Partido Popular en Cantabria

El diputado y portavoz del PP en materia de Justicia en el Parlamento de Cantabria, Julio Bartolomé, ha aseverado hoy que la denominada Ley de Tasas Judiciales "tiene como finalidad principal la de garantizar el sostenimiento de la asistencia jurídica gratuita, a la que se destinarán prioritariamente los recursos que se recauden" y, de forma secundaria, "contribuir a evitar abusos en el uso de los recursos públicos".

El parlamentario del PP ha explicado que esta Ley, viene asociada a otra de inminente aprobación, como es la de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo ámbito se va a ampliar, tal y como ha anunciado en el Congreso de los Diputados el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y cuya financiación va a recaer de forma directa sobre el Estado, con el consiguiente beneficio para las comunidades autónomas.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Cantabria de esta tarde, donde se han debatido dos iniciativas de los grupos de oposición, PSOE y PRC, relativas a la aplicación de las tasas judiciales, Julio Bartolomé ha defendido que la participación de los ciudadanos en los costes de la Administración de Justicia no es algo nuevo en el ordenamiento jurídico, sino que se ha venido produciendo bajo diferentes figuras - como el arancel, el papel sellado o las tasas - salvo en el periodo comprendido entre 1986 y 2002. Por ello, el diputado regional del PP ha aclarado a los grupos de la oposición que lo que ahora se efectúa "no es en absoluto una novedad ni en cuanto al derecho histórico ni en cuanto al derecho vigente", sino que "es una ampliación en cuanto a los sujetos pasivos y una actualización de la cuantía".

Asimismo, Julio Bartolomé ha indicado que socialistas y regionalistas incurren en otro "grave error de planteamiento" al afirmar que las tasas van a ser aplicables a todos los órdenes jurisdiccionales, cuando el orden jurisdiccional social sólo está afectado en la segunda instancia y los procesos penales, que suponen aproximadamente el 75% de toda la actividad judicial, quedan exentos de pagar tasas judiciales. Van estar exentos numerosos supuestos, entre ellos los trabajadores en la primera instancia del orden jurisdiccional social, en el que sólo se aplicarán las tasas bonificadas en un 60% en instancias superiores, los procesos monitorios de una cuantía inferior a 2.000 euros, casi todos los procesos de familia y los que afecten a derechos fundamentales, a las víctimas de la violencia de género, de actos terroristas y un largo etcétera, así como aquellos casos en los que los ciudadanos puedan acogerse a la justicia gratuita, según señaló Julio Bartolomé.

De este modo, Bartolomé ha rechazado el empleo de argumentos por parte de los grupos de oposición como que la aplicación de esta Ley supondrá dificultades de acceso a la tutela judicial o justicia sólo para ricos, "cuando de lo que se trata es de una contribución a los gastos derivados de un proceso judicial que viene avalada por la historia y por la práctica de los Estados de nuestro entorno", ha dicho.

El portavoz de Justicia del grupo parlamentario Popular ha recordado que de los 48 Estados que participan en el Consejo de Europa, todos menos Luxemburgo tienen establecidas tasas judiciales o mecanismos equivalentes, con las que financian un 22,30% como promedio del coste de la Administración de Justicia.

Por ello, el diputado del PP ha rechazado también las críticas sobre un afán recaudatorio en la reforma de la Ley de Tasas Judiciales, puesto que, según ha apuntado, la recaudación que se espera alcanzar con esta medida se sitúa "muy por debajo de la media europea", llegando a los 400 millones de euros, un 12% del coste de la Administración de Justicia, que en España es de aproximadamente 3.900 millones de euros.

Tras admitir que la Ley no haya tenido una buena acogida, el parlamentario del PP ha subrayado que esta norma está basada en el "sentido de la responsabilidad" de un Gobierno "que busca resolver eficazmente los problemas" que tiene la Administración de Justicia.

En opinión de Julio Bartolomé, esta Ley está actuando como "catalizador" de los múltiples problemas que tiene la Administración de Justicia, entre los que ha enumerado las retribuciones, la escasez de medios, la Ley de planta y demarcación, la Ley Orgánica del Poder Judicial, o los procedimientos poco ágiles. "Esta Ley no sólo no va a contribuir a agravar estos problemas, sino que por el contrario es un paso hacia su solución", ha finalizado el diputado regional del PP.

Fotografía en Alta Resolución de Julio Bartolomé en el Pleno del Parlamento