En opinión de Iñigo Fernández, en caso de prosperar, el recurso presentado por los socialistas "pone en jaque" la solución que había planteado el Gobierno del PP para poner fin a la incertidumbre en la que miles de afectados de la región han vivido durante años, al ver que sus negocios se veían abocados al cierre en 2018 como consecuencia de la caducidad de las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre para sus actividades que contemplaba la norma anterior (de 1988).
El diputado popular ha recordado que la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, es una norma "vital para la economía de Cantabria" que evita que en esta comunidad autónoma se pierdan miles de empleos, al tiempo que contribuye a generar actividad económica y empleo al salvar del cierre a cientos de empresas y explotaciones agropecuarias.
Por ello, Iñigo Fernández ha mostrado interés por conocer la posición de los socialistas cántabros respecto al recurso de inconstitucionalidad registrado por su formación política a nivel nacional. "¿Qué piensa el PSOE de Cantabria del recurso a la Ley de Costas? ¿Está de acuerdo con la defensa de los intereses de las empresas y los ciudadanos de Cantabria que contempla la reforma de la Ley o apoya que se obstaculice no sólo la solución planteada para los afectados de la región, sino también para garantizar el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera antes de su demolición?", se ha preguntado Fernández.
A juicio de Iñigo Fernández, es lamentable que los socialistas, además de no haber hecho frente a los problemas de los afectados por la Ley de Costas cuando gobernaban en España y en la comunidad autónoma, hayan optado por una política "desleal con Cantabria", poniendo "palos en las ruedas al desarrollo regional" con "recursos políticamente malintencionados que sólo sirven para generar más inquietud".
Y es que, frente a las críticas a la nueva Ley de Costas, Fernández ha recalcado que esta Ley vela por la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España "atendiendo a la realidad de nuestras costas", concilia la protección del litoral con la "seguridad jurídica" que ofrece a los propietarios de derechos en la costa, y aplica el "sentido común" haciendo compatible la protección del litoral con el fomento de actividades económicas que crean empleo y riqueza.
Fotografía en Alta Resolución de Iñigo Fernández