Partido Popular en Cantabria

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Cantabria, a través de la diputada Ana Madrazo, han manifestado hoy su satisfacción por la aprobación definitiva de la modificación de la Ley de Costas que se ha producido en la sesión plenaria celebrada hoy en el Congreso de los Diputados.

Ana Madrazo ha considerado que, al igual que los parlamentarios del PP, "todos los cántabros deben felicitarse de la aprobación de esta norma", que ha definido como "vital para la economía de Cantabria", puesto que "permitirá que no se pierdan en esta comunidad autónoma miles de empleos" ya que "supone la salvación para cerca de 1200 empresas de nuestra región - según un estudio realizado por la Cámara de Comercio en 2010 -, así como de cientos de explotaciones agropecuarias" que se veían abocadas al cierre de sus actividades en el año 2018 como consecuencia de la caducidad de las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre.

"La modificación de la Ley de Costas es una gran noticia para Cantabria y máxime en la actual coyuntura económica, porque, además de poner fin a la incertidumbre de miles de afectados, evitará el cierre de empresas contribuyendo a generar actividad económica y empleo", ha sentenciado la diputada del Partido Popular, quien ha querido reconocer la "acertada intervención desempeñada por el PP cántabro en esta reforma", primero desde la oposición y después desde el Gobierno.

De este modo, Ana Madrazo ha recordado que la modificación de la norma fue impulsada por el presidente Ignacio Diego y por la actual consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, en su etapa como senadora, "al asumir la trascendencia de las negativas repercusiones que hubiera tenido la aplicación de la Ley de 1988 en Cantabria". Una actitud que, según ha dicho, "dista mucho de la adoptada por otras formaciones políticas de la región que no atendieron a los afectados por la Ley de Costas ni quisieron hacer frente a sus problemas".

Vuelta Ostrera

En este sentido, la parlamentaria del PP también ha destacado que gracias al trabajo en estrecha relación entre el Gobierno de Ignacio Diego, el Ministerio de Medio Ambiente y los senadores del PP, se haya logrado introducir en la tramitación de la Ley en la Cámara Alta una enmienda para garantizar el funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera antes de su demolición.

La diputada nacional del PP ha subrayado que la incorporación de esta enmienda a la Ley de Costas supondrá una solución "proporcionada y adecuada" a la situación de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa una sentencia de demolición, dando cobertura legal a una situación transitoria en la que la depuradora pueda seguir funcionando a pleno rendimiento y con apoyo legal durante su vida útil. "La enmienda sobre Vuelta Ostrera es especialmente trascendente para la comunidad autónoma desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental y, por supuesto, de enorme repercusión en el bienestar y la calidad de vida de los vecinos del entorno de la Ría de Suances", ha apostillado.

Mejora de la seguridad jurídica

Ana Madrazo ha explicado que la reforma de la Ley de Costas "aplica el sentido común haciendo compatible la protección del litoral con el fomento de actividades económicas que crean empleo y riqueza", a la vez que mejora la seguridad jurídica.

Al hilo, ha recordado que la Ley vigente hasta ahora se ha demostrado en 25 años totalmente ineficaz para la conservación del medio ambiente costero, porque, según ha dicho, "bajo su vigencia se han producido gran cantidad de abusos urbanísticos".

"Cuando algo no funciona la obligación de un Gobierno es acometer su reforma", ha subrayado la diputada nacional del PP, quien considera que era "necesaria y perentoria la reforma de la Ley de Costas de 1988" para "poner orden donde había arbitrariedad, mejorar la protección del litoral frente a los excesos urbanísticos, conciliar la protección del litoral con la seguridad jurídica que ofrece a los propietarios de derechos en la costa, y generar certidumbre a los titulares de actividades económicas que veían como sus negocios estaban abocados al cierre, con las negativas consecuencias para la actividad económica y el empleo".