La senadora por Cantabria del Partido Popular, Leticia Díaz, destacó la unanimidad y consenso alcanzados en el Senado en cuanto a las recomendaciones aprobadas para regular las adopciones. Un total de 71 medidas que, según dijo, supondrán "la transformación del sistema de protección de menores".
Díaz informó de que el Pleno del Senado ha aprobado un informe elaborado por la Comisión Especial de Estudio de la Problemática de la Adopción que insta al Gobierno central, entre otras cuestiones, a la supresión progresiva del acogimiento residencial para menores de 6 años, la profesionalización del acogimiento familiar y a aprobar una nueva ley de adopción.
El informe es fruto de dos años de trabajo de la citada Comisión, por la que han pasado 38 comparecientes de distintos ámbitos relacionados con la protección de la infancia y la adopción, nacional e internacional. En total, recoge 71 recomendaciones en tres bloques sobre la normativa de protección y el modelo de gestión de las adopciones o acogimientos, el respeto por el interés superior del menor y las medidas de protección que se utilizan actualmente. No establece plazos para que las administraciones las pongan en marcha.
En este sentido, la senadora 'popular' ha explicado que el informe se trasladará "inmediatamente" al Gobierno para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento del Código Civil y la elaboración de una nueva ley de adopción. Las administraciones públicas dispondrán de "un tiempo razonable, no demasiado extenso", para llevar a la práctica las recomendaciones aprobadas por unanimidad.
En el caso de no hacerlo, ha advertido, los senadores del PP están "completamente decididos" a promover las reformas necesarias, bien a través de una proposición de ley en el Senado o de un proyecto de ley en el Congreso, para que la regulación del interés superior del menor "sea mucho más que una noble declaración de intenciones".
"Nosotros instaremos esta reforma si en un plazo prudencial el Gobierno no la presenta, aunque tengo confianza en que sí que se presente un texto, como ha acordado la Cámara", ha señalado.
Díaz ha explicado que estas medidas suponen "una modificación legislativa de profundo calado" porque, por ejemplo, se dotará a los procedimientos administrativos y judiciales de preferencia en su tramitación.
Entre las medidas que ha destacado la senadora 'popular' están la recomendación de que el sistema de protección se materialice de forma que los derechos del menor tengan prioridad incluso frente a las familias biológicas; que no sea posible la institucionalización de menores de seis años; la homogeneización de procedimientos en las comunidades autónomas; la creación de una red de familias de acogida y de un registro centralizado; la aprobación de una carta de derechos de las familias acogedoras; y la creación de una nueva ley de adopción nacional, entre otras.
En este sentido, ha especificado que se trata de que haya "una única regulación en una ley de lo que es la adopción, tanto la nacional como la internacional, y que todos los actos administrativos que son comunes no se tengan que volver a repetir" con el fin de acortar los plazos.
El informe propugna que el acogimiento residencial se suprima en los casos de niños entre 0 y 6 años y se considere "subsidiario" en el resto de las edades para dar prioridad legislativamente al acogimiento familiar. Pide para los acogedores "los mismos beneficios" que tienen las familias numerosas y que se reconozca el "acogimiento profesionalizado" de "aquellas familias que hacen del acogimiento su principal actividad profesional y perciben por ello una remuneración económica".
En este sentido, se pide también que se impulse a nivel nacional el acogimiento de urgencia, especialmente en los bebés menores de tres años, creando una bolsa de acogedores de todo el territorio nacional coordinada entre las comunidades autónomas y tras un "cuidadoso" sistema de formación, valoración y apoyo a estas "familias de urgencia". Además, recomienda que el procedimiento de acogida se realice sólo por vía administrativa.
Sobre las adopciones, el Senado insta a unificar criterios entre los sistemas de adopción nacional e internacional mediante la creación de una ley nacional, suprimir la necesidad de asentimiento de los padres biológicos cuando un juez les haya retirado la custodia y establecer su comparecencia obligatoria en el momento administrativo de la separación definitiva del niño. También se solicita en este aspecto coordinación de las comunidades autónomas, a fin de que el niño no resida con los padres adoptantes cerca de la vivienda de los padres biológicos.
En cuanto al interés superior del menor, la primera recomendación del Senado es una redefinición de esta expresión para que "deje de ser un concepto jurídico indeterminado", unificar en todo el Estado los conceptos de "riesgo, desamparo y patria potestad" y que la Administración tenga que instar la privación de patria potestad cuando esté claro que el niño no podrá volver con su familia biológica porque se han cronificado los motivos que llevaron al desamparo del menor.
Asimismo, la Comisión recomienda "redefinir el concepto de patria potestad para introducir el concepto de responsabilidad parental, fijando criterios de privación que vengan a solventar la Jurisprudencia contradictoria hasta la fecha, estableciendo como causa expresa de privación aparejada a la pena, la condena firme por abusos sexuales o maltrato físico o psíquico de menores, así como la violencia familiar o machista, de la que el menor es víctima directa o indirecta", entre otras medidas. [Europa Press]
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