Partido Popular en Cantabria

La diputada regional y portavoz de Medio Ambiente, Isabel Urrutia, aseguró que el Gobierno de Cantabria "sólo acierta cuando rectifica en el sentido que le marca el Partido Popular".

Urrutia recordó que el grupo parlamentario Popular presentó el pasado 14 de octubre una iniciativa "para corregir la injusticia que sobre medianas y pequeñas empresas establecía la disposición transitoria tercera de la Ley de Control Ambiental Integrado".

Dicha norma establece que en el periodo de cuatro años desde su entrada en vigor, las instalaciones y actividades tendrán que adquirir la comprobación ambiental. "Esto afecta desde un bar, a un hotel, un motel, un taller de coches o una panadería hasta una ganadería o droguería; transcurrido dicho plazo no podrán seguir en funcionamiento las instalaciones o actividades que no hayan obtenido comprobación ambiental".

Sin embargo los requisitos y órganos competentes para que las empresas obtuvieran dicha comprobación los determinaría el reglamento de desarrollo de la Ley de Control Ambiental, que tenía que estar aprobado en marzo de 2007 y que el Gobierno tardó tres años, hasta marzo de 2010 en aprobar. A pesar de ello la exigencia de plazo de cuatro años para las empresas seguía vigente.

"Esta situación tan injusta, que afecta también a los ayuntamientos, pues son competentes en materia de licencia de actividad, hizo que el PP en los municipios, entre ellos Laredo, presentara mociones para pedir una moratoria en la exigencia de ese plazo de cuatro años, ante el incumplimiento del Gobierno en aprobar su reglamento y ante las situaciones tan graves que a partir del 22 de diciembre se pudieran producir, ya que el Gobierno tenía la potestad de cerrar una empresa que no hubiera obtenido la comprobación ambiental".

Por ello, el Partido Popular presentó una iniciativa también en el Parlamento "para que el Gobierno de Cantabria corrigiera esta injusticia y la inseguridad que de cara a las empresas se produciría a partir del mes de diciembre, una inseguridad causada por el propio Gobierno y que él mismo era responsable de corregir y una situación que afecta a la actividad económica de nuestra región y a muchos puestos de trabajo que pueden peligrar ".

"Una vez comprobado que en la Ley de Medidas Fiscales y de contenido financiero, la conocida como Ley de Acompañamiento, el Gobierno ya propone la eliminación de esta retroactividad de la norma para empresas que ya tuvieran licencia de actividad, el PP, por coherencia retira su propuesta para el debate y votación en el pleno del próximo día 2 de noviembre", concluyó.