Albalá no puso en duda que el citado anteproyecto "tenga aspectos buenos", sin embargo señaló que "no sirve en todo lo relativo al tratamiento que les da a los montes de utilidad pública".
"Hay que conocer la verdadera dimensión del problema", apuntó el parlamentario regional del PP quien opinó que, para ello, los técnicos "deben ser quienes se documenten y hablen con la gente para elaborar un nuevo catálogo".
Según explicó, "se les pide a los afectados que aporten todo tipo de documentación que acredite sus derechos, mientras que, en la mayoría de los casos, las Administraciones han perdido sus archivos por causa del fuego, el agua o, simplemente, el tiempo".
"Es decir, se perjudica al administrado en vez de ser la Administración la que asuma la mayor parte del esfuerzo burocrático para verificar la validez de las reclamaciones, diferenciando las válidas y legítimas de las que pudieran ir en perjuicio del interés público", subrayó Albalá.
Para el diputado regional del PP, una vez que el problema esté delimitado en todos sus aspectos, "habrá que arbitrar vías de solución consensuadas con los afectados y ayudarles revisando la documentación".
Después, será el momento de "hacer los deslindes y los nuevos catálogos para proceder a elaborar una Ley de Montes que ampare las vías de solución que se arbitren para los afectados", concluyó.