Partido Popular en Cantabria

El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy, con los votos del Partido Popular, el dictamen de la Comisión de Investigación sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria en la instalación de la fábrica de fibroyeso de GFB en la localidad de Orejo.

En palabras de la portavoz del PP en la Comisión de Investigación sobre GFB, María Antonia Cortabirtarte, el dictamen, propuesto por el Grupo Popular a la Comisión de Investigación, plasma "los hitos más importantes en la efímera y lamentable historia de esta fábrica", así como las conclusiones a las que ha llegado su grupo parlamentario después del testimonio de 22 comparecientes y del estudio de la documentación puesta a disposición de la Comisión por Sodercan.

Durante su intervención ante el pleno del Parlamento, Cortabitarte explicó que en estas conclusiones, el Partido Popular aprecia responsabilidades de todo tipo, "que en su caso pudieran ser incluso de naturaleza penal", en un proyecto industrial que ha supuesto "la mayor perdida de recursos públicos de Cantabria", entre 45 y 50 millones de euros, "sin que exista posibilidad de recuperar la inversión pública efectuada".

Estas responsabilidades afectarían en primer lugar al ex presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, quien asumió públicamente la responsabilidad del proyecto en sede parlamentaria, así como a la ex vicepresidenta del Gobierno de Cantabria Dolores Gorostiaga y a los ex consejeros socialistas de Industria y Economía, Miguel Ángel Pesquera y Ángel Agudo; al ex consejero delegado de Sodercan y consejero de GFB, Salvador Blanco; al ex consejero delegado de Sodercan, José Villaescusa; y al ex director general de Sodercan, Francisco Royano.

El origen del "mayor quebranto patrimonial para las arcas públicas de la historia de Cantabria por el que nadie ha asumido responsabilidades", según explicó la portavoz del PP, se inició con la firma del entonces presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, del protocolo de 1 de marzo de 2004 en Costa Rica, con el Grupo Pujol Martí para la instalación de una fábrica de paneles de fibroyeso en Orejo, tal y como aseguró ha quedado acreditado en la Comisión de Investigación.

Según Cortabitarte, con aquella firma, Miguel Ángel Revilla adquirió el compromiso de aportar una parcela de suelo industrial de 120.000 metros cuadrados, a un precio máximo de 30 euros metro cuadrado en el plazo de 90 días; realizar el trámite de cuantas ayudas pudieran ser aplicables y participar en el capital social de la empresa mediante la aportación de 20 millones de euros en efectivo. "Todo ello sin ningún Plan de Viabilidad, y sin ningún tipo de informe técnico, ni económico, ni jurídico, que respaldara dicho acuerdo", matizó la diputada del PP.

Por su parte, en el protocolo el Grupo Pujol Martí se obligaba a aportar la maquinaria y los equipos necesarios para la puesta en marcha de la nueva fábrica; a finalizar la construcción e instalación antes del 31 de diciembre de 2005; a presentar un plan de viabilidad del proyecto en el plazo de 30 días y a crear 240 puestos de trabajo. Pero "nada de esto se cumplió y en cuatro meses se cambio radicalmente el contenido de este protocolo", lamentó María Antonia Cortabitarte, quien destacó que "el cambio más destacable y decisivo en todo el proceso, fue que el socio costarricense no aportó la maquinaria sino que la vendió a la nueva sociedad que se creaba que era GFB".

Sobrevaloración de la maquinaria

La parlamentaria del PP indicó que en la Comisión de Investigación también ha quedado acreditado que en la operación de compraventa de la maquinaria el Gobierno de Cantabria permitió, sin exigir "ningún tipo de tasación previa, ni ningún tipo de comprobación sobre la misma", el pago de un sobreprecio de 12,4 millones de euros "generando un beneficio por la mencionada cuantía para el socio privado, con el consiguiente perjuicio directo al interés público".

Esta operación, así como todos los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Administración de GFB desde su constitución y hasta que estalla públicamente el escándalo en marzo de 2008, se realizó con el consentimiento del Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla, puesto que, según Cortabitarte, en la Comisión ha quedado acreditado que "todos los acuerdos fueron aprobados por unanimidad, contando por tanto con el voto favorable de los Consejeros del Gobierno de Cantabria allí presentes - los consejeros de Economía y de Industria, Ángel Agudo y Miguel Ángel Pesquera - sin que consten reparos o votos contrarios de los citados responsables públicos, en acuerdo alguno, ni siquiera en la aprobación de los resultados y cuentas anuales de la empresa".

En este punto María Antonia Cortabitarte quiso recordar que Sodercan excedió en GFB el límite de inversión máximo autorizado al superar el 15% de sus recursos propios. La diputada del PP explicó que Sodercan no podía invertir en un proyecto más de 4 millones de euros y que sólo en la constitución de GFB ya aportó 11.580.000 al capital social, "casi el triple de lo permitido". "Para superar ese límite se requiere autorización previa del Consejo de Gobierno que, sin embargo, lo autorizó cuatro meses después sin contar con ningún informe técnico, plan de negocios o informe jurídico que lo avale", censuró.

Carencia de informes favorables y desaparición de los desfavorables

La portavoz del PP en la Comisión de Investigación sobre GFB también señaló que a lo largo de la Comisión se han detectado "numerosas contradicciones" en distintos testimonios, así como falsedades que podrían ser "susceptibles" de considerarse "falsos testimonios". Además, indicó que de los testimonios de los comparecientes con responsabilidad política en el proyecto se desprende su voluntad de derivar la responsabilidad hacia el personal técnico adscrito al proyecto "empezando por el propio señor Revilla que cuando compareció en la Comisión se escudaba continuamente en los informes técnicos", dijo.

Sin embargo, según la parlamentaria del PP, ha quedado acreditado no sólo que las decisiones adoptadas por los máximos responsables políticos "carecían de los preceptivos informes técnicos favorables", sino que hicieron "caso omiso" de los informes elaborados por los dos técnicos que participaron en el proyecto que ponían de manifiesto las "incertidumbres" y las "dudas" sobre la viabilidad del mismo, desaconsejando la participación de Sodercan, así como el informe de Cantabria Expansión que decía que el proyecto era inviable y de la auditoría que advertía de "irregularidades fiscales y contables" y de la "sobrevaloración" de la maquinaria.

A este respecto, María Antonia Cortabitarte indicó que también ha quedado acreditada por la declaración de los técnicos de Sodercan, la desaparición de esos informes técnicos desfavorables.

Por otra parte, la parlamentaria del PP avisó durante su intervención que en GFB pudo producirse un "fraude de ley" en la contratación de 77 trabajadores, que enseguida pasaron a un Expediente de Regulación de Empleo, puesto que en el verano de 2008 se contrataron 77 trabajadores con el único objetivo de "obtener subvenciones que aportasen liquidez al proyecto", cuando en ese momento ya se conocía la situación crítica que atravesaba el proyecto.

Todas estas conclusiones ahora se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y se remitirán al Gobierno de Cantabria, como manda el Reglamento de la Cámara. Ese mismo Reglamento es el que encomienda a la Mesa del Parlamento decidir, en su caso, si las conclusiones se trasladan también a la Fiscalía.

Fotografía en Alta Resolución 1

Fotografía en Alta Resolución 2

Fotografía en Alta Resolución 3

(Se adjunta en PDF el dictamen propuesto por el Grupo Popular a la Comisión de Investigación sobre GFB)