Partido Popular en Cantabria

TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA:

El objeto de esta rueda de prensa es el de valorar el proyecto de ley presentado por el Gobierno, actualmente en tramitación en esta Cámara, y dar a conocer las soluciones que a través de enmiendas parciales ha formulado el Grupo Parlamentario Popular.

Soluciones que nos vienen siendo demandadas hasta la extenuación por las cientos de familias afectadas por sentencias de derribo en Cantabria; víctimas inocentes de la actuación de la Administración, pero sobre todo, de la indiferencia e incapacidad de un Gobierno que ha generado en torno a este asunto tantas falsas expectativas como frustración.

No me voy a remontar todo lo atrás en el tiempo que debía hacerlo. Solamente quiero recordar hoy, ese mandato parlamentario de diciembre de 2007 que encomendaba al Gobierno la elaboración, en el plazo más breve posible, de un plan encaminado a dar solución a esta situación. Un plan que debía abordar, entre otros extremos, la posible legalización de los inmuebles, las indemnizaciones por responsabilidad y que ya entonces, contemplaba la adopción de iniciativas legislativas al respecto.

Iniciativas legislativas, que dilapidando un tiempo precioso, no llegaron hasta el verano de 2010. Momento en el que el Gobierno, a través de los Grupos Parlamentarios que lo apoyan, presentaba la proposición de ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Un intento tardío, tras años de estancamiento, para regularizar ciertas situaciones, que el tiempo y los jueces están aún por validar.

Una ley que apoyábamos por ser la única opción posible frente a la nada, no sin lamentar otra oportunidad perdida para garantizar la indemnidad de los propietarios afectados y la necesaria seguridad jurídica pro futuro, tal y como exigía el mandato parlamentario de 2007.

Hubimos de conformarnos entonces, con la perpetua estrategia de este Gobierno: "la patada hacia delante". Con una nueva prórroga en favor del Gobierno y en contra de los afectados que continuaban acumulando ejecuciones en su contra.

Ese mismo 27 de julio de 2010, el Gobierno quedaba emplazado por un nuevo acuerdo parlamentario a "antes de finalizar el año" proponer las modificaciones normativas necesarias para garantizar lo que hasta ese momento se había negado a garantizar: la indemnización del perjuicio patrimonial con carácter previo al derribo y la seguridad jurídica en las operaciones de compra venta.

Y así, casi a la fuerza y después de demasiadas prórrogas, es como el proyecto de ley que hoy nos ocupa llega a este Parlamento. Un proyecto de ley "forzado" por la inmediatez de las próximas elecciones y la apremiante necesidad del Presidente Revilla de sacudirse de encima como sea los conflictos y a los damnificados por su desgobierno.

Y ¿cuál es el problema de este proyecto de ley? El de siempre. Que no responde a ningún compromiso del Gobierno, sino a una imperiosa operación de maquillaje. Que no busca soluciones, sino seguir ganando tiempo y que no pretende hacer justicia sino electoralismo. "Otra patada para delante".

Cuesta creer si no se ve, que después de más de seis meses de tensa espera, esto sea lo que este Gobierno ponga encima de la mesa.

Un texto que defrauda nuevamente los mandatos parlamentarios, el de 2007 y el de 2010; un texto que ni tan siquiera es coherente con su propia exposición de motivos y un texto que no garantiza la pertinente restitución patrimonial a los afectados, porque no garantiza el abono de la indemnización con carácter previo al derribo del inmueble.

Y es que la norma se limita a permitir la sustanciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial de forma anticipada, previendo la posibilidad de tramitar el expediente antes de la demolición de la vivienda. Una previsión que dejará a la inmensa mayoría de los afectados como estaban, indefensos ante la pérdida de su vivienda.

Con esa rotundidad lo corroboraban tanto el Consejero Portavoz del Gobierno como los Portavoces de los Grupos Socialista y Regionalista en la sesión de la Junta de Portavoces en la que se todos ellos se opusieron a la solicitud del Grupo Popular de acompañar el proyecto de una memoria económica.

Reconociendo sin ambages que este proyecto de ley no lleva aparejada consecuencia económica alguna, dado que el derecho a ser indemnizado es el mismo que se tenía antes y dejando terminantemente claro que anticipar la efectividad del daño no es garantía de pago, ni implica anticipar el pago de la indemnización.

No cabe esperar mayor reconocimiento de la vaciedad de esta ley, ni tampoco un intento más lamentable de manipulación y engaño hacia los afectados.

Porque esta ley da la espalda a la cruda realidad de los afectados, que en casos de responsabilidad concurrente estarán condenados a una más que previsible discusión entre Administraciones sobre el alcance de su respectiva responsabilidad o incluso a una simple negativa de responsabilidad del Gobierno de Cantabria que nos pone ante la verdadera faz del problema:

La falta de capacidad económica de los Ayuntamientos para abonar las responsabilidades que se deriven y el consiguiente pleito, de años, entablado por los propietarios para obtener un justo resarcimiento por parte del Gobierno Regional, que es el único que realmente puede afrontarlo.

Nuestra posición y reacción ha sido y es absolutamente previsible. La de un Partido Popular que hasta el día de hoy ha puesto sus votos al servicio de los afectados y del interés público y que pretende seguir haciéndolo, aportando verdaderas soluciones, favoreciendo la máxima celeridad e intentando preservar el consenso en torno a este proyecto de ley.

Esa es la razón por la que partiendo del texto del Gobierno, hemos presentado tres enmiendas parciales, que excluyendo la relativa a la exposición de motivos, se quedan realmente en dos.

Dos enmiendas de adición que obedecen a dos objetivos muy claros: el primero e irrenunciable, QUE los afectados, su vida y su patrimonio sean puestos a salvo antes del derribo. Y el segundo, la introducción de mecanismos de protección para salvaguardar a futuros compradores de esta situación y a la Administración de seguir afrontando sus consecuencias.

En relación a la primera enmienda.

Establecemos un sistema de anticipo, como garantía de indemnidad para los afectados, que significa que todo tercero de buena fe propietario de estas viviendas, tiene derecho, por el mero hecho de ser desalojado de la misma, a percibir del Gobierno de Cantabria, como anticipo a cuenta de lo que resulte de los procedimientos administrativos y judiciales de responsabilidad, una indemnización. Es decir, que hay garantía de pago y el afectado queda a salvo desde el primer momento con independencia de los conflictos entre Administraciones o de las dificultades financieras de los Ayuntamientos para asumir las indemnizaciones.

Esta enmienda regula además, el importe de dicho anticipo, que será la cantidad resultante de aplicar a la vivienda a demoler los índices, módulos o métodos de estimación que se vengan aplicando por la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria para comprobar los valores declarados a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, estableciendo el plazo de dos meses desde su reclamación para su percepción.

Como no podía ser de otro modo, configura también los mecanismos de recuperación del importe anticipado mediante la subrogación del Gobierno en el ejercicio de acción de responsabilidad que corresponda al propietario por el importe anticipado, junto a otra serie de cuestiones.

La segunda enmienda relativa a las medidas de prevención y el refuerzo de garantías en el tráfico inmobiliario es bien sencilla. Y es que junto a la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad que propone el Gobierno y que a nuestro juicio es claramente insuficiente, nosotros proponemos una leve pero muy trascendente modificación de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios ( en su artículo 18, aptdo 3 f)

Se trata de exigir y garantizar el cumplimiento de la normativa de consumo, articulando medidas para procurar el cumplimiento del deber de garantizar las entregas a cuenta para la construcción de vivienda a través de avales o seguros. Un deber que ya existe, pero que debe garantizarse a través de la transparencia y necesaria publicidad frente a los posibles compradores- mediante cartel sito en la obra- y a través de la adopción de una medida preventiva en caso de su incumplimiento como es la suspensión de la licencia y paralización de las obras.

Solamente añadir que nuestras enmiendas, como no puede ser de otro modo, no alteran en absoluto la regulación del instituto de responsabilidad patrimonial. No podemos hacerlo.

Razón por la que no debemos confundir el instrumento del anticipo con el procedimiento de responsabilidad patrimonial; el anticipo es un resorte independiente y previsto precisamente para los casos en que aquel no se resulte eficaz. Un instrumento que tiene encaje en la necesaria corresponsabilidad entre Administraciones Públicas con competencias urbanísticas y en las funciones de apoyo de la Autonomía a la Administración Local.

Termino ya con una reflexión.

Si esta ha sido la reivindicación prioritaria, y en ocasiones hasta única, de los afectados; si esta alternativa- jurídicamente impecable- que hoy proponemos ha estado en todo momento sobre la mesa y a disposición del Gobierno; y si da cumplimiento a la voluntad manifestada una y otra vez por los 39 Diputados del Parlamento de Cantabria ¿Por qué no está hoy en el proyecto de ley del Gobierno? Es obvio que el impedimento es uno, la falta de voluntad política de este Gobierno y la palabra de un Presidente que no vale nade.

Y también con una sincera invitación para que socialistas y regionalistas den esta vez una oportunidad al diálogo y al entendimiento en torno a nuestras propuestas. Porque también a ese entendimiento se comprometió el Gobierno con los afectados y porque de ese entendimiento depende la verdadera solución de su angustiosa, injusta e improrrogable situación. Muchas gracias.

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