Durante su intervención en el pleno del Parlamento de Cantabria celebrado esta tarde con motivo de una Proposición no de Ley del Grupo Regionalista sobre la situación del Racing, Iñigo Fernández ha expuesto que si un dictamen de un servicio jurídico dice que se han cometido tres delitos e identifica a los responsables, es "obligación" de CANTUR llevar ese asunto a los tribunales, que son los que juzgan y no la empresa pública.
En este sentido, ha dicho a López Marcano que si quiere culpar a alguien si finalmente tiene que comparecer ante un juez por este tema "no equivoque el tiro" y "culpe a Ángel Agudo que es el que negoció lo innegociable" y "le hizo a usted firmar un documento del que probablemente usted no tenía ningún conocimiento".
Durante su intervención Iñigo Fernández ha explicado que la opción de la recompra de las acciones que defiende el PRC supondría iniciar una vía que puede durar de tres a cinco años, para al final "cargar a la espalda de los cántabros" la deuda de 37 millones de euros que acumula el Racing, algo que el Gobierno de Cantabria desecha "de manera absoluta", según ha dicho.
Iñigo Fernández ha recordado que los abogados del Gobierno de Cantabria calificaron esta vía como una "opción maldita" y un "pleito imposible", subrayando que si en el contrato de venta de las acciones negociado por Agudo y firmado por López Marcano hubiera habido garantías "serias y sólidas", hoy no tendría que discutirse si la opción buena era la reclamación ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid o la recompra de las acciones.
"La opción buena hubiera sido haber elevado a escritura pública el contrato, no el 20 de junio de 2011, sino cuando se firmó el 29 de enero; haber incluido una condición resolutoria o cláusula de retrocesión; o haber exigido un aval por el importe completo de la operación", ha apostillado el diputado del PP, quien ha considerado que "a ningún pasiego" le hubieran engañado de la manera en que engañaron al bipartito PRC-PSOE en la venta del Racing, que "regaló" el club por seis millones de euros a cambio de un aval de un millón y medio.
En opinión de Iñigo Fernández, el mayor "ridículo" en este asunto es el realizado por el expresidente regional Miguel Ángel Revilla, que consideró a Alí Syed "tan bueno y tan de fiar que no se pidieron informes de solvencia, se le rebajó el importe que tenía que pagar y además se renunció a las garantías de cobro".
"Eso es hacer el ridículo, con la diferencia de que es hacer el ridículo con un coste para los cántabros de siete millones de euros", ha continuado Fernández en respuesta a las críticas de los partidos de la oposición, a quienes les ha dicho que "no puede ser que el pirómano - en referencia al anterior Gobierno - le eche la culpa al bombero", por el Gobierno actual.