Partido Popular en Cantabria

En respuesta a las declaraciones efectuadas en este periódico el día 9 de marzo por el diputado regional del Partido Regionalista de Cantabria, señor Fernando Fernández, asegurando que el Gobierno de Cantabria no defiende los intereses de los ganaderos, cabe realizar las siguientes observaciones.

La financiación y también la normativa que sirve de base para el pago de las ayudas que reciben los ganaderos de Cantabria por su superficie de pastos la establece la Unión Europea, que es quien fija las condiciones a los ganaderos para recibir las ayudas. Su grado de cumplimiento es objeto de control tanto por la Comisión Europea como por el propio Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio.

Por tanto, no es cierto, como señala el diputado del PRC, que la Consejería de Ganadería utilice la interpretación más perjudicial de la "nueva normativa comunitaria", sino que, por el contrario, la Consejería intenta una aplicación lo menos lesiva posible para los intereses de los ganaderos de Cantabria, no estando en sus manos los criterios de interpretación.

Nada interesaría más a la Consejería de Ganadería que la recuperación productiva de los pastos comunales, tanto para que los ganaderos puedan justificar sin problemas las ayudas comunitarias, como para proteger este importante patrimonio natural del grave peligro que suponen los incendios forestales, amenazados por el progresivo abandono y matorralización de los mismos. No se olvide que, a este fin, dedica la Consejería importantes fondos en ayudas para el desbrozado de matorral destinados a las juntas vecinales y ayuntamientos, propietarios de estos pastos comunales.

No olvidemos tampoco que las juntas vecinales y demás entidades locales propietarias de los pastos comunales o, en su defecto, los ganaderos (por cierto, de explotaciones extensivas y no intensivas, como manifiesta con total desconocimiento el señor Fernández) que declaran esa superficie para cobrar las ayudas, deben administrar y mantener en condiciones de admisibilidad los pastos comunales. La Consejería de Ganadería puede ofrecer apoyo técnico y económico, pero la responsabilidad principal en la conservación de este patrimonio natural recae principalmente en quienes reciben ayudas con este fin.

El Servicio de Ayudas del Sector Agrario ha informado convenientemente a los ganaderos de los cambios de uso forestal llevada a cabo de oficio en 2011 por el FEGA a fin de que si hubiera alguna de pasto arbolado (roble, encinar abierto de interior), que pueda ser declarado para el cobro de las ayudas, se haga la oportuna presentación de alegaciones en las Oficinas Comarcales, donde se está llevando a cabo una importante tarea de información y asesoramiento, tanto a los ganaderos como a las Juntas Vecinales.

Señor Fernández: la Consejería de Ganadería debe velar para que las declaraciones de superficie comunal sean correctas y evitar sanciones y correcciones financieras en el montante total de los cuantiosos fondos que llegan a Cantabria de Bruselas (más de 40 millones de euros cada año) que supondrían un grave perjuicio para nuestros ganaderos, máxime cuando Cantabria tiene una investigación todavía abierta llevada a cabo en el año 2010 por la Comisión Europea donde los investigadores pusieron de manifiesto deficiencias en la gestión de dichas superficies.

En cuanto a la nueva Política Agraria Común (PAC) 2014-2020, la consejera ha creado un grupo de trabajo en el que se están analizando los Borradores de Reglamentos para enviar las correspondientes enmiendas al Ministro a fin de que sean presentadas ante el Parlamento Europeo.

En el caso concreto de las superficies objeto de ayuda, se están haciendo todos los esfuerzos para que la definición de hectárea admisible sea más flexible y no contemple sólo el forraje herbáceo, sino también otro tipo de forraje como es el arbustivo. Así en el encuentro mantenido por las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica el pasado día 20 de febrero, a la que acudió la consejera acompañada de los directores generales de Ganadería y Desarrollo Rural, se recogió la necesidad de que, en la definición de superficies admisibles, queden incorporadas las comunidades vegetales de pastos arbustivos. Propuesta que se ha hecho llegar al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Tribuna de opinión publicada el 12 de marzo de 2012 en El Diario Montañés