Partido Popular en Cantabria

Cualquier intento de hacer un análisis sobre la situación actual de la industria de Cantabria debe partir, necesariamente, de una perspectiva temporal. No es difícil entender que la presente situación de la economía, en su conjunto, y de un determinado sector económico en particular, como es la industria, es el resultado de un proceso histórico en el que confluyen múltiples factores.

Puesto que hablamos de Cantabria y hablamos de su industria, una parte fundamental de la responsabilidad sobre la situación actual de la región recae, sin duda, sobre la política económica e industrial desarrollada por el Gobierno de Revilla, que la puso bajo la terrorífica dirección del hoy imputado Ángel Agudo, presidente del Partido Socialista de Cantabria, actor principal en varias de las operaciones más desastrosas para las arcas públicas de aquel gobierno (GFB, venta del Racing a Alí, concurso eólico, etc.)

La ausencia de política industrial del Gobierno de Revilla hubiera sido incluso una buena noticia; mejor, al menos, que muchas decisiones que han tenido unos efectos perniciosos sobre la economía de Cantabria, mucho peores, incluso, que no hacer nada. El ilegal y desproporcionado empeño de apostar todo el desarrollo industrial de la región a una sola carta (concurso eólico), que era un desesperado intento tardío que subsanar años de incompetencia, ha tenido un enorme coste de oportunidad para la región, obligando al actual Ejecutivo no sólo a impulsar desde cero las energías renovables y las inversiones vinculadas a tal desarrollo, sino a hacerlo con pies de plomo, solventando la ilegalidad del procedimiento anterior, cuyos costes para las arcas públicas hubieran podido rebasar lo imaginable.

El hecho de comprometer más de 40 millones de euros en una operación industrial descabellada (GFB), en contra de los informes técnicos, que hoy sienta en el banquillo a varios altos cargos de aquel Gobierno, ha significado una importante reducción de los recursos disponibles para financiar inversiones reales en la industria cántabra. La ausencia de política de suelo industrial, cuando existían solicitudes de instalación y de inversiones, ha significado otro enorme lastre, porque se perdieron las oportunidades del ciclo expansivo de la economía, tan necesarias para mantener nuestros niveles de empleo.

Es importante resaltar el contraste evidente entre aquella política económica e industrial, la de Agudo, Pesquera, Del Olmo, y, por supuesto, Revilla, que dilapidó enormes recursos y oportunidades en actuaciones descabelladas, con la del actual Gobierno, al que ha tocado tapar todas las vías de agua y poner el barco a flote.

Por suerte, Ignacio Diego tiene muy claro el principio de que el papel del Gobierno debe ser el de fomentar las mejores condiciones para la inversión privada - lo que va desde la gestión oportuna de la oferta de suelo industrial, hasta el desarrollo de un modelo de Formación Profesional Dual -, y el de interlocución y mediación para dar solución a las situaciones críticas de las empresas.

Nadie, en este sentido, podrá achacar al actual presidente no haberse implicado en la búsqueda de soluciones y no existe precedente de un Gabinete que haya mantenido mayor nivel e intensidad de interlocución con empresarios y trabajadores. Revilla estaba a "otras cosas". Hoy, gracias a esa labor, y, al esfuerzo compartido entre trabajadores y empresarios, nuestro tejido industrial tiene futuro, ha crecido en competitividad y ha conseguido mantener un importante nivel de empleo a pesar de la crisis.

Es cierto que la situación de determinadas empresas, achacable exclusivamente a una mala gestión que ha acumulado decenas de años de pérdidas (caso de Sniace), o imputables exclusivamente a decisiones empresariales que sus propietarios han planteado como irrevocables (caso de Golden Line), pueden aportar una visión pesimista, pero lo cierto es que no se corresponde con la realidad del sector industrial en su conjunto.

La industria de Cantabria tiene presente y tiene futuro. Nuestra industria resiste con notable fortaleza, salvo excepciones, no sólo las dificultades de una caída de la demanda por la crisis, sino que está soportando el hecho de que un sector tractor de la economía, como era la construcción, se haya desplomado de manera casi absoluta, llevándose con él miles de puestos de trabajo directos e indirectos. En este sentido la capacidad reivindicativa de este Gobierno, permitiendo desbloquear una parte fundamental de la obra pública o buscando soluciones valientes para reactivar la inversión pública, permite mirar al futuro con mayor optimismo.

Que el Gobierno regional de Ignacio Diego esté trabajando con sensatez, dando prioridad a la seguridad jurídica, que lo esté haciendo apostando por crear un marco favorable a las inversiones, e implicándose como interlocutor de las empresas ante sus retos y sus problemas, a diferencia de la dejación absoluta del Gobierno de Revilla, es un indicio claro de que nos encontramos ante un cambio muy positivo para Cantabria, que empieza a dar sus frutos. Pero el camino es largo y duro, porque los efectos de tantos años de políticas nefastas y dilapidación de recursos, sumados a lo desfavorable del contexto, han sido devastadores.

Tribuna de opinión publicada el 9 de octubre de 2013 en El Diario Montañés