Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) obliga al alcalde de Ruiloba, Martín Remón (PRC), a realizar la auditoria que a propuesta del Partido Popular fue aprobada en sesión plenaria celebrada en noviembre de 2008.
Se trata de una auditoría externa de cuentas que comprende desde el año 1999 hasta la actualidad y que el PP consideró necesaria dada la situación de incertidumbre presupuestaria planteada por el secretario municipal y el propio alcalde, al no reconocer los presupuestos correspondientes a 2006 que se encuentran prorrogados hasta la fecha.
La sentencia del TSJC se fundamenta en que "el Ayuntamiento no ha hecho posible" la ejecución de la citada auditoría, "ya que ha procurado el retraso en todos los trámites y así se desprende que, todavía aprobados los pliegos el 21 de enero de 2010, no se haya avanzado a la fecha actual".
Para el Partido Popular de Ruiloba, la resolución judicial pone de manifiesto que, por parte del alcalde, "no ha habido ningún interés en solucionar una situación de incertidumbre presupuestaria, con el grave perjuicio que eso supone para el municipio".
"Llevamos cinco años con los presupuestos prorrogados, lo que ha supuesto una pérdida importante de subvenciones y puestos de trabajo para el municipio", aseguran los populares quienes han mostrado su satisfacción por que "finalmente todo se haya aclarado y prevalezcan la verdad y el sentido común".
El PP insiste en la necesidad de que se ejecute la auditoria, al objeto de "clarificar la situación de las cuentas municipales y que en la próxima legislatura, gobierne quien gobierne, que será el Partido Popular, no haya los problemas que se han vivido hasta ahora".
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