Partido Popular en Cantabria

TEXTO DE LA RUEDA DE PRENSA

Hoy, en un ejercicio de responsabilidad, el Partido Popular de Cantabria se compromete a que con la segura asunción de las responsabilidades de gobierno, a partir de mayo de 2.011, constituiremos un Ejecutivo en el que la reducción de consejeros, directores generales y asimilados y subdirectores generales, pasará de los actuales 105 a 54. Y además con una reducción del sector público empresarial cántabro a niveles de 2.003.

Esto lo motiva la grave crisis económica actual que ha puesto en evidencia la necesidad urgente de acometer una reorganización del gobierno de Cantabria y una reestructuración de la administración regional que garantice la sostenibilidad económica, una mejora de la eficacia, y la garantía de una absoluta transparencia de la gestión política y económica.

La actual dispersión de funciones, la evidente existencia de duplicidades, la dificultad de coordinación de los centros directivos y la hipertrofia del entramado de entes públicos (empresariales y fundaciones) implica un coste excesivo de los procesos de gestión sin que ello se traduzca en una mejor calidad de los servicios públicos, o un incremento de las prestaciones.

Muy al contrario, la hipertrofia de la administración creada por el gobierno regionalista-socialista están siendo compensados, ante la caída de los ingresos, mediante un incremento de la fiscalidad y un recorte de las prestaciones sociales, lo que no sólo es una grave injusticia social y un atentado contra el estado del bienestar, sino, además es un factor negativo para la recuperación económica.

Más impuestos y caída de los ingresos de los ciudadanos significan retracción del consumo y, por tanto, caída de la actividad económica.

Nuestro partido propuso en el debate de presupuestos la necesidad urgente de reestructurar la administración como instrumento esencial para liberar recursos públicos y mantener el nivel de prestaciones sociales, pero el actual gobierno socialista y regionalista se opuso a tal medida.

No es esa la tónica de otros gobiernos europeos e incluso de algunas administraciones autonómicas españolas, que han optado por el recorte del gasto público consumido en procesos de gestión, en vez de seguir la senda del incremento de la presión fiscal y el recorte de derechos sociales.

Es falso el argumento de que son escasos los recursos que pueden ahorrarse mediante una disminución del tamaño de la administración y su sector público empresarial.

Como ejemplo se puede señalar que los costes de gastos de personal de las empresas públicas en el último año del gobierno de Martínez Sieso estaban en torno a los seis millones de euros, mientras que en la actualidad estos costes se han multiplicado por diez, siendo en este momento 63 millones de euros.

Esta política de reestructuración de la administración, además, debe verse acompañada de una política real de austeridad del gasto público, reduciendo significativamente el gasto improductivo, y las subvenciones no vinculadas a prestaciones asistenciales, o líneas de actuación estratégicas para la incentivación de la actividad económica, propuesta que ayer les definimos a ustedes.

Proponemos pues, recortar el número de altos cargos de carácter político, concentrando sus competencias, potenciando la capacidad de gestión del personal funcionario (jefaturas de servicio).

Nuestro partido propone la siguiente organización del gobierno a nivel de Consejerías:

1- Consejería de Presidencia y Justicia.
2- Consejería de Economía y Empleo.
3- Consejería de Fomento.
4- Consejería de Industria, Turismo e Innovación.
5- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
6- Consejería de Sanidad y Asuntos sociales.
7- Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
8- Consejería de Ganadería, Pesca , Montes y Medio Rural.

La concentración de funciones permite pasar del actual organigrama del gobierno, con diez consejerías, a ocho consejerías que contempla nuestra propuesta.

El Partido Popular considera que es insostenible y sumamente ineficaz, el incremento del número de altos cargos generado por el gobierno socialista-regionalista.

La creación de la figura de los Subdirectores Generales no es compatible con el incremento del número de Direcciones Generales, máxime cuando nuestra Comunidad mantiene exactamente las mismas competencias hoy que hace siete años, excepción puntual hecha en el caso de la Justicia.

El organigrama actual de altos cargos es económicamente insostenible y funcionalmente ineficiente.

Nuestra propuesta incide en la filosofía de potenciar la figura del personal propio de la administración regional, buen conocedor de la función pública .

Las Direcciones Generales son absolutamente necesarias como órganos de dirección política del gobierno, pero se debe limitar su número, teniendo en cuenta que la existencia de jefaturas de servicio que deben entenderse como órganos de dirección técnica, permite una concentración de competencias.

En esta línea de acción proponemos la desaparición de la figura de los Subdirectores Generales, cuya función intermedia entre los puestos políticos (directores) y los funcionarios de carrera (jefaturas) supone un incremento de costes que no se justifica desde el punto de vista funcional.

Conviene una separación clara y efectiva de los puestos políticos propiamente dichos (Consejeros, Secretarios Generales, Directores Generales y Jefes de Gabinete), de los puestos de trabajo funcionariales.

Es insostenible en una CCAA uniprovincial tenga una auténtica maraña de Unidades de gestión de difícil coordinación y peor control, con una auténtica legión de cargos directivos con competencias escasas o sumamente parciales.

Debo insistir una vez más en que uno de los grandes problemas que afectan a la sostenibilidad de las finanzas públicas de Cantabria ha sido el crecimiento exponencial del número de entes públicos adscritos a la administración regional.

Es innegable que una administración moderna necesita de un sector público empresarial como instrumento de gestión de determinadas políticas en cada área de competencia.

Pero no es menos cierto que la hipertrofia del sector público no está justificada en ningún caso por criterios de eficacia, y contribuye a una opacidad que es absolutamente indeseable en la gestión pública.

Por eso nuestro partido propone la reducción drástica de este sector, concentrando su actividad en unas pocas entidades empresariales y siempre que su existencia se justifique por criterios de eficiencia.

En Cantabria, el gobierno actual, ha generado un sinfín de empresas públicas. Algunas de las cuales tienen como cometido la gestión puntual de alguna infraestructura, así como otras solapan su actividad con la propia administración general, e incluso con otras entidades empresariales, al tiempo que hurtan del control parlamentario, -y por tanto del control de los ciudadanos- una parte muy sustancial de los recursos públicos.

Los casos más llamativos y que escapan a cualquier lógica, son los de las consejerías de industria y cultura, que prácticamente han creado una entidad dependiente e incontrolable, para cada aspecto de su política.

Nuestra propuesta es la de eliminar una parte sustancial de estos entes y , cuando así sea necesario, concentrar su actividad en aquellos cuya justificación es claramente objetiva, devolviendo la dimensión del sector público a lo que es razonable en una Comunidad uniprovincial que dispone de una administración suficientemente amplia y capaz como para gestionar la parte esencial de las políticas impulsadas por el gobierno.

En definitiva, consideramos insostenible en una Comunidad Uniprovincial como Cantabria, que exista la actual maraña de unidades de gestión, difícilmente coordinables y controlables, que sostienen un exceso de cargos directivos, cuyas competencias son escasas o muy parciales y por ello proponemos una reducción: de los cargos de Consejeros, Directores Generales y asimilados y Subdirectores Generales de 105 a 54. Además de reducir el sector público empresarial al tamaño que tuvo en el año 2.003.