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COMUNICADO DEL PARTIDO POPULAR DE CANTABRIA

El Partido Popular tanto en su labor de oposición como en el programa electoral con que concurría a las recientes elecciones autonómicas ha expresado de forma rotunda su compromiso con la Universidad de Cantabria, el apoyo a todos los miembros de la comunidad académica y muy especialmente al papel que sus investigadores han de desempeñar en el desarrollo de nuestra región.

Hay ejemplos tan recientes de ese compromiso y el reconocimiento de esta formación política hacia la Universidad de Cantabria como el anuncio del alcalde de Santander sobre la creación de un área específica de coordinación y relaciones con la universidad.

La mayoría absoluta que los ciudadanos cántabros han otorgado a la lista encabezada por Ignacio Diego permite que la labor de gobierno próxima sea asumida desde el sosiego y la tranquilidad.

Eso es lo que haremos, ponernos al frente de un gobierno con importantes retos por delante, que centrarán toda nuestra acción política, igual que es de esperar que en un momento como el actual, en el que hoy nos anuncian problemas en la reforma de los estatutos universitarios, las autoridades académicas centren su acción y su atención en resolverlos con lo que la Universidad de Cantabria necesita.

La posibilidad de gobernar con estabilidad también va a permitir al Partido Popular, por razones de responsabilidad política, esclarecer actuaciones anteriores en las que se les negó toda información por parte de quién estaba obligado a darla, el gobierno saliente. Ni tan siquiera otros actores implicados, de carácter institucional, tuvieron el detalle, frecuente en otros escenarios democráticos, de ofrecer esa información a la oposición.

El ejemplo más palmario ha sido todo lo relacionado con el concurso Eólico del que el Partido Popular ha conocido entre otras cosas la advertencia del Defensor del Pueblo de la existencia de un posible fraude de ley en la resolución del concurso.

A esto hay que añadir la negativa de los servicios internos del gobierno a continuar con la tramitación de los proyectos, algo que no extraña cuando los expertos en legislación ambiental ven lagunas legales importantes como la no adaptación al plan energético en vigor, el no disponer de una Evaluación Ambiental Estratégica, la reciente modificación del plan "a medida" del concurso ya resuelto y la presentación, ahora sí, del estudio de la Evaluación Ambiental Estratégica cuyas conclusiones han de venir por pura lógica condicionadas por los compromisos adquiridos.

Cualquier ciudadano comprenderá que los dirigentes del Partido Popular no van a renunciar a cualquier opción que ofrezca recursos para afrontar la difícil situación que va a heredar, entre ellas una sobre la que se ha pronunciado claramente a favor: la de las energías renovables.

Nuestra prioridad es garantizar la seguridad jurídica de cualquier proyecto y no cometer errores del pasado que tanto daño está produciendo a nuestra tierra, y asegurarnos de que futuras sentencias judiciales adversas no implicarán dramáticas compensaciones económicas a pagar por todos los cántabros.

Junto a ello garantizaremos que las soluciones que se elijan sean las mejores ambientalmente, capaces de generar los puestos de trabajo que tanto necesita Cantabria y que es nuestra prioridad política, así como que los proyectos de I+D reúnen los requisitos necesarios para ser un incentivo y no una carga para nuestra universidad.

En el caso de que no se cumplan estos requisitos, no sólo nos limitaremos a llevar corregir esas deficiencias, sino que trabajaremos para aclarar quién por acción u omisión es responsable.

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