El 20 de noviembre de 2011 una abrumadora mayoría de españoles depositaron su confianza en el Partido Popular para salir de la crisis, recuperar la senda del crecimiento económico y crear empleo. Ese es el gran objetivo que, desde el principio, se ha marcado el actual Gobierno, y nada ni nadie cambiará esa hoja de ruta que exige reformas importantes y desde luego también algunos sacrificios para todos los ciudadanos, necesarios e imprescindibles para transformar los números rojos de nuestra economía en los ansiados números azules.
La primera gran reforma que emprendió el Gobierno del Partido Popular fue la encaminada a conseguir el equilibrio de las cuentas públicas, porque ningún país puede vivir permanentemente endeudado y gastando recursos públicos por encima de sus ingresos, eso conduce inevitablemente a la quiebra financiera. Por ello, es importante recordar que hace apenas un año España se encontraba al borde del rescate y que, gracias a las reformas emprendidas, hoy el panorama de las finanzas públicas es radicalmente distinto.
La reforma laboral y la financiera también han sido claves en esa primera etapa para conseguir una economía más competitiva, generando la confianza de los mercados y logrando atraer inversiones hacia España.
El presidente Mariano Rajoy prometió en el Debate sobre el estado de la Nación una segunda generación de reformas encaminadas a reactivar la economía para conseguir crecimiento económico y generación de empleo, y es en esta segunda generación de reformas donde se debe encuadrar la nueva Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados.
El Partido Popular tiene claro que la única forma de generar empleo es ayudando a los empresarios a crearlo, porque ellos son los auténticos protagonistas del crecimiento, especialmente las PYMES y los autónomos. En España más del 99% de nuestras empresas son PYMES y tienen menos 50 trabajadores, y existen más de 3 millones de autónomos, de los que más de 40.000 están en Cantabria.
A estos pequeños empresarios hay que proporcionarles estímulos fiscales, facilitarles liquidez y financiación, y eliminar los obstáculos burocráticos a sus empresas, tanto en su creación como en su posterior desarrollo e internacionalización. A este objetivo responde la Ley de apoyo a los Emprendedores.
Son muchas y ambiciosas las medidas que contempla este Proyecto de Ley. Fomentar la cultura emprendedora en todas las etapas del sistema educativo; facilitar la creación de pequeñas empresas sin que el empresario se arriesgue a perder su vivienda si fracasa su negocio; eliminar cargas administrativas en el inicio, ejercicio y cese de la actividad creando puntos de atención al emprendedor que funcionen como ventanillas únicas donde puedan realizar todos sus trámites; eliminar obstáculos para el acceso de las PYMES a la contratación pública, etc. son algunas de las numerosas cuestiones que regula.
Mención especial cabe hacer de los incentivos fiscales y de Seguridad Social que contempla la Ley: se introduce el criterio de caja en el IVA, de forma que las pequeñas empresas y los autónomos no se vean obligados a pagarlo hasta que no cobren la factura. Esta medida facilitará liquidez y financiación a las empresas, constituyendo una autentica "revolución fiscal" que nunca antes había sido aplicada en España y que demuestra el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de su programa electoral.
Por otro lado, se extiende la bonificación de la tarifa plana de 50 euros para jóvenes autónomos a los mayores de 30 años. Todo aquel que inicie nuevos negocios se podrá beneficiar de esta bonificación en la cuota de autónomos, tenga la edad que tenga.
Además, se introduce una nueva deducción para los beneficios obtenidos que se reinviertan en la propia actividad, tanto en IRPF como en sociedades; se amplían los beneficios fiscales para la i+D+I con un novedoso sistema de devoluciones; y se favorece la inversión de particulares en proyectos empresariales (los llamados 'business angels') con una importante deducción fiscal. Se amplían también los beneficios fiscales y bonificaciones de la Seguridad Social por la contratación de trabajadores discapacitados.
Por último, y porque es fundamental para nuestra economía facilitar la salida de nuestras empresas al exterior logrando hacerlas más competitivas, se fomenta la internacionalización. Para ello se establece un nuevo régimen de visados y autorizaciones de residencia para atraer talento e inversión a España, destinado a facilitar inversiones significativas en nuestro territorio, la entrada de profesionales altamente cualificados o los traslados de trabajadores intra-empresa.
En definitiva, la Ley de Emprendedores establece un amplio paquete de medidas estructurales dirigidas a facilitar la actividad empresarial y la creación de nuevas empresas con el objetivo de dinamizar nuestra economía y crear empleo. Sin duda constituirá un paso importante para ayudar a sacar adelante sus negocios, no sólo a los nuevos emprendedores sino a quienes, con mucho sacrificio y esfuerzo, han soportado esta ya larga crisis con sus negocios abiertos.
Tribuna de opinión publicada el 15 de agosto de 2013 en El Diario Montañés