Diego, quien expresó su satisfacción por el hecho de que la citada iniciativa carezca de precedentes y haya sido el PP cántabro el que la redacte e impulse, subrayó que se ha pretendido que la modificación "sea de mínimos".
Al respecto explicó que lo que se persigue es "evitar el efecto confiscatorio y retroactivo" que el Reglamento de la Ley de Costas le atribuye a la citada norma y que "perjudica gravemente" a intereses empresariales e industriales en nuestra comunidad autónoma.
Como ejemplo de la negativa afección que va a tener la Ley de Costas, Diego se refirió a las empresas ubicadas en el Polígono de Raos o a las del Polígono de Requejada, así como a las de la zona de Polanco, Miengo y Torrelavega. Empresas que calificó como "vitales para el futuro empresarial y para el empleo de nuestra región".
El presidente de los populares cántabros señaló que el Gobierno regional, al que acusó de "lavarse las manos", junto con los partidos que lo apoyan, "van a tener la oportunidad de sumarse" a la iniciativa. Y les pidió que al menos "garanticen que estos mínimos van a salir adelante y si quieren enriquecerla con otros apartados, el Partido Popular estará en disposición de dialogar".
La autora de la iniciativa, la senadora por Cantabria del PP Leticia Díaz, dijo que la propuesta parte "de la absoluta convicción del Partido Popular de preservar todos los valores de la franja costera y, por lo tanto, no pretende ser una modificación que de vuelta al espíritu de preservación del medio ambiente".
Lo que se pretende es que se elabore un instrumento de planificación específica que valore "costa por costa" qué usos son compatibles con la conservación ambiental. Mientras tanto, plantean el mantenimiento de las concesiones previas a la aprobación de la ley.
Una vez esté hecho el análisis, Leticia Díaz señaló que se puedan mantener aquellas concesiones que sean compatibles con la protección. Y para las que sean "manifiestamente incompatibles", se demandaría una valoración y una indemnización.
Además, el Partido Popular propone que se anule parte del Reglamento que desarrolla de la ley, y que se recoja expresamente que las extinciones de concesiones se deben llevar a cabo de acuerdo con las condiciones acordadas en su día en los pliegos.
La senadora cántabra concluyó haciendo referencia a una resolución del Parlamento Europeo por la que se insta al Gobierno de España a que evite el carácter confiscatorio a la hora de la aplicación de la Ley de Costas.
