Partido Popular en Cantabria

Javier Puente ha explicado que esta Ley, que se encuentra en tramitación en el Senado, responde a un compromiso contenido en el programa electoral del Partido Popular, que "apuesta por defender la cadena de valor del sector agroalimentario y pretende evitar posibles prácticas abusivas".

El diputado nacional del PP, quien ha querido destacar la "implicación" en esta reforma de la titular de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Blanca Martínez, en "permanente contacto con sus homónimos de otras comunidades autónomas para mejorar esta Ley" en favor de un sector especialmente importante en la región como es el primario, ha dicho que la norma persigue "conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los distintos operadores, y fortalecer la posición del sector productor en la cadena de suministro, beneficiando a los eslabones más débiles de la cadena: agricultor, ganadero, cooperativas y pymes".

Para ello, el texto plantea actuaciones para reducir los desequilibrios en la cadena y establecer un marco de competencia que redunde en beneficio del sector, por ejemplo, regulando el régimen de contratación e introduciendo la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios, regulando las prácticas comerciales, instaurando un código de buenas prácticas mercantiles y un observatorio de la Cadena Alimentaria, o tipificando las infracciones y sanciones administrativas.

Esta es una Ley "querida por la mayor parte de los componentes de la cadena", ha dicho Puente, tras subrayar la importancia de una legislación de esta índole para el sector agro-ganadero - como han expresado las organizaciones representantes del sector (ASAJA, COAG, UPA), así como FIAB o Promarca entre otras, en reiteradas ocasiones y diversos lugares, incluyendo la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

Por todo ello, Javier Puente ha agradecido las propuestas realizadas por los grupos de los diferentes partidos políticos, pero también ha rechazado las críticas que se han efectuado al Proyecto de Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, especialmente desde el PSOE, cuando "en su etapa al frente del Gobierno, los socialistas demostraron una falta de decisión para emprender esta reforma que era necesaria y el proyecto que plantearon, y que decayó al disolverse las Cortes Generales ante la convocatoria de elecciones generales, no impedía determinadas prácticas que sirven para utilizar la leche como producto reclamo".

Por el contrario, según ha incidido el parlamentario cántabro, el proyecto planteado por el Gobierno del Partido Popular, no sólo es "novedoso" en la Unión Europea (UE), donde "España es el primer país que aborda e intenta dar soluciones a los problemas de la cadena alimentaria", sino que sí defiende los intereses de los productores del sector lácteo, contemplando una mejora de la situación del sector primario y de la situación de la industria de transformación frente a la gran distribución.

Javier Puente ha destacado que se trata de una norma "compleja, que requiere sumo cuidado en su tramitación para no generar problemas y colisiones con otras leyes e incluso con planteamientos europeos que pudieran invalidarla". Así, ha recordado que en España "tenemos una legislación en materia de morosidad, una Ley de Competencia Desleal y una Ley de Ordenación del Comercio Minorista que deben ser respetadas para no solapar y enfrentar una con otra".

El parlamentario del PP ha finalizado señalando que esta Ley se complementará a la perfección con la de fomento de integración de cooperativas de carácter agroalimentario, cuyo objetivo es potenciar la concentración de la oferta para que adquieran una mayor dimensión y estructura y tengan con ello más poder de negociación, y así poder acceder al mercado en mejores condiciones.

A su juicio, es totalmente necesario alcanzar una posición fuerte de mercado. Así por ejemplo, tres cooperativas de los Países Bajos facturaron 22.095 millones de euros en 2011 y 3.918 cooperativas españolas sólo facturaron 17.411 millones de euros, cifras que, según ha dicho, "demuestran la necesidad de esta segunda Ley".

Fotografía en Alta Resolución de Javier Puente