Partido Popular en Cantabria

Durante su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Investigación sobre CANTUR ante el Parlamento de Cantabria, el socio de Deloitte Abogados, Javier Menor, participante en la operación de compraventa del Racing de Santander, ha afirmado que su consultora "no estuvo" en las negociaciones entre Dumviro Ventures (la empresa de Jacobo Montalvo), que era su cliente, y el Gobierno de Cantabria, sino que "sólo" se encargó de la "formalización legal de los acuerdos".

Según ha dicho, el papel del despacho de abogados de Deloitte fue únicamente el de asesor jurídico para la redacción del contrato que se firmó en Zúrich el 28 de enero de 2011, pero no realizó valoraciones económicas de la operación. Javier Menor ha indicado que la firma se limitó a "volcar" en el contrato de venta de las acciones del Racing las indicaciones que recibía de su cliente y a plasmar los acuerdos de las partes (CANTUR-Dumviro-WGA), pero no participó en las negociaciones de las condiciones y tampoco sabe quién y cómo se tomó la decisión de levantar la prenda que tenía el Gobierno de Cantabria sobre las acciones.

A preguntas del portavoz del Partido Popular en esta Comisión, Íñigo Fernández, Menor no ha sabido precisar cuándo comenzó a hablar Deloitte Abogados con el Gobierno de Cantabria, si antes o después de que el 15 de enero de 2011, cuando WGA y Dumviro Ventures firmaron un "primer contrato". Sin embargo, ha aclarado que la "eficacia" de ese primer documento suscrito entre ambas partes dependía de una "premisa básica" que existía: el levantamiento de la prenda sobre las acciones por parte del Gobierno de Cantabria.

Durante su comparecencia ante la Comisión, Menor ha explicado que los contactos con el Gobierno de Cantabria se canalizaron a través de una asesoría jurídica del entramado de empresas y entidades públicas dependientes del Ejecutivo, aunque desconoce si esta dependía de CANTUR o del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF).

Cuestionado insistentemente por el portavoz del PP sobre la persona de la asesoría jurídica del Gobierno de Cantabria con la que normalmente hablaba Deloitte, Menor sólo ha podido precisar que era una "funcionaria". "El nombre exacto no me acuerdo", ha reconocido el abogado al ser interrogado en repetidas ocasiones por esa cuestión por Fernández, quien le ha reprochado que "el dato más relevante no lo tiene".

Para Fernández, tras oír a Menor y al hilo de lo relatado en comparecencias previas, cabe deducir que esta funcionaria es María Eugenia Gómez, una funcionaria del ICAF que, según afirmó el martes el letrado de Gómez Acebo y Pombo, Ángel Varela, era la interlocutora con dicho bufete durante la operación, y que el PP citará también a comparecer en la Comisión.

Iñigo Fernández ha lamentado que, acogiéndose al secreto profesional, el abogado de Deloitte no haya aclarado si, como asesores de Dumviro Ventures, y por tanto de su propietario Jacobo Montalvo, se avisó de los riesgos de la operación a su cliente, se le recomendó que se incluyeran avales por el total de la compraventa u otro tipo de garantías para asegurar el cobro, o si le instaron a encargar un informe sobre la solvencia de Ashan Ali Syed.

En este sentido, ha dicho desconocer quién encargó el informe sobre la solvencia de Ali Syed, elaborado por Credit Suisse y del que llegó a leer un borrador del que se desprendía que era de fiar.
Lo que sí ha aclarado Menor es que no coincidió con los abogados de Gómez-Acebo y Pombo - que asesoraban al Gobierno - hasta la reunión de Zúrich del 28 de enero de 2011 y no sabe si ese bufete puso reservas al levantamiento de la pignoración de las acciones o si recomendó elevar los contratos a públicos.