Partido Popular en Cantabria

El pasado día 8 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta iniciativa responde a un compromiso contenido en el programa electoral del Partido Popular, que apuesta por defender la cadena de valor del sector agroalimentario y pretende evitar posibles prácticas abusivas.

Todas las organizaciones profesionales agrarias representantes del sector (ASAJA, COAG, UPA), así como FIAB o Promarca entre otras, están a favor de una legislación de esta índole y así lo han expresado en reiteradas ocasiones y diversos lugares, incluyendo la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. En su momento, desde el Partido Popular criticamos la falta de decisión del PSOE para emprender una reforma que era necesaria; con la presentación de este Proyecto asumimos un reto que concierne a toda la sociedad española y que afecta de manera particular a los intereses de Cantabria.

La cadena agroalimentaria es un sistema económico complejo, en el que intervienen una amplia variedad de operadores y donde se establecen vínculos entre tres sectores particularmente relevantes: el primario, la industria alimentaria y la distribución comercial. Estamos hablando de un entorno que da empleo a más de un millón de personas y que genera más de 100.000 millones de euros, lo que supone alrededor del diez por ciento de nuestro Producto Interior Bruto.

Entre los objetivos que persigue el Proyecto de Ley, actualmente en trámite parlamentario, me gustaría destacar cuatro fundamentales: reducir los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los operadores que intervienen en la cadena; aumentar la eficacia y la competitividad del sector alimentario; conseguir un mayor equilibrio y una superior transparencia en las relaciones comerciales entre los distintos operadores, mejorando el acceso a la información y trazabilidad de la cadena; y fortalecer la posición del sector productor en la cadena de suministro, potenciando las actividades de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias y fomentando la concentración de la oferta.

Como puede apreciarse se trata de un conjunto de propósitos que es sumamente ambicioso. Para conseguir y garantizar su eficaz cumplimiento, el texto presentado por el Gobierno apuesta por tres tipos de procedimientos: la regulación, sustentada en un régimen de contratación que obligue a formalizar por escrito los contratos alimentarios y destierre las prácticas comerciales abusivas; la autorregulación, mediante la puesta en marcha de un código de buenas prácticas mercantiles, así como de un observatorio de la cadena alimentaria; y el control administrativo, tipificando un régimen de infracciones y sanciones.

En el caso concreto de Cantabria estamos hablando de un sector de máxima relevancia para nuestra economía. Me constan los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el Gobierno autonómico. Sé que la Consejera de Ganadería y Pesca, Blanca Martínez, está en permanente contacto con los homónimos de otras Comunidades Autónomas, con el fin de presentar enmiendas que permitan mejorar la Ley. Por mi parte, como uno de sus co-ponentes, he podido comprobar el firme compromiso del Gobierno de la Nación con el sector agroalimentario en general y con el de Cantabria en particular.

Y precisamente, en dicha calidad de co-ponente, me gustaría hacer un llamamiento público a los representantes de todas las fuerzas políticas: el esfuerzo de todos es imprescindible para continuar mejorando el texto del Proyecto. Hay que dejar de lado las frases partidistas o de esgrimir verdades a medias, que a nadie benefician; el conjunto de la ciudadanía nos exige, en este y en todos los temas, que trabajemos juntos sobre un asunto que tiene que redundar en beneficio de toda la sociedad.

Ya en la segunda década del siglo XXI hemos de ser capaces, entre todos, de superar algunas carencias históricas del sector como son su alto nivel de atomización, la rigidez de la demanda, la estacionalidad de la oferta, la dispersión territorial o la heterogeneidad en la distribución alimentaria, dividida en dos canales tan distintos y con tan diferente capacidad de negociación como son, respectivamente, el de las grandes superficies y el referido al pequeño comercio especializado.

Por todo ello, creo que es imprescindible un análisis sereno y certero de la situación actual de la cadena de valor, tanto a escala nacional como cántabra. Estoy convencido de que debemos avanzar en la senda que permita acabar con las posibles condiciones de falta de transparencia en la formación de precios y con las prácticas comerciales potencialmente desleales y contrarias a la competencia, que distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario. Este correcto funcionamiento, garantizado por la unidad de mercado, se erigirá como un pilar estratégico que contribuirá a un mayor aprovechamiento de las economías de escala, la división del trabajo y la intensidad de la competencia, lo que reducirá los costes de producción, mejorará la productividad y permitirá alcanzar mayores niveles de empleo y de bienestar.

Tribuna de opinión publicada el 12 de abril de 2013 en El Diario Montañés