Partido Popular en Cantabria

El grupo parlamentario Popular ha registrado una iniciativa en la que solicita la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones del anterior Gobierno de Cantabria para la instalación de una fábrica de fibroyeso de GFB en la localidad de Orejo.

Así lo dio a conocer hoy el portavoz del Partido Popular en el Parlamento, Eduardo Van den Eynde, quien recordó que en las pasadas legislaturas el PP ya planteó "muchos interrogantes" sobre este proyecto industrial y que incluso llegó a solicitar la constitución de una comisión de investigación que fue denegada por el voto de los grupos regionalista y socialista.

Van den Eynde explicó que aquella solicitud al igual que esta vienen motivadas por el "indudable interés público" que despierta el asunto objeto de la comisión de investigación que se solicita, dado el volumen de aportaciones con riesgo asumido por la comunidad autónoma a través de las empresas públicas Sodercan y Sican.

Según Eduardo Van den Eynde, del análisis de la documentación relativa a empresas públicas, entre ellas auditorias y libros mayores contables, remitidos recientemente por el actual gobierno al Parlamento a solicitud del Partido Popular, se desprenden "más incógnitas que certezas" y "múltiples interrogantes que deben ser esclarecidos".

En palabras del portavoz parlamentario del PP "el único instrumento que a los diputados, y por tanto a los ciudadanos, les permite conocer cómo fue el proceso de tal implantación y cómo se produjo un fracaso de tal magnitud es la creación de una Comisión de Investigación" y, de este es el modo, según Van den Eynde, de poder contribuir a "una solución final que permita un retorno parcial o total del dinero público comprometido, sirviendo de apoyo a los actuales gestores para buscar soluciones viables a lo que hoy en día es simplemente un monumento a la negligencia en la gestión de recursos públicos".

Texto de la rueda de prensa:

Les he convocado a esta rueda de prensa para informales de que nuestro Grupo Parlamentario ha registrado en el día de ayer una proposición para su debate y votación en el Pleno de la Cámara y que tiene como objeto la creación de una Comisión de Investigación sobre todo lo referente al proceso de implantación en Cantabria de la planta de fibroyeso denominada Suyesa-GFB.

Como recordarán muchos de ustedes, en 2008, en concreto el 19 de junio, varios diputados del grupo popular solicitaron la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones del gobierno regional presidido por Miguel Ángel Revilla en este proceso de implantación industrial de la mencionada empresa.

Aquella solicitud, al igual que esta, vino motivada por el indudable interés público del asunto, dado el volumen de aportaciones - con evidente riesgo - asumido por nuestra comunidad autónoma a través de las empresas públicas Sodercan y Sican, y dado el enorme fiasco que ha supuesto la gestión de este proyecto que sin llegar ni siquiera a producir, se encuentra en concurso de acreedores.

Entonces estimábamos, en función de los escasos datos que llegamos a conocer, y dada la actitud opaca del anterior gobierno, que tales aportaciones se movían en el entorno de los 40 millones de euros, aunque hoy los datos de que disponemos nos hablan de que se superan posiblemente los 50 millones de euros aunque este es uno de los datos sobre los que existen incógnitas.

No hace falta, tampoco, que les recuerde el gran número de debates parlamentarios, interpelaciones, preguntas orales, preguntas por escrito y solicitudes de información, tanto en pleno como en comisión, que nuestro grupo formuló a los principales responsables del anterior gobierno: consejeros de industria sucesivos, presidente del gobierno, consejero de economía... en relación a la situación del proyecto, a las gestiones realizadas, a los resultados obtenidos, a los recursos comprometidos y a las garantías del proyecto; y en lo referente al retorno de la inversión o, en su caso, a la puesta en marcha y consolidación del proyecto empresarial y, por tanto, a la creación y mantenimiento de sus puestos de trabajo.

Todas esas iniciativas chocaron sistemáticamente contra un muro de opacidad; se ocultaron datos, se dieron informaciones parciales y en muchos casos informaciones inexactas o manipuladas con el fin de que no trascendiera a la opinión pública una gestión que podríamos quizás calificar como de negligente. Un auténtico disparate si nos ceñimos a los datos conocidos.

Si estando en la oposición, y ante la gravedad de los indicios, solicitamos la creación de una comisión de investigación, sería una absoluta incoherencia que hoy, que disponemos de más datos, pero sorprendentemente de muchos más interrogantes, no hiciéramos los mismo.

Uno de nuestros principales compromisos electorales y sin duda uno de los más valorados por los ciudadanos para darnos su confianza mayoritaria es el de implantar de una vez y para siempre la transparencia en la gestión de los asuntos públicos de la región.

Prometimos que los ciudadanos conocerían cómo ha sido y cómo es el uso del dinero público y lo vamos a cumplir. Hablo en pasado, en presente y en futuro, porque la transparencia ha venido para quedarse.

Durante ocho años hemos padecido la falta de información y lo malo es que esa opacidad ha contribuido decisivamente a que se hayan desarrollado malas prácticas en la administración y muy especialmente en aquellas áreas de la administración que escapan con mayor facilidad al control parlamentario.

Cumpliendo precisamente este compromiso electoral, una de nuestra primeras iniciativas ha sido la solicitud al nuevo gobierno de las auditorias y libros mayores contables de las empresas públicas.

Si recuerdan, cuando solicitamos dicha información al anterior gobierno, el entonces Consejero de Economía, Ángel Agudo, nos instó a ganar las elecciones, ya que era la única forma de que se pudiera acceder a tal información.

Nos ocultaron la información y al hacerlo, ocultaron la información a los ciudadanos y los ciudadanos tienen el sagrado derecho a conocer siempre en qué, como y por qué se gasta su dinero. Tener que insistir en la trascendencia de este principio tan simple parece inconcebible, pero es esencial si queremos un sistema democrático que merezca tal denominación.

Uno de los asuntos prioritarios, por el quebranto que ha supuesto desde el punto de vista económico a nuestra comunidad y porque siempre ha estado bajo esa impenetrable opacidad, es el de Suyesa-GFB.

He leído los argumentos de la oposición y son insostenibles. Dicen que ya se debatió el asunto, e incluso que si esto es prioridad para el gobierno.

Miren yo les digo que este asunto ha estado siempre como prioritario en la agenda del nuevo gobierno. En la del gobierno para intentar solucionar el desastre y conseguir una salida, la mejor posible, para los intereses de Cantabria. En ello están trabajando los nuevos gestores de Sodercan sin descanso, es una prioridad absoluta, tengan en cuenta que el día 28 de septiembre vence el plazo para presentar convenio de acreedores en el procedimiento concursal.

Pero esto es el parlamento, y también es un asuntos prioritario para nuestro grupo parlamentario el esclarecer cómo se ha llegado a esta situación. Esto no es la sede del gobierno, el gobierno se ocupa de buscar soluciones y está en ello a tiempo completo, y el parlamento se ocupa de contribuir a esa búsqueda de soluciones y también a esclarecer un proceso lleno en muchísimas incógnitas.

Porque del análisis de la documentación remitida se desprenden aún más incógnitas que certezas.

Hay múltiples interrogantes que deben ser esclarecidos y el único instrumento que a los diputados, y por tanto a los ciudadanos, les permite conocer cómo fue el proceso de tal implantación y cómo se produjo un fracaso de tal magnitud es la creación de una Comisión de Investigación en los términos que se contemplan en el reglamento de esta Cámara.

Esa es, a nuestro juicio, la única forma de conocer la verdad, de conocer cómo y por qué se llegó a la situación actual, y, por tanto, de poder contribuir a una solución final que permita un retorno parcial o total del dinero público comprometido, sirviendo de apoyo a los actuales gestores para buscar soluciones viables a lo que hoy en día es simplemente un monumento a la negligencia en la gestión de recursos públicos.