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El cambio por la transparencia

El 16 de abril de 2011, Ignacio Diego suscribió, junto a las 43 personas que le acompañan en su candidatura autonómica, el Manifiesto de Torrelavega, como compromiso efectivo ante todos los ciudadanos en relación con los valores de transparencia que forman el corazón del sistema democrático.

 

MANIFIESTO DE TORRELAVEGA

Nosotros, los integrantes de la Candidatura del Partido Popular para las elecciones al Parlamento de Cantabria que se celebrarán el próximo domingo 22 de mayo, suscribimos la siguiente declaración, que sirve como compromiso efectivo ante todos los ciudadanos en relación con los valores de transparencia que forman el corazón del sistema democrático.

Y así, hoy públicamente MANIFESTAMOS:

La Democracia consiste en que todos los poderes de las instituciones emanan de la libre voluntad de los ciudadanos, expresada conforme a los principios constitucionales y normas jurídicas que ellos mismos se han dado como sistema de derechos y deberes de las personas. La Democracia, para su correcto funcionamiento, necesita que tanto los ciudadanos como sus legítimos representantes en las instituciones tengan el debido acceso a la información necesaria para la toma de decisiones meditadas y fundadas, de modo que la autodirección de una sociedad se efectúe sobre la base de la verdad contrastada, y no sobre falsificaciones u ocultaciones de la realidad. Varios países de Europa han sido testigos directos recientemente, en el campo económico, de las gravísimas consecuencias de basar decisiones institucionales sobre premisas falsas o confusas. Ejemplos que nos muestran que la transparencia democrática es no solamente un valor ético exigible en las instituciones, sino también una herramienta indispensable para el buen gobierno y la creación de empleo.

Es la transparencia, y únicamente la transparencia, la condición sine qua non que posibilita que los ciudadanos, de quienes emana la legitimidad de todo poder, puedan conocer, constatar y comprobar, por sí o por sus representantes políticos, si las acciones de los gobernantes se han llevado a cabo conforme a su mandato, con el interés común como único objetivo, o si, por el contrario, dichas acciones han sido desviadas en virtud de otros intereses diferentes, de menor legitimidad o de ninguna.

Cuando hay transparencia, los ciudadanos saben por qué razones se ha tomado cada decisión, en qué estado se encuentra cada expediente, con qué criterio se adjudican los contratos y en qué se gasta hasta el último céntimo de dinero recaudado por la vía de los impuestos.
Cuando hay transparencia, los ciudadanos elegidos para representar a todos los demás en el Parlamento reciben del poder ejecutivo la información que solicitan y que necesitan para su labor de impulso y control democrático de la gestión.

Cuando hay transparencia, los cargos públicos se saben expuestos al escrutinio de todos y tienen la gran tranquilidad de saber que, cuando su gestión es correcta y no hay nada que ocultar, toda la sociedad también lo percibe.

En Cantabria, sin embargo, vivimos una situación de opacidad clamorosa, que ha ido haciéndose más oscura e inescrutable a lo largo de los últimos años. Y es mucho, demasiado, lo que no saben ni los ciudadanos ni los parlamentarios que les representan.

Los cántabros desconocen qué destino han seguido los gastos de las más de 60 empresas y entidades públicas controladas por el Gobierno de Cantabria. Se desconoce la situación financiera real de estas empresas. Ha llegado a darse el caso de una Empresa Pública cuya auditoría se remitió al Parlamento con 40 páginas arrancadas, lo que es inaceptable en una sociedad democrática.

Los cántabros desconocen el importe total de lo que el Gobierno de Cantabria les adeuda a sus proveedores, porque se han utilizado trucos contables para camuflar una realidad que, tarde o temprano, habrá que afrontar y pagar.

Los cántabros desconocen qué cantidad de dinero del contribuyente ha sido utilizada para costear proyectos megalómanos y fracasados, como la nonata factoría de GFB en Orejo, donde se han perdido no menos de 55 millones de euros que eran de todos, y donde ha sido imposible el control informativo de la gestión de la empresa.

El Parlamento de Cantabria ha sido mantenido en absoluta ignorancia sobre el modo en que se han llevado a cabo, tanto en la administración como en las empresas públicas, nombramientos y decisiones de gran trascendencia sobre la realidad económica de Cantabria.

El Parlamento desconoce la situación financiera del Servicio Cántabro de Salud, un servicio público esencial que consume casi un tercio de los recursos autonómicos, donde posiblemente la cifra de facturas retenidas no baje de los 200 millones de euros.

Lo que es más grave: ni el Parlamento de Cantabria ni sus ciudadanos han podido conocer, debido a estos ocultamientos y triquiñuelas, la realidad del déficit público de nuestra comunidad autónoma, y por tanto sabemos que los presupuestos anuales son más un ejercicio de retórica y propaganda que una solvente previsión de ingresos y gastos.

Por último, es opaco el proceso por el cual el Gobierno actual ha venido canalizando sus inversiones hacia unos u otros de los 102 ayuntamientos de Cantabria. La gran mayoría de esas decisiones tienen que ver con la afinidad partidista, y muy pocas veces obedecen a circunstancias demográficas, económicas o sociales objetivamente medibles. En definitiva, el único principio que rige la adjudicación de recursos económicos en Cantabria, con el actual Gobierno, es una combinación de sectarismo y ocultismo que resulta totalmente inaceptable en una sociedad democrática que quiere basarse en principios de igualdad, cohesión territorial y, como bien dice nuestra Constitución de 1978, objetividad en la gestión de lo público.

Este será, por tanto, para el Partido Popular, uno de los retos más importantes de la próxima legislatura: terminar con este antidemocrático déficit y abrir una nueva etapa regida por la transparencia democrática.

Esta transparencia es fundamental para terminar con el despilfarro y para poner en marcha los recursos económicos y las medidas necesarias que se requieren a fin de crear empleo en los próximos años y superar la crisis. Sin transparencia no hay creación de empleo.

Por todo ello, NOS COMPROMETEMOS con las siguientes acciones de cara a la Legislatura 2011 -2015 en el Parlamento de Cantabria:

1. Impulsaremos la aprobación de una Ley de Transparencia Administrativa e Información al Parlamento de la Comunidad de Cantabria, que regule la información oficial de la Comunidad Autónoma sobre el principio del derecho de los ciudadanos y de sus representantes parlamentarios a saber todo aquello que es de relevancia
pública, y especialmente cuánto, cómo y en qué se gasta el dinero de todos los cántabros. El Gobierno y las Empresas Públicas deberán contestar -y no eludir- las preguntas que les dirijan los diputados, así como remitir la documentación que reglamentariamente se les solicite, acabando para siempre con la ocultación sistemática de información y el desprecio a los derechos parlamentarios que Cantabria viene padeciendo desde el año 2003. El Reglamento del Parlamento y los derechos de los diputados son sagrados en una democracia avanzada.

2. Implantaremos un Programa de Transparencia de las Empresas y Entes Públicos Autonómicos, que incluirá la realización y publicación periódica de Auditorías de Cuentas y Auditorías de Gestión, explicitando tanto sus gastos en personal directivo y recursos asociados, como su situación real de endeudamiento bancario o con proveedores. Estas empresas facilitarán al Parlamento sus Libros Mayores y toda aquella documentación que sea precisa para su control y buena gestión. Todos los cántabros sabrán qué hacen y en qué gastan los fondos sus empresas y entes públicos.

3. Se establecerá un Programa de Transparencia Presupuestaria, que obligará a informar periódicamente al Parlamento y a la ciudadanía, en una presentación comprensible a través del Portal Institucional del Gobierno de Cantabria en Internet, acerca de las principales cifras del Presupuesto Regional y su evolución a lo largo del año, con especificación de las causas concretas de tal evolución. Especial atención se prestará a la información sobre los gastos corrientes de la Administración, la deuda pública y el déficit de la Comunidad, así como a la recaudación fiscal. La información se proporcionará con criterios objetivos, claros y estables, poniéndose fin a la escalada de prestidigitación estadística de los últimos años, que sólo ha servido como cortina de humo que impide conocer la auténtica realidad financiera de Cantabria.

4. Para ayudar a la aplicación de los principios de objetividad, publicidad y concurrencia, se publicarán en la página web del Gobierno de Cantabria, entre otros contenidos, los siguientes: los contratos de obra o suministro realizados por la Administración, expresando la cuantía, el destino y la entidad contratada para tales actividades; el texto íntegro de todos los convenios firmados por la Administración con terceros, impidiendo así que existan zonas grises que camuflen compromisos de gasto o dificulten la libre competencia; y todas las subvenciones, tanto corrientes como de capital, otorgadas por la Administración a empresas o entidades en convocatorias públicas y por razones de interés general.

5. A fin de que los ciudadanos puedan hacerse un juicio cabal sobre la evolución de la calidad en el sistema educativo, se establecerá de acuerdo con los expertos un Panel de Indicadores Básicos Educativos, actualizándolos y divulgándolos en cada curso, para que sirvan como base objetiva de evaluación de las políticas educativas.

6. En cuanto a la Información Medioambiental, el Partido Popular desarrollará las medidas necesarias para que los ciudadanos puedan acceder en tiempo real o en el plazo más breve posible a toda la información ambiental disponible sobre la calidad del aire -especialmente en los cascos urbanos-, las aguas fluviales y marinas -especialmente las playas- o los riesgos forestales y geológicos.

7. El Gobierno de Cantabria deberá hacer pública la situación de tramitación de las inversiones y ayudas

más significativas del Presupuesto anual, a fin de favorecer los análisis fundados y racionales sobre el destino del dinero público y la eficacia de la Administración, dificultando las actitudes meramente propagandísticas del poder ejecutivo, que en los últimos años alcanzaron una amplitud inimaginable.

8. Asimismo, en relación con las principales obras y actuaciones del Estado en la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Cantabria establecerá en su portal web una sección informativa en la que se indicará la situación de los trámites administrativos de cada proyecto, con especial atención a infraestructuras y medio ambiente, a fin de dar soporte preciso y riguroso a los debates públicos

sobre estas materias, acabando con el imperio de la mentira y de la exageración interesada, y proporcionando a los ciudadanos los elementos documentados que precisan para formar su propia y libre opinión.

9. Anualmente, el Gobierno de Cantabria, apoyado por expertos nacionales, y en su caso internacionales, publicará un Libro Blanco sobre alguna de las grandes áreas temáticas de la Administración, donde se analizarán a fondo los problemas actuales, los desafíos pendientes, y se elevarán a Gobierno y Parlamento propuestas de futuro.

10. Los candidatos del Partido Popular nos comprometemos a implantar un Modelo de Transparencia en el Servicio Cántabro de Salud, especialmente en lo relativo a las listas de espera para pruebas diagnósticas e intervenciones hospitalarias, de modo que la sociedad conozca la evolución general de los indicadores más relevantes y que además cada usuario, mediante su clave individual, tenga acceso actualizado a la información sobre la gestión de sus propias consultas y citas.

Los miembros de la Candidatura del Partido Popular al Parlamento consideramos que un Gobierno presidido por Ignacio Diego y con una fuerte base parlamentaria es el camino más directo para la realización de este Compromiso con la Transparencia en Cantabria, que mejorará el funcionamiento de la autonomía y la convertirá en una herramienta mucho más útil para lograr el gran objetivo del próximo Gobierno: crear miles de puestos de trabajo.

En Torrelavega, a 16 de abril de 2011, firmado:

1. Ignacio Diego Palacios

2. Iñigo de la Serna Hernáiz

3. María José Sáenz de Buruaga

4. Cristina Mazas Pérez-Oleaga

5. Francisco Javier Rodríguez Argüeso

6. Mercedes Toribio Ruiz

7. Ildefonso Calderón Ciriza

8. José Manuel Igual Ortiz

9. Ruth Beitia Vila

10. José Antonio Caglgas Rodríguez

11. Julio Bartolomé Presmanes

12. María Isabel Urrutla de los Mozos

13. Iñigo Fernández

14. Luis Carlos Albalá García Bolado

15. María Antonia Cortabitarte Tazón

16. Eduardo Van den Eynde Ceruti

17. Tamara González Sanz

18. Migue lÁngel Lavín Ruiz

19. Carlos Bedia Collantes

20. María Esther Merino Portugal

21. Pedro Luis Antonio Gutiérrez González

22. Julio Cabrero Carral

23. María José González Revuelta

24. Juan Carlos García Herrero

25. Belén Ceballos

26. José Luis Blanco de la Herrán Fomperosa

27. Francisco Javier Gómez Ruiz

28. Flavio Veci Rueda

29. Leticia López López

30. Sandra Mijares Vila

31. Jaime Soto Marina

32. Marcelo Mateo Amezarri

33. María Jesús Susinos Tarrero

34. Jesús Manuel Pellón Díaz

35. María Bretones Oria

36. Ana María Abascal Isusi

37. Germán Alquegui Cano

38. María Paz Calleja Cuesta

39. Carlos Recio Calera

40. Adolfo López Campuzano

41. Lucy Patricia Velasco Noguera

42. Licinia María Muñiz Gutiérrez

43. Julio José Alonso Bravo

44. Isabel Ortiz Ruiz

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