Contacta
Salir Usuarios

menu móvilmenu móvil

Mariano Rajoy interviene en Santander en la clausura del XIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar

TEXTO DE LA INTERVENCION:

Señoras y Señores, muy buenas tardes.

Quiero agradecerles que, una vez más, se hayan acordado de mí para compartir con ustedes esta jornada de trabajo. Sin tener ninguna empresa familiar creo que tengo algún derecho a considerarme uno más de este grupo; aunque sólo fuera ello por la cantidad de veces que he asistido a sus Congresos (recuerdo ahora los celebrados en Tenerife, Valencia, Palma de Mallorca, Madrid y el del pasado año en Zaragoza), la cercanía a muchas de sus ilusiones y la admiración por su trabajo. Lo he dicho ya otras veces: el emprendedor que desarrolla su tarea en una empresa fundada por él mismo o por sus antepasados, más cercanos o lejanos, posee una forma singular de afrontar el hecho empresarial. Puede no ser ni mejor ni peor que otras, pero es distinta. Y les confieso que me encuentro muy cómodo entre personas que vinculan su biografía, y la de los suyos, a la supervivencia y el desarrollo de sus empresas.

Les decía el pasado año que "aquí se respira una distinta vinculación con las empresas y con quienes trabajan en ellas; aquí se ve una historia continuada de ilusiones, esfuerzos personales, trabajo perseverante por conservar un proyecto, que un día fue un sueño individual y hoy se mantiene como un eslabón más hacia el futuro". Pues bien, lo reitero hoy.

Y con esta reiteración quiero mostrarles gráficamente el riesgo que se corre de caer en repeticiones cuando uno ha de intervenir ante un foro, como el que ustedes representan, sin que las circunstancias hayan cambiado sustancialmente. Lo he hecho en un punto que ni cambia, ni debe cambiar: la esencia de la empresa familiar. El problema es que tampoco se han modificado otros aspectos que debieran haber evolucionado durante este período.

Éste será el eje de mi intervención: la aparente paradoja que representa el hecho de que, si quiero expresarme con un mínimo de coherencia, tenga que repetirles las cosas que les he venido exponiendo en años anteriores, a pesar de la apariencia de cambio de los últimos tiempos.

Pero, antes de entrar en materia, permítanme que agradezca al Presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Isak Andic, las afectuosas palabras con las que ha tenido la amabilidad de presentarme. Un político, sometido siempre a los varapalos propios de su oficio, agradece de manera muy especial el reconocimiento de sus conciudadanos por inmerecido que éste pudiera ser. Gracias Presidente, muchas gracias.

Para preparar esta intervención me ha parecido oportuno repasar las palabras que les dirigí en sus anteriores Congresos. Y créanme cuando les digo que es difícil, desde el rigor, buscar nuevas parcelas, o aventurarme por otros campos distintos a los que ya hemos tratado en esas ocasiones. Resulta paradójico que esto sea así cuando, si echamos la vista hacia atrás, todo parece haber cambiado de forma radical. Pues bien, si tuvieran ustedes ocasión de repasar mis palabras del pasado año, podrían observar que no precisan ni un retoque.

¿Cómo es posible, si durante los últimos doce meses hemos tenido una gravísima crisis de nuestra deuda soberana, el pase a una situación de tutela por los organismos internacionales de la política económica española y un giro de 180º en los paradigmas del Gobierno de la Nación? Porque, en el fondo, los escenarios básicos que han provocado estas transformaciones permanecen casi constantes.

Ya en 2007 les hablaba de las enormes potencialidades de nuestra economía, pero advertía de los riesgos que representaban, para un desarrollo sostenido y estable de la misma, la escasa competitividad y la fuerte dependencia del ahorro exterior, para mantener nuestros niveles de inversión y consumo. Entonces en solitario, señalaba los peligros de una crisis cercana, basado en la emergencia de unos datos que encerraban malos presagios; por ejemplo, el incremento de las cifras de paro, que rompían una serie continuada de descensos o la caída superior al 34%, sobre el año anterior, del número de proyectos visados en los Colegios de Arquitectos. Recuerden que el sector de la construcción de viviendas residenciales había sido el más potente motor de nuestra economía en los últimos años.

Recomendaba entonces políticas que sirvieran para incrementar nuestra competitividad y reducir nuestra dependencia del ahorro exterior. Hoy puedo decir lo mismo.

Aquel 2007 era año preelectoral y el Gobierno, que no quería ni oír hablar de una posible crisis, nos tildaba de "catastrofistas", "antipatriotas" y "apocalípticos", a los que nos atrevíamos a disentir de la propaganda oficial.

Y, por hacérselo corto, esta ha sido la tónica de los tres últimos años. Si en Zaragoza, durante su último Congreso, les decía que las circunstancias españolas exigían profundas reformas estructurales, entre las que cabría destacar la Reforma del Sistema Educativo, la Reforma Fiscal, la Reforma del Marco de Relaciones Laborales, la Reforma del Sistema Energético, la Reforma de las Administraciones Públicas, Reformas Institucionales, o el fortalecimiento de la unidad de mercado, hoy no tengo más remedio que decirles lo mismo.

Y aquí hay un buen ejemplo de la aparente paradoja a la que me refería antes. He citado la reforma del mercado de trabajo que, en apariencia, se ha visto modificado, vía Decreto Ley, hace unos meses. Pues bien, cualquier parecido entre esas modificaciones, centradas en el abaratamiento de los despidos, y la profunda reforma global que exige nuestro mercado laboral, es pura coincidencia.

Pero podrían decir ustedes que el Gobierno, aunque tarde, ha dado un giro espectacular y, reconociendo el error anterior, se ha propuesto controlar el gasto público encauzando el déficit por la senda establecida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Volvemos a las apariencias: forzado por la tutela de la Comisión Europea, se ha visto obligado a dictar el Decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público del pasado 12 de mayo, pero el nivel de gastos establecido en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 no llega a ser un 2% inferior al de este año. Es decir, tranquilizados durante un tiempo los mercados internacionales, se deja para otro momento la urgente reforma global de los gastos del conjunto de las Administraciones Públicas.

En el fondo, subyace la convicción -o no- con la que se desarrollan las políticas. Les pondré un ejemplo: el pasado 5 de mayo, el Presidente del Gobierno me citó en Moncloa para pedirme apoyo a la posición que iba a mantener en la inminente reunión del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, sobre los apoyos financieros a la República Griega. Tras mostrarle nuestro apoyo, pasamos a considerar otras cuestiones, momento en el cual le hice ver la conveniencia de acelerar el proceso de reducción de nuestro déficit público. Lo que me dijo el Presidente, lo repitió minutos más tarde en una comparecencia ante los medios: "Se equivoca el Partido Popular al pedir una mayor restricción del déficit público, porque ello puede acabar con los brotes verdes que ya se van observando".

Dos días más tarde, en Bruselas, se veía obligado a decir justamente lo contrario. ¿Convencido? No, obligado. Y todos sabemos lo que ocurre cuando se actúa contraviniendo las convicciones: se practica eso que llaman "arrastrar los pies", que en este caso es una manera, como otra cualquiera, de prolongar la crisis.

Dicho de otra manera, las 190 medidas que tomó el Gobierno, desde el momento que admitió una cierta crisis en nuestra economía, no han servido de gran cosa y, las iniciadas el 12 de mayo, han venido -básicamente- a dejar las cosas como estaban. Y todo ello sin entrar en las sangrantes injusticias cometidas en el reparto de los sacrificios.

Por ejemplo, ahorran 1.500 millones de euros por la congelación de las pensiones cuando la Seguridad Social prevé un superávit que casi triplica esa cantidad, pero tenemos que incrementar en 4.200 millones de euros la partida dedicada a pagar los intereses de la deuda de la Administración Central del Estado.

Desde el Partido Popular creemos que este Gobierno ha agotado ya su Legislatura. Por eso, el pasado 14 de julio, durante el debate del estado de la Nación, le pedí al Presidente del Gobierno que disolviera las Cámaras y convocara elecciones legislativas. No tenemos la menor confianza en que este Presidente, con éste o con aquél equipo ministerial, sea capaz de realizar un diagnóstico riguroso de la situación y de aplicar las medidas adecuadas para salir de la crisis.

Sabido es que el sr. Rodríguez Zapatero, negociando apoyos parlamentarios aquí y allá, ha decidido prolongar la agonía. Tiene legítimo derecho a hacerlo, pero no hará más que retrasar los cambios necesarios.

Así las cosas, no me cabe otra opción que reiterar lo que ya he venido diciendo en anteriores ediciones de sus Congresos, poniendo, eso sí, un mayor énfasis en la urgencia que demanda la situación. Vean, si no, los datos que la definen: en los últimos doce meses se han perdido 390.000 empleos y el paro ha alcanzado la cifra de 4.645.500 personas; el déficit del sector público cerrará 2010 en el entorno del 9,3% del PIB; la deuda pública está en el 63% del PIB y crecerá -siguiendo siempre las estimaciones del Gobierno- cinco puntos el año próximo; la competitividad de la economía española retrocede en el ranking que publica el Foro Económico Mundial a la posición 42, con una caída de 20 puestos desde el 2004; a pesar de que seguimos retrocediendo en términos de Producto Interior Bruto, nuestras necesidades de financiación del exterior superan el 5% del PIB y, por no alargarme, la restricción crediticia se mantiene en la práctica en todos los sectores de actividad.

Pues bien, España no ha logrado salir de ninguna fase de recesión o estancamiento sin la combinación de tres políticas:

- la devaluación del tipo de cambio.
- La liberalización de los mercados.
- La contención del gasto público.

Esta tripleta de medidas constituyó la esencia del Plan de Estabilización de 1959 que desencadenó el dilatado periodo expansivo de la década de los sesenta; la del Plan Boyer del periodo 1983-1985 que impulsó el boom de la segunda mitad de los ochenta y, de alguna manera, el paquete de medidas del año 96 que sirvió de base a la expansión de la siguiente década.
Pero, desde la entrada en la Unión Económica y Monetaria, la tasa de cambio ha dejado de ser una variable de ajuste y, por lo tanto, sólo quedan dos armas para combatir la crisis: la disciplina presupuestaria y la liberalización de los mercados.

El Gobierno del sr. Rodríguez Zapatero, durante los años 2004 a 2010, renunció a la disciplina presupuestaria. En todos los presupuestos el gasto público crecía por encima del crecimiento nominal de la economía y, además, iniciada la crisis, el gobierno trató de acallar, a golpe de talonario, cualquier reivindicación social. Como les he dicho antes, se han tomado medidas de control del gasto público por la presión de nuestros socios europeos, pero por las urgencias y la falta de convencimiento de éstas, han sido escasamente meditadas y poco ambiciosas.

Los procesos de liberalización han sido nimios y la famosa Ley de Economía Sostenible, anunciada a bombo y platillo hace año y medio, apenas ha comenzado su singladura parlamentaria.

Para afrontar la dura tarea que tenemos por delante hay un obstáculo adicional: las patologías derivadas de un uso inadecuado del Estado de las Autonomías. La fragmentación normativa que incide sobre la realidad económica obliga a una revisión profunda del marco institucional en el que opera nuestra economía.

Dicho de otra manera, el Gobierno ha pasado de las políticas de gasto indiscriminado a las políticas de recortes improvisados, pero todavía no ha emprendido nada que se parezca a una auténtica política de reformas estructurales.

Un plan de reformas que requiere otra forma de hacer política. Una política que genere confianza porque se haga merecedora de ella. Una política nacida de la convicción profunda de que las reformas son inaplazables. Una política ejemplar a la hora de llevarlas a cabo. Una política que, con transparencia, diciéndoles la verdad a los españoles, explique los motivos que determinan la urgencia e intensidad de dichas reformas. Una política que reparta solidariamente, entre todos, los esfuerzos y sacrificios que supondrá su desarrollo.

Tenemos que realizar un ajuste presupuestario muy intenso, para estabilizar nuestras cuentas públicas, manteniendo en todo momento el equilibrio presupuestario y reduciendo el endeudamiento público.

Ello va a exigir varias cosas: en primer lugar, una reforma institucional y administrativa profunda. Tenemos una administración excesiva en la que se solapan los ámbitos de decisión, se multiplica la complejidad y, lo que es más grave, se lastra la capacidad competitiva de nuestro país.

No podemos permitir que la madeja administrativa de tres administraciones ahogue la energía de nuestra sociedad civil. No puede haber tres ventanillas para trámites similares porque aumenta la inseguridad jurídica y, además, es antieconómico.

Es imprescindible que afrontemos una actualización de nuestro Estado de las Autonomías, que aproveche sus bondades, pero que al mismo tiempo lo haga viable y sostenible. Más transparencia y calidad normativa. Menos y mejores leyes. Y fijar, de una vez por todas, con nitidez qué administración desempeña más eficientemente cada competencia.

Habrá que poner en marcha un plan de simplificación y armonización regulatoria que asegure la unidad de mercado, puesta hoy en peligro por la multiplicad de normativas autonómicas.

Y, junto a la reordenación de nuestros niveles administrativos, hay que recuperar la disciplina fiscal. Fijar objetivos de estabilidad que nadie pueda rebasar y someter a todas las administraciones a techos de gasto y endeudamiento. Si la Unión Europea los impone a los Estados miembros; si Alemania ha establecido por norma constitucional un límite al endeudamiento federal a partir de 2016 y una prohibición de endeudamiento a los estados federados para 2020, ¿por qué no podemos recuperar una verdadera Ley de Estabilidad Presupuestaria e, incluso, constitucionalizar alguna de sus obligaciones?

Tenemos que afrontar una profunda reforma de nuestro mercado laboral, cuyo funcionamiento produce los peores resultados de la Unión Europea; recuerden que ostentamos el dudoso honor de ser el país que encabeza la tasa de paro de Europa. Y cuando digo reforma, me refiero a una auténtica reforma de nuestro marco laboral; nuestra posición en este terreno ha quedado explicitada en las 72 enmiendas presentadas por nuestro Grupo Parlamentario durante la tramitación del decreto del Gobierno, e incide en todas las cuestiones que hay que transformar, y no sólo en el terreno concreto de la extinción del contrato de trabajo.

Es decir, una reforma laboral ambiciosa que flexibilice nuestro mercado laboral, afecte a los ámbitos de la intermediación, de la formación, se enfrente con la fortísima dualidad existente y modifique sustancialmente la negociación colectiva.

Tenemos que desarrollar una agresiva agenda liberalizadora para que la productividad crezca en España, aumentando la competencia, tanto en los mercados de bienes y servicios finales, como en aquellos otros que aportan inputs intermedios a las empresas. En ámbitos como los servicios profesionales, los postales, el comercio minorista, el transporte ferroviario, los puertos y aeropuertos, la economía española tiene un entorno regulatorio que impide o restringe la competencia hasta hacerla inexistente o irrelevante; en otros, como la energía o las telecomunicaciones, es necesario avanzar en el proceso liberalizador eliminando una serie de trabas que lo entorpecen.

En materia de energía hay que abandonar los debates ideológicos. España necesita energía competitiva, segura y limpia. No podemos prescindir de la energía nuclear y necesitamos planteamientos serios y seguridad jurídica para desarrollar las energías renovables tema no menor porque nuestro déficit de tarifa es de 20 mil millones de euros.

Ahora se habla mucho del Pacto de la Energía. Les voy a decir cómo creo que se deben hacer los pactos. Si yo estuviera en el gobierno tendría una responsabilidad importante y tendría que arrastrar las consecuencias de las decisiones que tiene que tomar un gobierno y que no son populares. Me dirigiría al primer partido de la oposición y le diría: "la política en materia energética está aquí, en estos diez puntos. ¿Usted quiere negociar conmigo o no?". El principal partido de la oposición podría decir: "de estos diez puntos este me gusta, este no, y en su lugar quiero que pongas estos dos". Entonces yo, como gobierno tendría que valorar si era mejor aprobar con mi mayoría los diez puntos de mi reforma o si era mejor aprobar con consenso siete puntos de mi reforma, quitando tres, por tanto tres y aceptando los dos de la oposición. Pero la iniciativa la tendría que tener el gobierno, tendría que tener las ideas claras de lo que es bueno hacer.

Hay otro procedimiento para llegar a pactos es el del Gobierno que llama a la oposición y le dice: "menudo lío con esto de la energía, el déficit, y esto del carbón ¿cómo lo ves?. A vosotros ¿qué se os ocurre?". Son dos formas distintas de gobernar: una tomar decisiones y tener las ideas claras, determinación y coraje, y otra, hacer tertulias. Nosotros le diremos qué es lo que nos parece razonable e intentaremos ayudarles, como hemos hecho con las cajas de ahorro.

Yo ya le he dicho que tiene que revisar la decisión sobre Garoña, le hemos pedido y le hemos recordado que no se puede cargar a todos los ciudadanos españoles, que consumen energía eléctrica, el precio de sus dislates y que tendrá que hablar con todo el mundo. Y que todo el mundo tendrá que sacrificarse y que todo el mundo tendrá que entenderlo. En este momento estamos en una situación de inseguridad absoluta generada por un gobierno que no sabe qué es lo que hay que hacer. Nosotros estamos a su disposición.

Tenemos que buscar el equilibrio en nuestras cuentas exteriores, incrementando constantemente los apoyos a los procesos de internacionalización de nuestras empresas. Un político debe priorizar sus políticas. Cameron mantiene las partidas de sanidad y educación y sube las destinadas a inversión y hace reducciones muy importantes en otras partidas: un gobierno que gobierna y que prioriza.

Pensiones. Desde hace años hemos venido pidiendo que se abriera este debate en el seno de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Alegando unos motivos u otros, pero de manera muy especial el indispensable acuerdo con los sindicatos, el Gobierno ha ido retrasando la cuestión. Todo ello para, más tarde, sin consultar absolutamente con nadie, congelar por decreto las pensiones y darle un golpe de muerte al consenso que representaba el Pacto de Toledo. ¿Qué credibilidad tiene alguien al que durante años se le ofrece apoyo para hacer un pacto de las pensiones, no lo hace porque dice que tiene que acordar con los sindicatos y luego decide unilateralmente y sin informar, romper el Pacto de Toledo?. No es fácil llegar a pactos con alguien que rompe los acuerdos. La credibilidad y la confianza es muy importante en economía y en otras muchas facetas de la vida. El Partido Popular está abierto a todo y, si no, lo haremos nosotros en el futuro.

Tenemos que reformar nuestro sistema educativo: no hay ninguna universidad española entre las cien mejores universidades del mundo, nuestra tasa de fracaso escolar supera el 30%, todavía estamos lejos de tener un sistema eficiente de formación profesional, por lo que, año tras año, colocamos en el mercado laboral a miles de jóvenes con insuficiente cualificación. Éstos son los problemas reales que convierten al sistema educativo español en un problema para el conjunto de la sociedad. Difícilmente habrá cambio de modelo productivo, avances en investigación y desarrollo o mejoras en la productividad sin una profunda revisión del contenido y estructuras del sistema educativo, para adecuarlo a las necesidades y posibilidades de una sociedad del siglo XXI.

Hay un tópico y es que cuando llega un gobierno nuevo, se cambia el sistema educativo. No es verdad. Aquí ha habido un modelo educativo, el de Villar Palasí, y desde entonces, las únicas modificaciones que se han producido son las del señor Pérez Rubalcaba, que fue secretario de Estado y luego ministro de Educación. Cuando hablamos de fracaso escolar, conviene recordar que cuando nosotros estábamos en el gobierno, aprobamos una ley en la segunda legislatura y estuvo en vigor. A las cuarenta y ocho horas de producirse un cambio de gobierno, esa ley fue derogada igual que el PHN, mediante un Real Decreto Ley.

Este es el tema del futuro y, o volvemos a más exigencias, a menos asignaturas, a dedicarle atención a lo importante, o correremos un riesgo adicional que es crear una sociedad desigual. Hay que cambiar esto y no hacer demagogia. El Pacto que se nos ha propuesto era "la nada". Las reformas o son reformas o son maquillajes y para hacer maquillajes es mejor no hacer nada.

Tenemos que culminar la reestructuración y saneamiento de nuestro sistema financiero. La reestructuración del sector no ha hecho más que empezar y nuestra una economía necesita, como paso previo a su recuperación, un sector financiero sólido y confiable, capaz de canalizar un crédito que ahora es prácticamente inexistente.

Tenemos que hacer una reforma de nuestra fiscalidad. Si queremos propiciar las inversiones, es necesario una rebaja real del tipo del impuesto de sociedades. Esta rebaja ha de complementarse con nuevas medidas de regularización de balances, nuevas tablas de amortización y un tratamiento fiscal más adecuado de la morosidad. Hoy lo que hay que priorizar es la inversión.

Como verán, la aparente paradoja de la que les hablaba al principio no era más que aparente: las grandes cuestiones siguen ahí, aparcadas, necesitadas de reformas profundas. Ahora veremos muchas maniobras de distracción, muchos señuelos. Se hablará de cosas irrelevantes, pero que generan titulares, pero se trata de hablar de lo importante, de la vida de la gente, de las personas que lo pasan mal.

Y termino: como hemos visto, para salir de la crisis es preciso afrontar muchas reformas. Yo diría, más bien, iniciar un proceso continuo de reformas que nos permita adaptarnos a las nuevas realidades. Unas urgentes, como las que se refieren a la financiación de PYMES y autónomos, a la reestructuración global del conjunto de las Administraciones Públicas, al marco de las relaciones laborales, a la mejora de la productividad general del sistema, al modelo fiscal, la Administración de Justicia o el sistema educativo, de las que les acabo de hablar.

Ésta es la exigencia que tienen hoy ante sí nuestros gobernantes y que seguirá pendiente, dentro de año y medio, si el actual Gobierno no se decide a actuar en consecuencia.

Son elementos de cambio necesarios, indispensables para salir de la crisis. Pero no suficientes: hay que complementarlos con un nuevo espíritu de innovación y cambio que, partiendo de abajo, modifique el escenario económico y social en el que nos desenvolvemos.

Es un reto apasionante y estoy convencido de que no vamos a parar hasta convertirlo en una historia de éxito. Va a exigir de todos nosotros mucho esfuerzo y mucho acierto, pero nos ofrece como premio un horizonte de recuperación económica y de empleo que nos permitirá devolver, a España y a sus gentes, las oportunidades y la confianza que nunca debimos haber perdido.

Muchas gracias a todos por su atención.

Muchas gracias.

 

FOTOGRAFÍAS EN ALTA RESOLUCIÓN

Multimedia

Videos

blog comments powered by Disqus

Suscríbete a nuestros canales

  • Instagram
  • Tiktok
El uso de este sitio implica la aceptación del aviso legal del Partido Popular de Cantabria.
x

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies