Partido Popular en Cantabria

Nadie en España discute la necesidad de reformar nuestro sistema educativo. Sobre esta cuestión existe un amplio consenso en la sociedad española que es plenamente consciente de una mejor formación es la mejor garantía de un futuro con mayores posibilidades de éxito para nuestros jóvenes, que tendrán mayor facilidad de acceso al mercado laboral al finalizar sus estudios. Reformar el actual sistema educativo, que se ha demostrado fracasado, propiciará una España con un mayor potencial de desarrollo para poder competir en un mundo cada día más complejo y globalizado.

Los datos están ahí, son conocidos y ni podemos ni debemos mirar hacia otro lado: España arrastra un fracaso escolar de un 30%, una tasa de abandono escolar cercana al 25% que dobla a la del resto de países de la Unión Europea (UE), una tasa de desempleo juvenil del 57%, unos resultados académicos que nos alejan de los puestos de cabeza y que, lejos de mejorar, empeoran con los años y, todo ello, con una inversión que está muy por encima de la media de la OCDE y la UE.

El Gobierno del Partido Popular ha considerado que es imprescindible revertir esta situación, y hacerlo de forma urgente. Por eso, el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) supone un conjunto de medidas que mejoran las condiciones para que todos los alumnos puedan adquirir y expresar sus talentos y alcanzar su pleno desarrollo personal y profesional, como soporte de la igualdad de oportunidades.

Para conseguir ese objetivo, la LOMCE contiene medidas imprescindibles para frenar el fracaso escolar; mejorar la empleabilidad de los jóvenes; poner en valor el esfuerzo y la motivación; dar una mayor autonomía a los centros y fortalecer la labor del docente. En definitiva, se sustituirá un sistema muy rígido, por un sistema más flexible, con una atención mucho más individualizada y que intente detectar precozmente los problemas del alumno.

La LOMCE es un cambio importante en la metodología, en las reglas del juego, basado en evidencias. Una reforma encaminada a corregir aspectos que no han funcionado.

Así, se establece un sistema de evaluaciones que garantice que los mínimos de competencias que tienen que adquirir los estudiantes al final de cada etapa sean homogéneos en todo el territorio nacional; una mejora del aprendizaje de asignaturas básicas e idiomas, incorporando las tecnologías de la información; una nueva configuración de las asignaturas para que el contenido de las troncales se defina por el Estado Central, mientras que las Comunidades Autónomas puedan decidir libremente el currículo de las de libre configuración; la imposibilidad de pasar de curso con más de dos asignaturas suspensas; la flexibilización en la Formación Profesional, haciéndola más atractiva para el estudiante y consiguiendo que nuestros alumnos encuentren una vía alternativa más práctica, más aplicada y que, además, les facilite su acceso al empleo.

Es importante resaltar que estas nuevas reglas del juego se aplican por igual en todos los modelos de escuela: pública, privada y concertada. No hay nada en esta Ley que beneficie más a un modelo que a otro y, de beneficiar a alguno, es a la escuela pública, que en este momento tiene un sistema muy rígido, uniformizado, sin ninguna autonomía.

Un Gobierno responsable, como lo es el de Mariano Rajoy, debe tomar decisiones. Dejar las cosas como están, como pretende el PSOE, no es una opción, porque de ello depende el futuro de nuestros jóvenes.

Desde la oposición están desprestigiando esta norma antes de nacer porque no quieren otro modelo educativo que no sea el suyo, lanzando mensajes que son absolutamente falsos y que es necesario desmentir.

En este sentido, cabe puntualizar, en primer lugar, que la asignatura de Religión no será obligatoria, nadie está obligado a estudiarla, y se plantea como opción cursar la de Valores Cívicos y Culturales, que también será evaluable. Es muy evidente, pero hay que recordar que la enseñanza hasta los 16 años seguirá siendo obligatoria y gratuita. El sistema de evaluaciones al final de cada etapa educativa no pretende ser un obstáculo sino una manera de mejorar y homogeneizar el rendimiento de todos los alumnos. Y, por último, el Gobierno está obligado a garantizar el derecho de los padres para que sus hijos puedan cursar sus estudios en Castellano en todo el territorio nacional.

La LOMCE se ha elaborado con el resultado de las consultas realizadas y aportaciones recibidas de todos los sectores representativos de la comunidad educativa: padres, profesores, alumnos, sindicatos y las Comunidades Autónomas han participado en el proceso de elaboración de esta norma. El PP ha mostrado su disposición al diálogo en su proceso de tramitación parlamentaria y esperamos las aportaciones de todos los grupos políticos, desde una actitud abierta y constructiva. No dejemos que esta reforma sea una oportunidad perdida para el futuro de generaciones de españoles.

Tribuna de opinión publicada el 10 de junio de 2013 en El Diario Montañés