Partido Popular en Cantabria

El Gobierno de la Nación presidido por Mariano Rajoy ha llevado a cabo a lo largo de estos dos años de legislatura un extenso conjunto de actuaciones focalizadas en la reforma del sector público español. Esta reforma integral se contemplaba en el programa electoral del Partido Popular como una de las bases que debía contribuir a la consolidación del Estado del Bienestar no sólo en el corto, sino también en el medio y largo plazo.

El objetivo marcado por el Gobierno, en el marco de esta línea estratégica, es el de ahorrar 37.620 millones de euros antes del año 2015. Este ahorro resultaba acuciante en un entorno como el de finales de 2011 y comienzos de 2012, en pleno desarrollo de una crisis económica que no había sido afrontada con la necesaria convicción política.

La ambiciosa propuesta planteada por el Gobierno de la Nación se sustentaba en cuatro ejes estratégicos: disciplina presupuestaria, corrigiéndose los excesos improductivos de tiempos pasados; racionalización del sector público, procediéndose a la supresión de entidades duplicadas, ineficientes o no sostenibles (como dato significativo, se marcó el objetivo de eliminar 728 empresas de esta índole; de ellas, a fecha de 25 de noviembre de 2013 ya se habían suprimido 535); mejora de la eficiencia de las Administraciones Públicas, ofreciendo más servicios a los ciudadanos con unos recursos optimizados; y puesta en marcha de una Administración decididamente al servicio de los ciudadanos y las empresas.

De las cuatro directrices me gustaría centrar mi atención en esta última, dada su enorme trascendencia. El esfuerzo para conseguir una Administración Pública más eficaz, realmente al servicio de los ciudadanos y las empresas, supone un formidable reto estratégico para la sociedad española que el Gobierno ha decidido liderar.

Dentro del conjunto de medidas adoptadas se procedió al análisis de alrededor de 6.500 normas que se consideraban claramente ineficaces por ir en contra de la unidad de mercado, estableciéndose un plan de racionalización administrativa que implica la simplificación de normas de ámbito estatal.

De esta manera, se han modernizado las 707 oficinas de prestación del Servicio Público de Empleo Estatal, implantándose el sistema de cita previa para diferentes trámites. Además, se ha procedido al impulso de normativas como la Ley de Unidad de Mercado, que facilitará la circulación de mercancías y su control en toda España; el Proyecto de Ley de Unidad Ambiental, que contribuirá a la generación de 80.000 empleos; y el Proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que persigue garantizar el cumplimiento de la Agenda Digital para Europa.

Al mismo tiempo se ha establecido un plan de pago a proveedores, que está permitiendo poner al día 167.000 facturas y ayudar a alrededor de 29.000 proveedores, y se ha implantado un manual para la reducción de costes administrativos que posibilite optimizar los recursos aportados por la ciudadanía. Asimismo se ha procedido a llevar a cabo un impulso de la administración electrónica y se están sentando las bases para mejor la atención al ciudadano, con un único punto de contacto con la Administración centralizado y personalizado.

En el caso concreto de Cantabria, el esfuerzo realizado ha sido ciertamente significativo. La situación resultaba muy compleja y era preciso adoptar soluciones de manera urgente. Estas soluciones han ido en tres direcciones principales: implantación de un plan de sostenibilidad de los servicios públicos; cambio estructural en la gestión administrativa; y reforma fiscal que facilitará una posterior rebaja de la presión impositiva sobre el conjunto de la ciudadanía.

Las soluciones esbozadas por el Gobierno presidido por Ignacio Diego están comenzando a dar sus frutos. Pienso que un solo dato puede servir para sintetizar el alcance de las reformas planteadas: en 2011 el déficit público cántabro representaba el 4,04% del Producto Interior Bruto (PIB); a finales de 2013 la previsión se sitúa en un déficit en torno al 1,13%. Indicar, que el PIB de Cantabria creció en el tercer trimestre del año un 0,2% intertrimestral, una cifra superior a la media del conjunto del Estado (0,1%), y un dato que estoy seguro marcará el punto de inflexión de la recesión económica en esta comunidad, hacia una fase de crecimiento y recuperación.

Y en los Presupuestos Generales de 2014 el Gobierno de Cantabria pretende dar un nuevo paso hacia delante. Se contempla un ahorro de 100 millones de euros en gasto corriente de las empresas públicas, lo que va a permitir que tres de cada cuatro euros gastados se destinen a fines sociales (sanidad, educación, servicios sociales y empleo). Además, se apuesta por un incremento del 25% en la dotación para políticas activas de empleo y en un aumento del 32% para la atracción de nuevas empresas capaces de generar puestos de trabajo.

Es mucho lo que se ha realizado en apenas dos años gracias a la activa colaboración de los ciudadanos, cuyo esfuerzo está siendo esencial. No obstante todavía es necesario continuar con el proceso de adecuación entre nuestro Sector Público y el entorno económico y social de España. Reducir el gasto público y favorecer el desarrollo de la iniciativa privada forman parte de un conjunto de medidas que deben contribuir a garantizar una mejor calidad de vida a los ciudadanos, sentando las bases de un Estado del Bienestar más sólido y más sostenible, donde la libertad individual se vea reforzada por la solidaridad social.

Tribuna de opinión publicada el 26 de diciembre de 2013 en El Diario Montañés