Partido Popular en Cantabria

El presidente del Partido Popular, Ignacio Diego, y el alcalde de Santa Cruz de Bezana, Juan Carlos García Herrero, han venido manteniendo en los últimos meses una serie de reuniones en las que se ha analizado el PSIR del Bojar así como la situación del planeamiento urbanístico.

De ese trabajo conjunto nace esta propuesta, que al igual que en 2005 se hizo en el Ayuntamiento de Astillero, se sienten las bases necesarias para facilitar a los destinatarios de viviendas protegidas los elementos de orden técnico y jurídico que podrán permitir, la consecución de viviendas asequibles a los demandantes de éstas.

Según explicó Ignacio Diego, "se trata de un objetivo en el que ha de estimularse la participación eficaz de todos aquellos agentes, públicos o privados que sean capaces de poner viviendas protegidas en igualdad de condiciones a disposición de sus beneficiarios".

La propuesta plantea que Gobierno y Ayuntamiento colaboren para posibilitar técnica y jurídicamente, vía modificación puntual del planeamiento o convenio con el propio Gobierno, la construcción de la mayor cuota posible de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública, como alternativa viable al Proyecto Singular de Interés Regional del Bojar.

"El PSIR del Bojar ha supuesto que desde el Ayuntamiento de Bezana se formulen alegaciones contrarias a dicha iniciativa en las que se hace saber los efectos perniciosos de dicho proyecto en los términos en que se ha planteado. De hacerse realidad, para Santa Cruz de Bezana supondría un desequilibrio importante en las dotaciones actuales, acarreando nuevas deficiencias cuyas correcciones no está previsto abordar en el planeamiento general vigente".

El presidente del Partido Popular explicó que "dado que es necesario destinar VPO a la población menos favorecida, ambas administraciones, Gobierno y Ayuntamiento deben ir de la mano, buscar alternativas que concilien los distintos intereses en juego en beneficio de la colectividad pero siempre desde el máximo respeto a la autonomía municipal".

"Las soluciones consensuadas tienen la legitimidad de su aceptación por una amplia mayoría social y, con ello, la garantía de la eficacia y eficiencia en su gestión".