Partido Popular en Cantabria

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Cantabria, Ana Madrazo, señaló este martes que uno de los principales problemas que tiene España es "el descontrol económico" de las administraciones públicas y por eso explicó que la reforma de las Administraciones ocupa un lugar clave dentro de las reformas que propone el Partido Popular.

"Cambiar España pasa por cambiar los hábitos de la Administración e introducir transparencia, racionalidad y austeridad", aseveró Ana Madrazo, para quien este "cambio total" pasan por priorizar y poner coto a determinados gastos secundarios, para servir a la creación de empleo y consolidar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA:

Uno de los problemas principales de España, que repercute directamente sobre la situación económica del país, es el descontrol económico de las administraciones, la proliferación de organismos y entes públicos, y la falta de un marco claro de competencias bien delimitadas, que lleva a pérdida de eficacia y a gastos redundantes.

Por ello, dentro de las grandes reformas que propone el Partido Popular, la reforma de la Administración ocupa un lugar clave. Cambiar España pasa por cambiar los hábitos de la Administración e introducir transparencia, racionalidad y austeridad.

Uno de los efectos de la burbuja de la deuda ha sido la burbuja de las administraciones, que han crecido más allá de lo que el país se puede permitir. Es hora de poner orden, priorizar y poner coto a determinados gastos secundarios, para servir a la creación de empleo y consolidar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Este es un tema vital para España. Si queremos financiar nuestras inversiones públicas y privadas, las administraciones tienen que dar una imagen de solvencia y de buen gobierno.

1. Promoveremos una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que desarrolle el reciente compromiso adquirido con la Eurozona a través de la reforma constitucional.

Precisaremos procedimientos de distribución de los límites de déficit y deuda entre las diversas administraciones, los supuestos excepcionales, la forma y plazo de corrección de las desviaciones, y las responsabilidades derivadas de los incumplimientos.

La orgía del déficit público se tiene que terminar para siempre, porque lleva a España a un callejón sin salida y a un desempleo estratosférico. El déficit excesivo da la imagen de que no podremos devolver los préstamos, y eso hace que no fluya el crédito hacia España, o que lo haga a tipos de interés prohibitivos. Eso está frenando nuestra economía y estancando la situación de alto desempleo. Hay que garantizar la solvencia de las Administraciones, no sólo para conseguir créditos para las inversiones, sino también para garantizar a los ciudadanos el Estado del Bienestar, que tiene una base económica que no se debe poner en peligro, como han hecho los socialistas con sus políticas de los últimos años.

2. Llevaremos a cabo un Plan de Austeridad que comprometerá a todas las administraciones, eliminando gastos superfluos y estableciendo incentivos a la eficiencia.

Vamos a racionalizar y, si hace falta, suprimir organismos y entes públicos cuyas funciones puedan ser desarrolladas por la propia administración. Queremos también fomentar una política de gestión del patrimonio y de los alquileres de todas las administraciones.

Asimismo, queremos reducir el número de altos cargos, de personal eventual y los gastos corrientes de las administraciones. Esto ya se ha empezado a realizar en los niveles autonómico y municipal después de las elecciones del 22 de mayo, es un proceso en marcha,

3. Transparencia: Proponemos aprobar una ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Estamos convencidos de que la transparencia es la mejor arma para combatir el despilfarro y la ineficacia, así como los comportamientos indebidos con los fondos públicos. La transparencia de la administración es un derecho de los ciudadanos y un símbolo de la calidad de una democracia.

Por ejemplo, queremos exigir que los presupuestos de todas las administraciones distingan los gastos correspondientes a servicios públicos básicos de aquellos que no lo son. Así el ciudadano tendrá un conocimiento preciso de los recursos que se destinan a funciones esenciales, para poder valorarlo.

4. Autonomías y ayuntamientos: España tiene que funcionar con una coordinación territorial mucho mayor, lo que significa delimitar con nitidez las competencias de las administraciones regionales y municipales, para evitar duplicidades y gastos redundantes.

Cada una tiene que hacer sólo aquello que le corresponde, evitando la tendencia a hacer de todo. El reto es que cada uno optimice la gestión que le asignan las leyes, sin extenderse a otros temas que son de otras administraciones.

Queremos aprobar una ley básica del gobierno y administración local que, partiendo del respeto a la autonomía de los ayuntamientos, les fije con más claridad las competencias y les dote de los instrumentos de gestión más adecuados. Esto supone consensuar un nuevo modelo de financiación local que respalde esa nueva situación.

España tiene más de 8.000 municipios y la situación actual evidencia la necesidad de agrupar servicios para reducir costes y prestar mejor determinados servicios. Estas agrupaciones tienen que ser voluntarias, pero deben existir claros incentivos para los que sepan compartir.

En resumen, el cambio que proponemos es también un cambio cultural en el sector público.