Partido Popular en Cantabria

El Gobierno de Mariano Rajoy es el primero que ha tenido la suficiente sensibilidad para mirar de frente el drama que ha supuesto para muchas familias tener que abandonar su vivienda por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas, en muchas ocasiones por situaciones sobrevenidas de desempleo, que han cambiado las circunstancias económicas del deudor de forma drástica e inesperada.

El Gobierno de Mariano Rajoy es el primero que legisla para frenar los desahucios y el Partido Popular el primero que ha iniciado medidas justas, realistas y eficaces en esta materia, un problema que, cabe recordar, se viene arrastrando desde el inicio de la crisis.

Por eso, respetando, como no puede ser de otra manera en una sociedad democrática, el derecho a discrepar de las medidas adoptadas, me resulta difícil entender que las protestas ciudadanas por los desahucios se dirijan precisamente contra los políticos del Partido Popular, que hemos propiciado que donde antes no había nada, ahora haya una Ley que protegerá a las familias en riesgo de perder su vivienda.

La Ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios incluye las medidas más demandadas por los colectivos de afectados, que van desde la posibilidad de reestructurar los pagos - con plazos más asequibles e incluso quitas en la deuda -, hasta la posibilidad de que, por primera vez, los afectados puedan solicitar la dación en pago en casos extremos y continuar en sus casas pagando un alquiler social asequible para las familias atrapadas en esta situación.

Asimismo, la Ley incluye otra medida muy demandada como es la paralización por un plazo de dos años de los desahucios de las personas que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad, así como la posibilidad para quienes hayan perdido sus viviendas desde el año 2008 de acceder a una de las viviendas del Fondo Social creado por el Gobierno, del que forman parte mas de 6.000 viviendas procedentes de las entidades financieras.

La intención del Gobierno ha sido proteger a los ciudadanos más desfavorecidos por la crisis actual y, por ello, esta Ley contempla medidas equilibradas y justas, dirigidas a colectivos que cumplan determinados requisitos familiares y económicos. Se podrá discrepar sobre si los umbrales contemplados por el Proyecto de Ley son suficientes o no, pero el propio Ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha manifestado su disposición a revisar los límites del Código de Buenas Prácticas en función de la evolución futura de la aplicación de la norma.

En un país como el nuestro, donde un 97% de las familias pagan sus hipotecas, se trata de buscar un equilibrio entre la necesidad de dar respuesta al drama que sufren los colectivos más vulnerables ante la posibilidad de perder su vivienda, al tiempo que se preserva la seguridad jurídica de un sistema hipotecario que ha permitido a millones de españoles adquirir una vivienda en propiedad.

El objetivo del Gobierno es proteger a todos los deudores hipotecarios, equilibrando la posición del deudor frente a la entidad financiera y, para ello, se realiza también una modificación de la legislación hipotecaria, introduciendo los criterios de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, frente a posibles cláusulas abusivas por parte de las entidades financieras, cuya existencia paralizará las ejecuciones hipotecarias de manera inmediata.

En este mismo sentido, son también destacables las modificaciones legislativas que limitan los intereses de demora que pueden cobrar las entidades frente a un posible impago de la cuota, la ampliación de uno a tres meses del número de impagos para iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria y la limitación de las valoraciones efectuadas por las entidades de tasación en los casos de subasta de la vivienda.

En definitiva, se trata de un gran avance donde antes no había absolutamente nada y, por mucho que se desfigure esta realidad, está escrito negro sobre blanco y, lo que es mucho más importante, supondrá un gran alivio para muchas familias que han vivido angustiadas porque hasta ahora nadie se había preocupado de darles una respuesta.

Utilizar la angustia de esas familias para intentar desgastar al Gobierno del Partido Popular es una opción que algunos grupos políticos están utilizando, pero la obligación de un Gobierno responsable es ofrecer soluciones como las que se están ofreciendo a favor de las personas que más padecen la crisis y el desempleo. La aplicación futura de la Ley nos dirá si el Gobierno ha encontrado ese necesario punto de equilibrio que persigue, pero mientras tanto es incomprensible que se ignore intencionadamente el contenido de la norma.

Tribuna de opinión publicada el 12 de mayo de 2013 en El Diario Montañés