Partido Popular en Cantabria

El presidente del Partido Popular y del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, compareció este lunes, a petición propia, ante el Pleno del Parlamento, para informar sobre el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos que, según dijo, su Gobierno se vio "en la imperiosa necesidad" de aprobar el pasado 16 de febrero para "contener la sangría financiera de nuestra comunidad autónoma y asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales" ante la gravísima situación de la economía regional.

Ignacio Diego aseveró que el ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno tiene dos causas, que son la crisis y "el desmadre" de los ocho años de desgobierno del PRC y del PSOE. "La crisis reduce nuestros ingresos fiscales porque hay menos actividad económica y el desmadre nos pone entre la espada y la pared, porque alcanzó una magnitud próxima a la inviabilidad", señaló Ignacio Diego, para quien el mejor argumento es la deuda de 261 millones de euros que Cantabria tiene con empresas sanitarias "fuera del presupuesto y guardada en los cajones" por regionalistas y socialistas, a los que pidió que "compensen a todos los cántabros ofreciendo una actitud de arrepentimiento y de colaboración".

Durante su comparecencia, el presidente cántabro explicó que el Plan de Sostenibilidad responde simultáneamente a tres políticas absolutamente fundamentales para su gobierno: "la de transparencia, la de racionalidad pública y la de fomento de la recuperación económica". "Nace de decir la verdad de lo poco que ingresamos, lo mucho que gastamos y lo muchísimo que debemos; nace de asumir la responsabilidad de tomar decisiones y, en tercer lugar, nace de la voluntad de ganar un margen de maniobra financiero para poder realizar efectivamente todos los programas innovadores de fomento de la vida empresarial, de los planes de empleo, de la mejora de la educación y de la creación de nuevas infraestructuras y equipamientos", subrayó.

Ignacio Diego afirmó que las medias contenidas en el plan de ajustes permitirán ahorrar 157 millones de euros y suponen "la única alternativa para mantener la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales de todos los cántabros". Según explicó, algunas de esta medidas significan reformas permanentes en las estructuras de gasto de la administración autonómica que "harán viable en sí misma la autonomía de Cantabria", mientras que otras suponen esfuerzos temporales que "permitirán transitar el año 2012, que seguramente es el peor de toda la crisis desatada en el año 2008 y de la que anhelamos librarnos ya de una vez".

En este contexto, Diego quiso expresar su reconocimiento a los empleados públicos, a los que definió como "una pieza clave en la salvación de la actual situación". "Todo se hace por un bien público superior, que es hacer viable lo que PRC y PSOE malgobernado hicieron inviable", dijo Ignacio Diego, quien destacó como una característica fundamental del Plan de Sostenibilidad su elaboración "tras semanas de intenso debate, de jerarquización de las prioridades, de calado de las medidas, de evaluación de su impacto sobre las personas", porque según dijo, "al fin y al cabo son nuestra máxima preocupación".

En este sentido, Ignacio Diego reconoció que el Plan de Sostenibilidad es el acuerdo más difícil e ingrato de cuantos ha tenido que adoptar un Gobierno desde que Cantabria se convirtió en comunidad autónoma, pero mostró su confianza en que servirá para "tomar impulso". "Estas medidas han de servirnos como el punto de inflexión, como el primer peldaño hacia el ascenso, después de años de caída", dijo.

No obstante, los ajuste aplicados por el Partido Popular son, para Ignacio Diego, mucho menos duros que los recogidos por el Gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla en su Plan de Reequilibrio Financiero, que contenía recortes por valor de 271 millones de euros en educación, sanidad y atención a la dependencia, acompañados de una subida de tasas e impuestos.

A juicio de Ignacio Diego, el anterior Gobierno no lo llegó a aplicar antes de las elecciones porque sólo miraba "por su interés" y por mantenerse en "la poltrona" y "no por el interés de los cántabros".

Medidas

Las medidas que afectan al capítulo de gastos se enmarcan, según explicó Ignacio Diego, sobre el sector público empresarial y fundacional, sobre el personal a cargo de la Administración regional, sobre sus gastos de funcionamiento y sobre instituciones y órganos consultivos cuyo presupuesto depende del Gobierno de Cantabria.

Diego hizo especial hincapié en la necesaria reestructuración del sector público empresarial y fundacional, que entre 2004 y 2011 sufrió unas pérdidas de 261 millones de euros, "casualmente la misma cantidad que suman las facturas impagadas del Servicio Cántabro de Salud que ahora debemos pagar". Con la reestructuración las empresas públicas de la región se reducirán de 45 a 22 y, sólo en 2012, el "ahorro" se valora en 48 millones de euros, teniendo en cuenta, además, que sólo en 2011 las empresas públicas regionales presentaron unas pérdidas aproximadas de 50 millones de euros.

En este punto, el presidente cántabro se comprometió a que la reducción de personal que esta medida traerá consigo "no afectará a más allá del 10% del total de la plantilla", que actualmente integran cerca de 1.600 personas.

Dentro de este proceso de reestructuración, Ignacio Diego también aseguró que se externalizarán algunos servicios, lo que supondrá para la Hacienda regional "un giro copernicano" puesto que "todas las instalaciones y servicios que venían generando, año tras año, pérdidas y por tanto déficit a la comunidad autónoma, pasarán a suponer una nueva vía de ingresos a través de los cánones sobre los que concursarán los interesados".

"Es pasar de perder a ganar, las pérdidas de las empresas públicas se han acabado", subrayó, para pasar a desgranar una a una las medidas del Plan de Sostenibilidad, desde la reducción de liberados sindicales hasta el aumento del horario al personal del Servicio Cántabro de Salud y a los profesores de Secundaria o el aumento de la ratio de alumnos por aula, hasta un máximo de 30, en la ESO; entre otras medidas como la reducción del tamaño del Parlamento de 39 a 35 diputados o la suspensión temporal del Consejo Económico y Social, el Consejo de la Mujer y el Consejo de la Juventud.

A esta batería de medidas sobre el gasto público, que supondrá un ahorro global para las arcas regionales de aproximadamente 127 millones de euros, se suman cuatro medidas en materia de ingresos que supondrán 30 millones adicionales en este ejercicio: la adecuación de los precios públicos de matrícula en las Enseñanzas Especiales, esto es, la Escuela Oficial de Idiomas, el Conservatorio de Música y la Escuela de Vela; el incremento de la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos, previendo una capacidad generadora de recursos de 1,9 millones de euros anuales; la actualización del canon de saneamiento, cuya incidencia sobre el recibo del agua de los ciudadanos será de apenas 3 euros al mes por vivienda; y la implantación del tramo autonómico del impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, que gravará con 4,8 céntimos cada céntimo de combustible, y en la que quedarán exentos el gasóleo para calefacción, así como el agrícola y el pesquero, a la vez que "se articulará el mecanismo para garantizar la devolución del 100 por 100 a los profesionales del transporte de mercancías y pasajeros por carretera".

Fotografía en Alta Resolución 1

Fotografía en Alta Resolución 2

Fotografía en Alta Resolución 3

(Se adjunta comparecencia de Ignacio Diego en PDF)