Partido Popular en Cantabria

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con el apoyo de los grupos Popular y Regionalista y la abstención del PSOE, una nueva reforma legislativa que pretende regularizar las viviendas con sentencia de derribo en la región mediante la concesión de autorizaciones provisionales para evitar su demolición hasta la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), así como la adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de planeamiento.

Este Proyecto de Ley, impulsado por el Gobierno de Ignacio Diego (PP) frente a la sentencia dictada el pasado mes de abril por el Tribunal Constitucional (TC) que anuló parte de la reforma de la Ley del Suelo de Cantabria aprobada por unanimidad en 2011 y que permitía indemnizar antes de la demolición, permitirá conceder en menos de un año entre 400 ó 450 autorizaciones provisionales a viviendas con sentencia de derribo, según ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, en su exposición ante el Pleno del contenido de esta Ley.

Durante su intervención, el consejero ha recordado que este Proyecto de Ley nace sobre una nueva figura jurídica, la de la autorización provisional de edificaciones y actuaciones preexistentes, para permitir que se mantengan las construcciones preexistentes cuando se pone de manifiesto que los Planes en tramitación "acogen con normalidad" las viviendas que hoy están construidas y sobre las que pende una orden de demolición, según ha descrito.

No obstante, Javier Fernández ha querido dejar claro que las autorizaciones provisionales por sí solas no son la solución al problema de los derribos, pero sí son un "instrumento muy útil" para "avanzar" en una solución. "Este Proyecto de Ley no es un atajo, pero sí es un puente que nos va a permitir llegar al objetivo final", ha dicho Javier Fernández, para apostillar que el problema de los derribos sólo se resuelve "cuando las familias tengan las licencias definitivas".

Por ello, a juicio del consejero, la aprobación de esta Ley dará "mucha tranquilidad" y es un motivo para la "esperanza" y la "ilusión" de las 600 familias afectadas, a quienes ha querido trasladar el "mensaje claro" de que el Gobierno y los Ayuntamientos van a trabajar "codo con codo" para dar una solución definitiva a su problema a través de la revisión de los planes generales, que abrirá la puerta a la concesión de nuevas licencias para viviendas sentenciadas que en el nuevo planeamiento serían legales.

Del mismo modo, Javier Fernández ha señalado que, en su opinión, esta Ley "no plantea dudas de inconstitucionalidad" y va a ser "muy difícil" que eso se puedan presentar pues en ella "se conjugan" un pleno respeto al ordenamiento y a las decisiones judiciales, con un "respeto absoluto a la potestad de los jueces para dirigir los procedimientos de ejecución de sentencias", y el respeto a los derechos de los afectados, de los propietarios y de los demandantes.

En el mismo sentido se ha pronunciado durante su intervención en defensa del texto el diputado regional del PP Iñigo Fernández, quien ha agradecido la labor de los grupos parlamentarios, en especial las aportaciones del PRC, en la comisión de trabajo creada para analizar e introducir aportaciones que mejorasen el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno.

En este sentido, el diputado del PP ha señalado que, en este caso, el "esfuerzo por el diálogo" ha dado "frutos" y ha instado a "tomar nota para el futuro" y a "encontrar más oportunidades de trabajo conjunto en beneficio" de los cántabros.

Iñigo Fernández ha señalado desde la tribuna que, a su juicio, el problema de las sentencias de derribo "es uno de los problemas más graves" de Cantabria, que no sólo afecta a 600 familias en la comunidad autónoma sino que "afectados por sentencias de derribos somos todos los cántabros", puesto que indemnizar a los propietarios costaría entorno a 260 millones de euros.

Al hilo, el diputado popular ha lamentado que tras las reuniones de trabajo del Gobierno con los grupos parlamentarios, los socialistas se mantengan "en el ámbito de la discrepancia".

Así, tras explicar las razones por las que el Grupo Popular ha rechazado las enmiendas a esta Ley que el PSOE ha mantenido vivas para su debate en el Pleno - y que, en su opinión, "no van al corazón del asunto" -, Iñigo Fernández ha considerado que, con su actitud, el PSOE parece querer quedar bien "a la vez" con los propietarios de las viviendas y con los grupos ecologistas que presentaron los recursos. "La ambigüedad es muy mala compañera" en un conflicto y "al final quedarán mal con todos", ha sentenciado Iñigo Fernández.