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Nuevas Generaciones lamenta que el Consejo de la Juventud de Cantabria rechace la austeridad en las Administraciones Públicas

La organización juvenil del Partido Popular considera una prioridad restablecer en los mercados internacionales la confianza en la economía española y aplaude que la Constitución establezca criterios de disciplina presupuestaria y limite la capacidad de gasto de las administraciones.

 

Nuevas Generaciones del Partido Popular de Cantabria considera acertada la reforma constitucional impulsada por los dos partidos mayoritarios y por la cual se introducen en la Carta Magna criterios de disciplina presupuestaria y límites a la expansión del gasto público. NN.GG. defiende que la apuesta por la estabilidad presupuestaria es la mejor herramienta para asegurar la viabilidad del Estado del Bienestar, la generación de empleo y el regreso de España a la senda de la prosperidad.

"El excesivo volumen de deuda y déficit público supone un gran lastre para la economía española, en tanto en cuanto dificulta y encarece la financiación de los agentes productivos, al tiempo que genera un coste inasumible para las arcas públicas. Sólo el pago de intereses del Estado Central superará, en 2011, los 25.000 millones de euros", afirmó el Secretario Nacional de Economía de Nuevas Generaciones, Gonzalo Cayón.

Gastar más de lo que se ingresa no sólo merma la confianza internacional y pone en riesgo la viabilidad del Estado del Bienestar, también supone un lastre para el futuro de España, afectando particularmente a las generaciones más jóvenes. Así lo defiende el Vicesecretario de Organización de NN.GG. Cantabria, Enrique Couto, para quien "los jóvenes son los más perjudicados por el déficit excesivo de las Administraciones Públicas al sufrir hoy sus consecuencias en términos de empleo y cargar durante toda su vida con el pago de la deuda. Es incomprensible e inaceptable que la Dirección del Consejo de la Juventud de Cantabria se enfrente al sentir mayoritario de los jóvenes de la región y se oponga a una reforma constitucional que apuesta por la responsabilidad presupuestaria".

El incremento del riesgo país, vinculado a los procesos de endeudamiento excesivo, tiene un impacto directo sobre la competitividad de las empresas españolas al reducir la cantidad de financiación disponible en los mercados e incrementar el coste de ésta. Como el Estado requiere de fondos para financiar su déficit y compite con la economía productiva para hacerse con ellos, el problema se agrava para las empresas, generando una espiral de tensiones financieras y desempleo creciente. La reforma constitucional, propuesta ya por Mariano Rajoy el 25 de junio de 2010, supone un paso necesario para que Europa y los mercados internacionales recobren la confianza en la economía española.

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