Partido Popular en Cantabria

Los diputados del Partido Socialista (PSOE) y el Partido Regionalista (PRC), hasta junio socios en el Gobierno de Cantabria y desde entonces socios en la oposición, tienen todo el derecho y toda la legitimidad democrática para criticar el presupuesto para 2012 elaborado por el Partido Popular (PP), plantear enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales al mismo y, en última instancia, para votar en contra en el Parlamento si así lo desean. Nadie se lo discute. Ahora bien, algunos de los argumentos que han venido utilizando para ello son más que discutibles, otros se contradicen entre sí y todos, absolutamente todos, chocan con la realidad de la herencia que han dejado tras ocho años de mandato en las instituciones de Cantabria.

El PSOE, el hermano menor de la coalición que forman los dos partidos de la oposición, estuvo meses propagando la amenaza de que los presupuestos contemplarían recortes sociales para los ciudadanos. Lo decían siguiendo instrucciones de Madrid y en apoyo del discurso electoral del candidato Pérez Rubalcaba, a quienes los ciudadanos dieron la espalda, por cierto, el pasado 20 de noviembre. Los recortes sociales que se avecinaban eran la especie más difundida por los socialistas en todos los foros y en todos los debates, pero la realidad ha sido muy distinta. En un contexto de control del gasto, imprescindible para superar la crisis económica en la que los socialistas han sumido al país, el presupuesto de Educación sube un 0,03%, el de Vivienda un 1%, el de Sanidad un 3,28% y el de Empleo un 9,51%, por ejemplo. Es decir, el presupuesto recorta las partidas de gasto corriente y gasto de personal, recorta en empresas públicas y recorta en el entramado de altos cargos y consejerías, para destinar esos recursos a la Educación, la Sanidad, las Políticas Sociales y el Empleo.

El PRC, por su parte, ha basado su crítica al presupuesto en que considera que sería deseable un aumento de las inversiones. Lógicamente, todos los grupos políticos y todos los diputados de la Cámara desearían incrementar las inversiones, empezando por los miembros del Gobierno, pero la realidad es que los recursos son los que son y aumentar el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas es en este momento imposible, entre otras razones porque lo impide la Unión Europea y porque lo condiciona la nueva legislación española. La situación exige actuar con los recursos de los que se dispone, priorizar en los gastos y administrar los fondos públicos de la mejor manera posible. Si los gobiernos anteriores, formados por socialistas y regionalistas, no hubieran despilfarrado el dinero público de la manera en que lo hicieron (empresas públicas, GFB, Marca Racing, Cantur, Fundación Comercio...) quizá en este momento la situación no sería tan angustiosa. En todo caso, el presupuesto para 2012 aumenta un 3% las partidas del capítulo VI (inversiones reales), después de varios años consecutivos de rebajas, por lo que las dudas del PRC debieran quedar despejadas, también, en este sentido.

Pedir más inversiones y más gasto en todas las áreas es muy fácil, pero el PRC debería haber dicho de dónde obtener esos recursos. ¿Habrá que hacer caso al diputado José María Mazón, uno de los máximos dirigentes de los regionalistas, cuando propuso recortar en Educación y en Sanidad?. Lo pidió en un debate celebrado en el Colegio de Ingenieros, en el que defendió que los recortes en el gasto se aplicaran por igual en todas las áreas: "Si hay que recortar en Educación, que se recorte en Educación, y si hay que recortar en Sanidad, que se recorte en Sanidad". Esa misma noche fue desautorizado por su propio partido, aunque en todos quedó la certeza de que, cuando Mazón habló en esos términos, era porque algo había oído entre los suyos.

Efectivamente, el presupuesto podía haber sido más inversor, y lo habría sido, sin duda, si socialistas y regionalistas no hubieran multiplicado por cuatro el endeudamiento de la región en estos años (1.600 millones de euros de deuda bancaria, 400 millones de financiación estructurada y, hasta el 30 de junio, 250 millones de deuda a proveedores y 203 millones en el Servicios Cántabro de Salud); y lo habría sido, también, si los presupuestos de 2012, 2013 y 2014 no aparecieran comprometidos en muy buena medida por la necesidad de hacer frente a pagos plurianuales como consecuencia de obras hechas antes de las elecciones para ser pagadas en los tres próximos ejercicios. Por ejemplo, la nueva sede de la Consejería de Obras Públicas en el antiguo Palacio del Mueble, inaugurada por el PRC, obliga al Gobierno de Cantabria a pagar 1,1 millones de euros al año hasta el 2024. Algunos de plurianuales implican compromisos presupuestarios que se prolongarán hasta el año 2031.

Por supuesto que el Gobierno de Cantabria hubiera deseado confeccionar un presupuesto con un margen de maniobra mucho mayor, sin tantas cargas heredadas de los anteriores gestores, sin tanta deuda y sin tanto plurianual, pero la realidad es la que es. Y no por culpa del PP. Quienes critican son, en este caso, quienes más deberían de callar, como autores de la herencia recibida.

En todo caso, Cantabria tendrá el 2 de enero un nuevo presupuesto que, si no es el ideal, sí es al menos el mejor de los posibles en la situación actual.

Tribuna de opinión publicada el 27 de diciembre de 2011 en El Diario Montañés