Partido Popular en Cantabria

Parece insólito que, en pleno siglo XXI y en una nación -España- en la que la propiedad privada ha sido y es columna vertebral y acicate para el progreso de sus gentes, alguien se vea obligado a reclamar su legítimo derecho sobre lo que ha sido su patrimonio y el de su familia durante generaciones. Y esto, en un país con una legislación extraordinariamente proteccionista y garantista en relación a la propiedad privada.

Parece insólito, pero es real. Y está ocurriendo a nuestro alrededor, en muchos de nuestros pueblos, aquí, en Cantabria. Numerosos propietarios de parcelas enclavadas en Montes de Utilidad Pública -hay quien sostiene que se trata de miles de propietarios-, que accedieron a dicha propiedad de forma legal y regular, al amparo de legislación vigente hasta los años sesenta, ven ahora puesto en entredicho su legítimo derecho de propiedad sobre dichas parcelas. Y quien combate este derecho -casi sagrado en nuestra cultura-, no es otro que el propio Gobierno regional que, con una alarmante voracidad más propia de otros sistemas menos democráticos, aduce razones de interés general con un preocupante desprecio de los derechos individuales que la "Constitución Española de 1978" proclama. No se trata de discernir si el interés general ha de estar o no por encima de los legítimos intereses y derechos individuales, sino de hacerlos compatibles dentro del marco jurídico apropiado y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Parece insólito, pero está ocurriendo. Propietarios de parcelas en montes de Cantabria, que incluso conservan sus escrituras y tienen sus propiedades convenientemente registradas, ven refutado su derecho por una Administración regional más preocupada por la burocracia de los "deslindes" y los "catálogos", que por hacer de manera justa su trabajo en defensa de los ciudadanos que reclaman sus derechos y que son despachados, las más de las veces, con respuestas "enlatadas" que no son más que obviedades que no aportan luz ni sensatez. Una de estas respuestas, sin duda la favorita del Consejero D. Jesús Oria y de la Directora General de Biodiversidad Dña. Eugenia Calvo, es que la vigente Ley de Montes (43/2003) establece en su artículo 14 (régimen jurídico de los montes demaniales) que "los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables...". ¡Pues claro!, faltaría más... ¿y qué? Se les "olvida" añadir que en una época muy concreta de la historia de España, no obstante, se permitió y legalizó, e incluso se alentó la adquisición de parcelas en estos mismos montes por parte de los vecinos ante la acuciante necesidad que existía de generar riqueza y alimento para la población española, y que las adquisiciones que entonces se produjeron son absolutamente válidas hoy en día. Y éste sí que es un derecho "imprescriptible"... Tanto, que ni el propio Sr. Oria creo que se atreva a discutir.

Pero es aquí donde se produce la perversión del sistema. Se les pide a los afectados que aporten todo tipo de documentación que acredite sus derechos, mientras que las propias Administraciones han perdido -en la mayoría de los casos- sus archivos, por causa del fuego, el agua o, simplemente, el tiempo. Y, sin embargo, se les exige a los propietarios que acrediten su condición más allá de lo razonable, sin tener en cuenta indicios que deberían ser suficientes, como son las inscripciones en los Registros de la Propiedad, o la mera existencia de escrituras que confirman lo reivindicado. Es decir, se traslada la "carga de la prueba" en perjuicio del más débil -el administrado- en vez de ser la Administración quien asuma, con sus propios medios, la mayor parte del esfuerzo burocrático para verificar la validez de las reclamaciones, discerniendo las válidas y legítimas de las que pudieran intentar "colarse" en perjuicio del interés público.

El Gobierno regional debería ser mucho más sensato, escrupuloso y prudente tanto en lo que hace como en lo que dice en relación a estos propietarios. No se les puede negar un derecho legítimamente adquirido a aquellos vecinos que han sacado adelante a sus familias con mucho esfuerzo y tesón durante generaciones, y que han sabido preservar los montes de Cantabria en un impecable estado de conservación para el disfrute de todos. Y menos aún se les puede insultar tratándoles de "agitadores con intereses personales y torticeros...", ni de gente que reclama "trozos (sic) de la playa de la Magdalena para quedárselos...", como tan desafortunadamente declaró la Directora General de Biodiversidad, Dña. María Eugenia Calvo.

Así las cosas, cuando viajemos por nuestra magnífica geografía y divisemos un precioso monte, si nos preguntamos "¿de quién es ese monte?", puede que la respuesta sea que no es de quien lo ha comprado, trabajado y mantenido en buenas condiciones desde hace generaciones, sino que alguna Administración está intentando quedarse con él. Insólito pero real...

Artículo de opinión publicado en El Mundo Cantabria el 04/08/2010