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Diego recuerda que el Gobierno de Cantabria aumentó su deuda un 387% mientras que Santander la redujo un 14%

El presidente del Partido Popular, Ignacio Diego, considera una injusticia restringir el endeudamiento a las corporaciones locales, cuando sólo son responsables del 6 por ciento de la deuda pública española, mientras las comunidades autónomas concentran el 14% y el Estado en torno al 78%.


Ignacio Diego reprochó al Gobierno de Rodríguez Zapatero esa medida, pero también que no se haya abordado aún la revisión de la financiación local, lo que provocará ahora que los servicios sociales que prestan los ayuntamientos se vean "comprometidos" por la falta de capacidad financiera.

El presidente del Partido Popular realizó estas manifestaciones junto con el coordinador nacional de Economía del PP, Cristóbal Montoro, en un encuentro con periodistas en el Palacio de la Magdalena.

Ignacio Diego reprochó al PSOE su "hipocresía" a la hora de hablar de la situación financiera del Ayuntamiento de Santander, que en tres años ha reducido un 14 por ciento su deuda, mientras el Gobierno regional, en cambio, la ha elevado un 387 por ciento en los últimos años.

Por su parte, Cristóbal Montoro, criticó la decisión "errática" y "arbitraria" del Gobierno central de prohibir a los ayuntamientos asumir nuevo endeudamiento en 2011 y denunció la "discriminación política" que suponen las medidas, porque "parece" que van dirigidas "claramente a las ciudades gobernadas por el PP".

Montoro se mostró contrario a esas limitaciones al endeudamiento establecidas por el Estado y ha considerado "inadmisible" e "intolerable" la forma en que se ha articulado.

El coordinador de Economía del PP reconoció la necesidad de "disciplinar" las finanzas públicas del país, pero reclamó que no se haga de la forma "discriminatoria, arbitraria y errática" adoptada "una vez más" por un Gobierno que va dando "bandazos".

Lamentó que la prohibición de endeudamiento afecte sólo a las corporaciones locales y ha recalcado que, de aplicarse tal restricción, debería hacerse "para todas las administraciones, empezando por la central, involucrando a las comunidades autónomas y, a renglón seguido, a las corporaciones locales, que no son las responsables del déficit público y del incremento de la deuda pública en España".

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