de la Información en España, superando buena parte de las actuales carencias que afectan a nuestras redes de telecomunicaciones. Estaremos así en las mejores condiciones para generar empleo cualificado en un sector como el de la economía digital que, cada año, crea en Europa 100.000 puestos de trabajo. El espíritu de unificación y simplificación de este mercado nos conducirá a una mejor integración con Europa y contribuirá a la mejora integral de nuestro tejido socio-productivo. Ciudadanos, empresas e instituciones saldremos ganando.

Tribuna de opinión publicada el 30 de mayo de 2014 en El Diario Montañés