El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy, con los votos del Partido Popular, el dictamen de la Comisión de Investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria en la instalación de la fábrica de fibroyeso de GFB en la localidad de Orejo.
En palabras de la portavoz del PP en la Comisión de Investigación sobre GFB, María Antonia Cortabirtarte, el dictamen, propuesto por el Grupo Popular a la Comisión de Investigación, plasma "los hitos más importantes en la efímera y lamentable historia de esta fábrica", así como las conclusiones a las que ha llegado su grupo parlamentario después del testimonio de 22 comparecientes y del estudio de la documentación puesta a disposición de la Comisión por Sodercan.
Durante su intervención ante el pleno del Parlamento, Cortabitarte explicó que en estas conclusiones, el Partido Popular aprecia responsabilidades de todo tipo, "que en su caso pudieran ser incluso de naturaleza penal", en un proyecto industrial que ha supuesto "la mayor perdida de recursos públicos de Cantabria", entre 45 y 50 millones de euros, "sin que exista posibilidad de recuperar la inversión pública efectuada".
Estas responsabilidades afectarían en primer lugar al ex presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, quien asumió públicamente la responsabilidad del proyecto en sede parlamentaria, así como a la ex vicepresidenta del Gobierno de Cantabria Dolores Gorostiaga y a los ex consejeros socialistas de Industria y Economía, Miguel Ángel Pesquera y Ángel Agudo; al ex consejero delegado de Sodercan y consejero de GFB, Salvador Blanco; al ex consejero delegado de Sodercan, José Villaescusa; y al ex director general de Sodercan, Francisco Royano.