Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha pedido hoy al PSOE que no vuelva a "descolgarse" de la "senda del consenso" en el apoyo a las familias afectadas por las sentencias de derribo de viviendas en la región, como ya hizo el pasado mes de junio al abstenerse en la aprobación de la Ley para regularizar las viviendas con sentencia de demolición mediante la concesión de autorizaciones provisionales.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles para presentar una Proposición no de Ley del Grupo Popular en la que se pide perdón y garantizar el patrimonio de las familias afectadas por las sentencias de derribo como consecuencia de las actuaciones de las administraciones, el diputado regional Iñigo Fernández ha instado al PSOE a "rectificar", comportarse en un futuro "con lealtad hacia los afectados" y apoyar la iniciativa del PP.

En este sentido, el diputado popular ha subrayado que la disposición al consenso en este asunto "siempre ha sido absoluta" por parte del PP como, según ha dicho, demostró cuando estaba en la oposición y está demostrando desde el Gobierno de Cantabria. Por ello, ha invitado tanto al PSOE como al PRC a mejorar, si lo desean, la Proposición no de Ley con sus aportaciones para, de acuerdo con los afectados, alcanzar un acuerdo que permita que sea "aprobada por todos".

Y es que, para Iñigo Fernández hoy hay que preguntarse cuál es el lugar que espera ocupar el PSOE en este "grave problema" y "si Miguel Ángel Palacio está con los afectados o definitivamente ha decidido convertirse en el portavoz de ARCA", después de que ayer, - justo después de que la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) expresase en una reunión con lo tres grupos parlamentarios su respaldo a la inclusión de las viviendas del Alto del Cuco dentro del Plan para la ejecución de las sentencias de derribo y al contenido de la Proposición no de Ley planteada del Grupo Popular -, el diputado socialista ofreciese una rueda de prensa para "oponerse" a lo que los afectados ven con "buenos ojos".

Alto del Cuco

En este punto, el diputado del PP ha rechazado las críticas del PSOE a la inclusión de las viviendas del Alto del Cuco dentro del Plan para la ejecución los derribos, y ha defendido el acuerdo firmado esta semana por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos para la ejecución de la sentencia de demolición que pesa sobre estas viviendas, derribando las 140 edificaciones existentes, y regenerar el monte.

"Este acuerdo se firma, por un lado, sin perjuicio de que en el futuro los derechos urbanísticos de los propietarios se desarrollen mediante un nuevo Plan Parcial y, por otro lado, sin perjuicio de que los tribunales de justicia resuelvan los procedimientos de responsabilidad patrimonial y determinen a quién corresponde hacerse cargo de las indemnizaciones", ha explicado Fernández, para criticar que el socialista Miguel Ángel Palacio dijera ayer que el Gobierno utiliza este acuerdo para "indemnizar" en lugar del Ayuntamiento de Piélagos.

"El PSOE está diciendo falsedades y no podemos aceptar que se cuenten mentiras", ha sentenciado Iñigo Fernández, porque "este convenio no implica ninguna indemnización, sino la ejecución de la sentencia, la demolición de lo indebidamente construido y el desarrollo de un proyecto de regeneración ambiental y estético del monte". "Las indemnizaciones a las que haya que hacer frente se abonarán en su momento de acuerdo al procedimiento que fijen los tribunales de justicia", ha subrayado.

Fernández ha considerado que las administraciones tenían que ponerse de acuerdo ya porque no se puede dejar el monte seis o siete años más en la situación en que se encuentra y ha dicho al PSOE que "no se puede hacer demagogia con todos y cada uno de los temas".

Asimismo, ha preguntado a Palacio "por qué si el PSOE en su día solicitó la inclusión de las viviendas del Cuco en el Plan de ejecución de derribos, ahora se opone", en una más de las innumerables "contradicciones" y "bandazos" en los que incurre el PSOE en los últimos tiempos.

Además, Fernández ha recordado a Palacio que el hecho de que el Gobierno recurriera la licencia y como consecuencia fuese anulada, no quiere decir que "no tenga responsabilidad en lo que se hizo mal", porque si el Ayuntamiento de Piélagos concedió aquella licencia fue porque tenía el informe ambiental favorable aprobado por la Consejería de Medio Ambiente en la época en que era gestionada por el PSOE, según ha recordado.

Para Iñigo Fernández, Miguel Ángel Palacio "cuenta una mentira para ocultar la verdad", mientras que, por el contrario, el Partido Popular no trata de hacer lo mismo que los socialistas, "esconderse y eludir su responsabilidad", sino que le hace frente y lidera desde el Gobierno de Cantabria el proceso de ejecución de la sentencia.

Proposición no de Ley del Grupo Popular

Respecto a la iniciativa registrada por su grupo parlamentario, Iñigo Fernández ha expuesto que el objetivo es que el Parlamento de Cantabria adopte dos acuerdos que los afectados llevaban "mucho tiempo reclamando".

Así, la propuesta que el PP defenderá en el Pleno insta, en primer lugar, a que se pida "perdón" a las familias afectadas por las sentencias de derribo, "por el grave daño y sufrimiento ocasionado durante tantos años", como consecuencia de las actuaciones de las administraciones públicas de la región.

En segundo lugar, se pide que, "partiendo del principio de que la víctima no tiene que soportar, ni verse perjudicado, por las responsabilidades en que hayan podido incurrir las administraciones", se acuerde "garantizar el patrimonio de las familias afectadas". Para ello, se insta a las instituciones que han sido declaradas culpables para que en el espacio más breve posible adopten las medidas y los acuerdos vinculantes con los afectados con el fin de garantizar su patrimonio antes del derribo.

Con esta Proposición no de Ley, según ha subrayado Fernández, el PP quiere que se reconozca que los afectados por las sentencias de derribo de viviendas, que "nunca tuvieron ninguna culpa" en este problema, han sido los damnificados por los "errores" en la actuación de las administraciones públicas.

Iñigo Fernández ha precisado que este planteamiento se hace "sea cual sea" la resolución del Plan de ejecución de las sentencias de derribos", que contempla demoliciones y la posibilidad de legalizar parte de las viviendas sentenciadas.