El Partido Popular en el Parlamento de Cantabria ha lamentado hoy, a través de su diputado Iñigo Fernández, "el exceso de demagogia y la ausencia de concreción" en la exigencia formulada por el Grupo Regionalista al presidente Ignacio Diego y a los representantes del PP cántabro en las Cortes Generales para promover cambios en la Ley de Montes.
Para Iñigo Fernández "resulta sorprendente que el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, jurista de profesión, actúe con tanta demagogia en lugar de hacerlo como lo que es, un hombre de Leyes", ya que, según el diputado del Partido Popular, en la solicitud del PRC para reformar la norma estatal de 2003 "no se hace ninguna propuesta concreta, no se menciona un solo artículo de la Ley que deba ser modificado, ni se propone ni una sola medida". "El PRC pide una reforma, pero no dice qué ha de reformarse", ha censurado Fernández, para quien "eso es un brindis al sol, impropio de un especialista del Derecho que debería caracterizarse por el rigor y la precisión".
En este mismo sentido, el diputado regional del PP considera "increíble" que un jurista hable, como ha hecho De la Sierra, de "derechos que se han venido reconociendo históricamente", cuando los derechos los otorgan las Leyes y el resto de normas del ordenamiento jurídico. A este respecto, Fernández ha indicado que "Rafael de la Sierra debiera saber que la Ley de Montes de 2003 no modifica el régimen de propiedad de los Montes de Utilidad Pública existente con anterioridad a su entrada en vigor".
En opinión de Iñigo Fernández, "ni el portavoz parlamentario del PRC ni los regionalistas cántabros están legitimados para alzar la voz en este asunto, porque cuando se promulgó la vigente Ley de Montes en 2003, y en su posterior reforma en 2006, el Grupo Regionalista no propuso ni una sola modificación al texto legal".
Por eso, desde el Grupo Popular aconsejan al PRC que dejen de lado el "oportunismo" y se pongan a trabajar en aquellos Ayuntamientos y Juntas Vecinales en las que gobierna aprovechando la Orden puesta en marcha por el Gobierno de Cantabria en relación a la Ley de Montes (Orden GAN/16/2012, de 19 de marzo de 2012) para permitir que los Montes propiedad de dichas entidades locales generen riqueza.
Según ha explicado Iñigo Fernández, mediante esta Orden el Ejecutivo ha desarrollado, a través de la concesión demanial, una nueva figura de aprovechamientos forestales de los Montes de Utilidad Pública que sustituye a los antiguos consorcios, algo que era necesario haber regulado desde la entrada en vigor de la Ley de Montes, en febrero de 2004, y que no hizo el Gobierno PRC-PSOE.
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