Partido Popular en Cantabria

El diputado del grupo parlamentario Popular Carlos Bedia ha querido matizar hoy las declaraciones de los miembros de Comisiones Obreras del comité de empresa de Sniace, afirmando, de forma categórica, que lo que solicita la compañía al ICAF "no es un aval, sino un préstamo de 60 millones de euros en la que el Instituto de Finanzas de Cantabria asume el cien por cien del riesgo ante un posible impago por parte de la empresa".

"La realidad es que, a quien el BEI ha concedido un préstamo para este proyecto, es al ICAF - que tiene la garantía del Gobierno de Cantabria - y por tanto, es el ICAF quien financiará, en su caso, el proyecto, a través de un préstamo a largo plazo de 59 millones de euros, que se otorgarían al grupo Sniace", sentenció Carlos Bedia.

Según explicó el parlamentario del PP, este préstamo, en caso de ser aprobado, tendría un fuerte impacto en las cuentas del ICAF, ya que se trata de casi la mitad del volumen total de la financiación otorgada por el ICAF hasta la fecha. "Estaríamos en una situación en la que el ICAF tendría una altísima concentración de riesgo", aseveró Bedia.

"Es decir, en caso de que el préstamo para el proyecto de Bioetanol no pudiera ser repagado por el Grupo Sniace, las consecuencias negativas para la solvencia del ICAF y, por tanto, para el Gobierno de Cantabria, serían muy graves, ya que en cualquier caso, aunque Sniace no pudiera hacer frente al pago de la deuda, el ICAF sí debería devolver el préstamo al BEI", añadió el diputado del PP.

En un escenario de impago y de calificación de la operación como fallida sería, en última instancia el Gobierno de Cantabria quien tendría que dotar de los recursos necesarios al ICAF para poder hacer frente a las obligaciones asumidas ante el BEI. Por este motivo, y porque se está hablando de la gestión de fondos públicos, es absolutamente razonable que el Gobierno de Cantabria "quiera examinar con el máximo rigor la solvencia técnica del proyecto, las condiciones actuales de mercado, la disponibilidad de los fondos propios por parte del Grupo Sniace, las garantías para cubrir el préstamo y la capacidad de repago de la deuda".

Asimismo, Carlos Bedia puntualizó que "no es cierto que la vigencia de dicha oferta esté limitada a seis meses desde su aprobación en junio". Según Carlos Bedia, la realidad es que la operación puede ser firmada hasta el 16 de junio de 2012, y podría tener prórrogas anuales (previa aprobación por el BEI) hasta junio de 2015. "Por lo tanto, hay plazo de sobra para estudiar el proyecto con la calma y el rigor que exige el volumen y el riesgo del mismo", dijo.

Por último el diputado del Partido Popular entiende "la preocupación del comité de empresa", pero añade que "el Gobierno de Cantabria tiene la obligación legal y moral de velar por el interés público y por el destino de los fondos que destina a inversiones".