Partido Popular en Cantabria

Reforzar el prestigio social de la función docente , maestros y profesores como profesionales que ejercen una tarea fundamental en la formación de los futuros ciudadanos de nuestro país, es sin lugar a dudas un objetivo irrenunciable que debe ser compartido por todos , sin fisuras; ya que disponer de un profesorado que cuente con prestigio social, con reconocimiento institucional y con respaldo legal a su autoridad, es condición esencial para avanzar en un sistema educativo de calidad, que prime el mérito y el esfuerzo y eduque en la convivencia, el respeto y el sentido de la responsabilidad.

Fomentar un sistema educativo de calidad requiere un profesorado, además de bien formado, que ejerza su trabajo en las mejores condiciones posibles , y siendo reconocida su autoridad y su función social relevante. Porque nunca debemos de olvidar que el profesorado es la pieza clave de la calidad de la enseñanza y que de su cualificación, prestigio social y autoridad depende que se cumpla la misión del sistema educativo, que no es otra que la de favorecer e incentivar la adquisición del conocimiento, a partir de una premisa básica, asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al mismo, sea cual fuere la condición social o lugar donde se resida.

Partiendo de una realidad ineludible, que los problemas socio económicos de la sociedad se trasladan necesariamente a las aulas, y que es precisamente el profesorado el que debe de enfrentarse a situaciones complejas, en no pocas ocasiones de difícil solución, y ante la imposibilidad por parte de los docentes de adoptar medidas disciplinarias expeditivas con la premura necesaria, con el respaldo de las autoridades educativas, el Partido Popular plantea el reforzamiento de la autoridad del profesorado a través de dos actuaciones complementarias. Por un lado, la elaboración de un Estatuto Docente que reconozca al profesor su más amplia capacidad para establecer medidas sancionadoras a los alumnos, con el fin de facilitar su tarea educativa y, complementando lo anterior, el refuerzo de las medidas de disciplina y orden en los centros educativos concediendo plenas facultades a los profesores para que las ejerzan en aquellos casos en los que los alumnos atenten contra su autoridad, medidas que implican el necesario reconocimiento por ley a profesores y maestros, de la condición de Autoridad Pública en el ejercicio de sus funciones.

España es el país de la OCDE donde más ha descendido la valoración social de la educación y de la profesión docente, por ello es una condición indispensable e irrebatible disponer de un profesorado con autoridad en las aulas y reconocido socialmente para , de esta manera, avanzar en un sistema educativo de calidad.

En los últimos meses hemos asistido a nivel nacional y regional a un debate recurrente sobre cómo mejorar la autoridad docente del profesorado, se aborda un tema que, aún siendo de vital importancia para la educación, ha sido utilizado en numerosas ocasiones sin el rigor y la sensibilidad que requiere un asunto complejo y serio, que no debería ser instrumentalizado con fines de confrontación partidista, sino que debe ser enfrentado desde un análisis realista y pragmático. No hemos de olvidar nunca, que la autoridad del docente, es un hecho básico en la relación educativa y que la pérdida creciente de la valoración social del profesorado repercute directamente en el rendimiento académico y por tanto, en el abandono y fracaso escolar.

La salvaje y cobarde agresión física sufrida por un profesor del Instituto Valle del Saja en Cabezón de la Sal, que hizo saltar las alarmas el pasado mes de abril en la comunidad educativa de nuestra región, es un claro ejemplo de violencia escolar extrema que no puede ni debe ser tolerado y tampoco olvidado por la administración educativa de nuestra Comunidad Autónoma; por el contrario, se deben adoptar medidas encaminadas a evitar que tales hechos vuelvan a ocurrir. Ya que aún siendo una realidad que en Cantabria la violencia en los centros educativos esta más atenuada que en otras Comunidades Autónomas , no es la solución instalarse en la complacencia ante los datos oficiales, cerrando los ojos y obviando una realidad conocida por los docentes, la violencia de "baja intensidad" que aunque no se denuncie se produce todos los días en las aulas.

Sólo desde unos centros educativos institucionalmente fuertes, que gocen de un clima escolar ordenado, con normas favorecedoras de la autonomía y de la rendición de cuentas, de la innovación y de la evaluación de su eficacia, del liderazgo efectivo de la dirección y de la implicación de la comunidad educativa, se podrá contribuir, significativamente, al logro de las ambiciosas metas de mejora que precisa, con urgencia, nuestra realidad educativa.

Y aunque parece una obviedad que los centros educativos deben ser espacios en los que los alumnos reciban, practiquen y aprendan los valores básicos sobre los que se asienta la convivencia en libertad, es también una realidad que el clima de convivencia en los mismos es consecuencia directa no sólo de la educación que los niños y jóvenes reciben de sus padres, que deben de asumir el rol que les corresponde como primeros educadores sino, además, de los modelos sociales que se difunden a través de los medios de comunicación, redes sociales e internet, desde los que se divulgan estereotipos de convivencia identificados con la imposición de la fuerza como el medio más rápido y eficaz en la resolución de conflictos.

Educar a los futuros ciudadanos en valores y principios morales firmes para enfrentarse a una realidad social cada día más globalizada y compleja, es una tarea que debe ser compartida, en la que deben ser corresponsables los distintos estamentos implicados en la acción socializante, y donde la función educadora de la familia debe ser complementada por la función de los profesores cuyo trabajo en el ejercicio de su instrucción académica debe ser prestigiado, defendido y reconocido socialmente como se merece.

Artículo de opinión publicado el 3 de junio de 2010 en www.claudioacebo.com